Editorial: Las sorpresas del MTC

Consultado ayer por la prensa sobre el alza registrada en las últimas semanas en el precio de varios productos de primera necesidad, el presidente Pedro Castillo soltó una elocuente respuesta. “Va a haber sorpresas la próxima semana con el gas y también con los alimentos”, anunció, para luego agregar que su gobierno hará “todo el esfuerzo para que la población no solamente se garantice la salud, sino también la alimentación […] y una lucha que estamos haciendo contra la corrupción”.

Pues bien, si de corrupción se trata, habría que recordarle al mandatario que una de las formas en la que este flagelo se manifiesta es en el nombramiento de personas en el Estado que no cumplen con los requisitos para los cargos que se les asigna (¿de qué otra manera se podría considerar, si no, que el dinero de los contribuyentes se destine a pagar los honorarios de una persona que no ha llegado al puesto por sus credenciales, sino por su cercanía a un partido político?). Y esto último, precisamente, es lo que está ocurriendo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Este, como se sabe, no es un ministerio cualquiera. Se trata de una cartera que tuvo más de S/9.500 millones de presupuesto en el 2020 y, en general, de una de las que más dinero público percibe. No es casualidad, en consecuencia, que el sector haya sido el epicentro de muchos de los escándalos de corrupción más sonados de los últimos años, debido a la escala de las concesiones que suele hacer, como los del ‘club de la construcción’ o el de la línea 1 del metro de Lima. Sin embargo, desde que llegó al poder, este Gobierno ha mostrado que le interesa muy poco manejar el MTC de la manera más técnica y solvente posible.

Hasta la fecha, por ejemplo, ya van dos nombramientos para cargos importantes al interior del ministerio que la contraloría señala como irregulares, y otros tantos frente a los que el Ejecutivo ha tenido que retroceder tras denuncias periodísticas. Con respecto a lo primero, tanto Natalia Jiménez, designada directora ejecutiva de Provías Descentralizado (que cuenta con un presupuesto de más de S/800 millones), como Luz Apolinario, designada como directora de la Oficina de Diálogo y Gestión Social, no cumplen con el perfil para el puesto, según la institución mencionada. La primera fue removida, al igual que Alberto Falla, quien, como informó El Comercio, era el fundador de una planta que otorgaba revisiones técnicas de forma irregular y había sido nombrado director ejecutivo del Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible.

Pero el problema no está solo en los mandos medios, sino también en la cabeza. Como ya se ha difundido, el titular del MTC, Juan Francisco Silva, exhibe en su historial dos papeletas graves a bordo de una unidad móvil que, según registros del SAT, arrastra una deuda de S/4.300 por prestar el servicio de transporte sin contar con autorización. Una situación que, además, representa la única experiencia del titular del MTC en el sector que hoy lidera, toda vez que, en materia de transportes y comunicaciones, no registra experiencia anterior. Tampoco se halló ningún paso por el sector público, según ha reportado la Unidad de Periodismo de Datos de este Diario.

A estas preocupaciones se añade que se les haya dado concesiones a empresas recientemente fundadas –cuatro de las seis firmas autorizadas en este Gobierno fueron creadas o registran actividades entre junio del 2020 y mayo del 2021– y tampoco deja de ser inquietante que el manejo de las licencias para canales de televisión y radio recaigan en una cartera tan inestable.

Si de sorpresas quiere hablar, vaya que en el MTC tenemos una a la que el presidente haría bien en atender y a la que, de paso, el Congreso haría bien en fiscalizar.