Defensor de su familia

Una vez más, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, se encuentra en el ojo de la tormenta. Días atrás, presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra seis numerales y seis artículos del Decreto Legislativo 1373, publicado en agosto del 2018, que regula la extinción de dominio en nuestro país.

Dicha figura, como sabemos, permite que el Estado Peruano pueda hacerse de bienes que sean fruto o que estén vinculados de alguna manera con actividades ilícitas. Y funciona con autonomía de los procesos penales contra los individuos que obtuvieron o utilizaron dichos bienes. Para el defensor del Pueblo, sin embargo, tal y como está escrita, la norma vulneraría varios principios recogidos en la Constitución. Por lo que ha pedido al TC que declare inconstitucional una parte de ella. Pero lo ha hecho sin mencionar un detalle: que podría terminar beneficiando a su hermana.

Este Diario ha revelado que el 18 de octubre pasado las autoridades intervinieron un vehículo que transportaba una motoniveladora en Huánuco. Para la fiscalía, el vehículo estaría vinculado al contrabando, por lo que solicitó su incautación al Poder Judicial, lo que le fue concedido, mientras inició el proceso de extinción de dominio para hacerse con la propiedad del bien. Este pertenece a la empresa Multiservicios y Constructora JJJ Cruz E.I.R.L., cuya representante legal es Sara Gutiérrez Cóndor.

Ante el destape, el defensor del Pueblo ha alegado que no estaba al tanto de la situación legal de su hermana (algo difícil de creer) y ha calificado el tema de “trivial”. Sin embargo, expertos consultados por este Diario han advertido que podría ser investigado por los delitos de omisión, abuso de autoridad y patrocinio ilegal, y denunciado en el Congreso por infracción a la Constitución (un escenario improbable dado que este Parlamento fue el que lo designó en el cargo).

Para complicar las cosas, la semana pasada el Ministerio Público incautó más de S/1,6 millones de cuentas de Vladimir Cerrón en otro proceso de extinción de dominio. Y Gutiérrez, como se sabe, fue abogado de Cerrón hace pocos años.

Por lo que, más allá de lo que él pueda afirmar, es imposible no sospechar una doble intención detrás de la demanda del defensor del Pueblo, que más bien parece defensor de intereses particulares.