Editorial El Comercio

Un día después de elegir a y sin las credenciales para el cargo como defensor del Pueblo, el Congreso de Acción Popular conocidos como a los que el Ministerio Público viene investigando por los delitos de tráfico de influencias y organización criminal. Lo hizo rechazando un informe elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que, como su nombre lo indica, había recomendado acusar constitucionalmente a Elvis Vergara, Raúl Doroteo, Jorge Luis Flores y Darwin Espinoza, y suspenderlos de sus funciones en lo que duren las investigaciones contra ellos.

Para el abogado Alejandro Rospigliosi, en la práctica esto significa para este cuarteto, pues “la fiscalía no puede continuar con las investigaciones” contra quienes, en su hipótesis, conformarían una pieza clave de la presunta organización criminal que habría liderado .

Por supuesto, hay que decir que este desenlace indigna, pero no sorprende. No solo porque ratifica el espíritu de cuerpo que esta y otras representaciones nacionales han exhibido cuando se trata de sancionar a uno de los suyos (hace no mucho ECData recordaba que desde el 2001 el Congreso solo ha desaforado , a pesar de la colección de prontuariados que hemos visto desfilar por el hemiciclo en las últimas dos décadas), sino también porque estos cuatro legisladores ya habían sido protegidos anteriormente. En julio del año pasado, como se recuerda, la Comisión de Ética analizó los casos de Doroteo, Espinoza, Flores y Vergara y decidió que, en lo que respecta a los dos primeros, no había motivos suficientes para abrirles pesquisas. A los dos últimos sí los investigó y recomendó suspenderlos por 120 días sin goce de haberes, pero cuando el asunto 60 votos –en ambos casos– impidieron que dichas sanciones prosperaran.

Durante la sesión del jueves, los acciopopulistas y algunos de sus colegas de otras bancadas que los defendieron argumentaron que se les estaba intentando castigar por la manera en la que habían votado en cuestiones como la admisión a debate de las mociones de vacancia presentadas contra Pedro Castillo o las interpelaciones y censuras de algunos de sus ministros. Esto no es verdad. Lo que se les cuestiona es haber usado sus votos –que, al final, no son otra cosa que los de los ciudadanos que los han escogido para representarlos en el Parlamento– como moneda de cambio para negociar con el entonces presidente una serie de obras y puestos en el Estado para sus recomendados a cambio de abdicar de sus funciones de fiscalización.

Esta no es una simple sospecha. Al menos tres colaboradores eficaces han declarado conocer este acuerdo ante el Ministerio Público, el mismo que había sido fraguado a través de , el entonces jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia designado por Castillo. Llaman la atención, en esa línea, las visitas de estos cuatro legisladores –juntos o por separado– al despacho presidencial, tanto las que quedaron registradas como las que, según un colaborador eficaz, habrían celebrado de manera clandestina, incluso apagando las cámaras de Palacio de Gobierno para que no dejasen huellas. Así como sus votaciones en línea, por ejemplo, a favor de la investidura de los gabinetes de Guido Bellido, Mirtha Vásquez y Aníbal Torres, o en contra de la admisión de la primera moción de vacancia contra Castillo y en abstención en la segunda.

Estos y otros indicios revelados por la prensa a lo largo de los meses no han resultado convincentes a ojos de más de 40 legisladores, que han sido los que han blindado a Vergara, Flores, Espinoza y Doroteo. No porque no lo sean, ciertamente, sino porque todo hace pensar que en un Congreso con decenas de legisladores más señalados por la fiscalía de haber hecho lo mismo que sus cuatro colegas hay otros factores que tienen más peso. Entre ellos, la posibilidad de que, tarde o temprano, atraviesen la misma situación y sean ellos los que necesiten la protección que ahora han prodigado. Lo de esta semana parece, en ese sentido, un blindaje, más que a cuatro ‘Niños’, a toda la guardería completa.

Editorial de El Comercio