Dos días atrás, en su mensaje a la nación en el que informó que había elevado una solicitud a la OEA para que active la Carta Democrática Interamericana, apelando a sus artículos 17 y 18, debido a que en el país se estaría gestando un inexistente “golpe de Estado”, el presidente Pedro Castillo volvió a cargar contra la prensa independiente. Por supuesto, decir que al mandatario esta le produce urticaria no es una novedad. Es lo natural en una persona poderosa que miente con tanta persistencia y sin rubor, y que tiene, al mismo tiempo, tanto por ocultar.
Por ello, no sorprende que, en su mensaje del miércoles, además de sus ya habituales ataques al Congreso, el Ministerio Público y el Poder Judicial, el mandatario le dedicase unas líneas a lo que calificó como “esta prensa que no le sirve al país”, aludiendo a aquella que estaría buscando “legitimar y normalizar una imagen negativa mía ante el pueblo peruano”.
Es cierto que la reputación del presidente Castillo no es la mejor, a juzgar por su aprobación en las encuestas. Pero esa es una imagen que el inquilino de Palacio de Gobierno se ha labrado a pulso, escándalo tras escándalo, y que lo que han hecho los medios de comunicación no ha sido otra cosa que poner en evidencia lo que hoy parece bastante claro. Esto es, que el mandatario, sus familiares y varios de quienes hasta hace poco trabajaban con él ahora se encuentran cercados por indicios de corrupción, detenidos, colaborando con la justicia u ocultándose de ella.
No olvidemos tampoco que la forma en que los medios pusieron en evidencia el engaño del que hizo víctimas a los pacientes oncológicos infantiles a propósito de los S/4.183 millones que el Gobierno destinaría a su tratamiento mostró toda la indolencia de la que él es capaz a la hora de buscar el aplauso de las personas necesitadas. Ni que ha sido la determinación fiscalizadora del periodismo lo que ha motivado que hoy gente tan cercana a él como su sobrino Fray Vásquez Castillo, el exministro de Transportes Juan Silva o el dueño de la casa del pasaje Sarratea, Alejandro Sánchez, estén en la clandestinidad.
Sin duda, al presidente Castillo le gustaría que los medios mirasen para el costado ante el avance de las investigaciones fiscales, las delaciones de quienes fueron sus colaboradores más cercanos o la colocación de personas en diferentes puestos del Estado para los que claramente no están capacitados. Y preferiría, por el contrario, que todos se comportasen como aquella prensa a la que su gobierno ha calificado como “alternativa” y que solo sirve para darle palmadas a él y a su equipo ministerial al puro estilo de una portátil.
Esto último, por supuesto, solo puede ser posible en un país en el que la democracia se halle capturada. El periodismo, después de todo, sirve para poner sobre el tapete aquello que quienes ostentan el poder preferirían mantener oculto.
Si la cuñada del presidente se desplaza a través del país junto con los representantes de una empresa que hace negocios con el Estado para ofrecer una obra de saneamiento, pues ello tiene que informarse. Si quien hasta hace poco trabajó cerca del presidente revela que destruyó evidencia por orden de este, pues debe difundirse. Si existen movimientos bancarios sospechosos en el círculo familiar del jefe del Estado, pues debe publicarse. Y así, la lista podría seguir.
Esto, como es lógico, es lo que disgusta al mandatario y lo que provoca que no solo le cierre las puertas de Palacio de Gobierno a los medios o rehúya entrevistas, sino que también azuza a sus seguidores contra los reporteros que cubren sus actividades, como ocurrió el último martes nada menos que en la sede del Ejecutivo.
Mal haríamos los medios, sin embargo, en dejarnos amedrentar por estos arrebatos antidemocráticos del presidente o por las cortapisas que su gobierno le pone al trabajo periodístico. Pues no hay mejor manera de servir al país que publicando la información necesaria para que nuestros compatriotas conozcan la verdadera naturaleza de sus autoridades.