Esperando al defensor

Hace más de un año, el mandato de Walter Gutiérrez como defensor del Pueblo se venció luego de que se cumplieran cinco años desde que fuese nombrado para el cargo. Gutiérrez, sin embargo, se mantuvo a cargo de la institución hasta finales de abril, luego de lo que, al no haberse elegido a su reemplazo en el Parlamento, lo sucedió en el puesto Eliana Revollar, quien venía desempeñándose como defensora adjunta. Ella continúa y continuará como titular del organismo hasta que el Congreso elija a su reemplazo, una tarea que el Parlamento, hasta ahora, no ha podido llevar a cabo.

Esta semana, de hecho, tres nombres fueron sometidos a votación en el hemiciclo, a propuesta de la comisión parlamentaria especial encargada de la selección de candidatos para asumir la Defensoría del Pueblo, y ninguno alcanzó los 87 votos necesarios para ser nombrado. Todos, más bien, estuvieron muy lejos de esa meta. El abogado Carlos Castro apenas logró ser respaldado por 30 legisladores, Jorge Rioja por 39 y Beatriz Ramírez por cinco. Esta última, además, renunció a su candidatura al enterarse de que el Legislativo seguiría adelante con el proceso de elección, a pesar de una orden judicial que, desde junio, había ordenado que se suspendiese.

La manera en la que el Congreso está manejando la elección del nuevo defensor del Pueblo es lamentable por más de una razón.

En primer lugar, ir a contrapelo del fallo del Poder Judicial que impide la realización de la elección, más allá de cómo cada uno evalúe la pertinencia de la medida y cuánto se pretenda defender el fuero, es tan arriesgado como irresponsable. Sobre todo si se considera que está pendiente que el Tribunal Constitucional resuelva una demanda competencial presentada sobre la materia por el Legislativo. El corolario podría ser un proceso viciado que debilite la Defensoría del Pueblo y la legitimidad de su nuevo titular. Un aspecto preocupante si se considera lo importante que ha sido este organismo en los últimos años, en los que las crisis políticas han tensado al máximo las costuras de nuestro Estado de derecho.

Por otro lado, y dejando de lado las controversias legales, resulta inentendible que antes de la presentación de los candidatos no se hayan concertado acuerdos entre las bancadas a fin de asegurar los 87 votos para alguno de los aspirantes. Por supuesto, es posible que el objetivo haya sido el de forzar que se presentara una nueva lista de candidatos, como manda el reglamento del Legislativo para los casos en los que no se alcancen los respaldos requeridos, pero si se acordó presentar a este grupo de postulantes cualquiera hubiese pensado que fue fruto de un consenso entre varias de las bancadas representadas en la comisión. Después de todo, no tiene sentido que se presente una lista que no va a superar ni siquiera la mitad de los votos que la ley demanda para este procedimiento.

Es importante, finalmente, que no se pierda de vista la relevancia de la Defensoría del Pueblo. En tiempos en los que el Poder Ejecutivo está empapelado en escándalos que incluyen desde casos por corrupción hasta maniobras para torcer instituciones públicas a fin de perjudicar las investigaciones fiscales, contar con un organismo capaz de alzar la voz en representación de la ciudadanía es vital. De hecho, el manoseo de la institución y las demoras en el proceso de elección del nuevo defensor benefician principalmente al presidente Pedro Castillo, quien llegó a prometer en campaña que se desharía precisamente de dicha institución.

Por ello, el Congreso tiene la obligación de llevar a cabo un proceso intachable para garantizar la fortaleza de la Defensoría del Pueblo de aquí en adelante. En este esfuerzo, el respeto del debido proceso y el compromiso por alcanzar consensos políticos deberían marcar la pauta.