Editorial El Comercio

La Fiscalía de la Nación ha dispuesto ampliar la investigación preliminar al presidente por presunta organización criminal para comprender en ella al titular de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), . El delito que se le atribuye es el de obstrucción a la justicia, pues un colaborador eficaz del Ministerio Público ha asegurado que prometió al ex secretario general de la Presidencia entregar S/8.000 mensuales a su esposa a cambio de que él no testifique ni aporte pruebas contra el jefe del Estado. El colaborador ha dado también detalles sobre reclamos de Pacheco por el incumplimiento de los pagos ofrecidos, y de respuestas de Sánchez alegando que estos sí se habían efectuado.

Otro colaborador eficaz ha ratificado estas versiones, con el añadido de que el acuerdo entre el exsecretario de Palacio y el titular del Mincetur contaba con el aval del mandatario. Y el último lunes, el propio Sánchez laboró en el ministerio que preside, pero que “no teníamos conocimiento de que era [su] esposa”.

Si bien, como sucede con todas las investigaciones de este tipo, se tiene que respetar en este caso la presunción de inocencia, cabe destacar la existencia de diversos indicios que alimentan la verosimilitud de la hipótesis de la fiscalía. En primer lugar, este Diario informó recientemente que Graciela Palomino, esposa de Pacheco, registra órdenes de servicio emitidas, en octubre del 2021, por el sector que Sánchez encabeza y que ascienden a S/40.000. Adicionalmente, el ministro que nos ocupa en fechas importantes, algunas posteriores al escándalo de los ascensos supuestamente irregulares en las Fuerzas Armadas.

Ante la noticia de su inclusión en la investigación ya mencionada, Sánchez ha reaccionado colocando en las redes el siguiente mensaje: “¿Y para cuándo dispondrán investigar las graves imputaciones a fiscal de la Nación? Yo sí me allano ante un sistema de justicia probo e imparcial”. Una línea de argumentación consistente con la del Gobierno en general frente a todas las denuncias que lo envuelven y que de alguna forma consiste en decir: “¿Y por qué me investigan solo a mí cuando hay tantos otros que también lo merecerían?”. “Allanarse” ante la justicia, por otro lado, no constituye mérito alguno de su parte. ¿Acaso podría no hacerlo?

Sea como fuere, lo más llamativo de este nuevo capítulo de la investigación a la presunta red criminal que funciona dentro de este gobierno es que, con Sánchez, ya son tres los actuales miembros del Gabinete que se encuentran en ese trance. , como se sabe, son el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y el titular de Justicia, Félix Chero. A esa lista habría que agregar al prófugo Juan Silva (ex ministro de Transportes y Comunicaciones), a Geiner Alvarado (que ocupó brevemente también esa cartera y la de Vivienda) y a Walter Ayala (exministro de Defensa). No conviene olvidar tampoco que los exfuncionarios de la Presidencia Beder Camacho y Eder Vitón enfrentan similar situación legal, por lo que la cantidad de integrantes de la ‘nomenklatura’ de esta administración bajo severa sospecha de corrupción resulta pasmosa.

Si en el caso del ahora extitular de Salud Jorge López bastó para que el presidente Castillo decidiera prescindir de él en su equipo ministerial, “en aras de demostrar absoluta transparencia”, la pregunta que, lógicamente, se cae de madura ante esta nueva circunstancia es por qué no se procede de la misma manera en todos los otros casos…

En cualquier parte del mundo, una situación así motivaría un escándalo que remecería al gobierno que cobija a todos estos personajes, pero aquí la actitud es la de “no se oye, padre”. A Sánchez, en particular, difícilmente lo removerán, pues es de todos conocido que se trata de uno de los ministros más untuosos con el presidente.

Así las cosas, esperamos que la misión de la OEA que visitará nuestro país en un par de semanas tome nota de estos hechos y saque de ellos las evidentes conclusiones.

Editorial de El Comercio

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