El peor elenco

La divulgación de las nóminas de personas que disputarán un cupo en las elecciones internas de los partidos para convertirse en integrantes de una plancha presidencial o candidatos al Congreso ha permitido confirmar que nos encaminamos hacia unos comicios que, en muchos sentidos, no diferirán de los celebrados en las últimas décadas. En ocasiones anteriores, en efecto, los partidos, en su mayoría, no han tenido pudor alguno en incluir en esas planchas o listas parlamentarias a individuos con cuentas pendientes con la justicia. Confiados quizás en que, en medio de la tormenta política de las campañas, los ciudadanos no reparasen demasiado en ese tipo de detalles, postularon a tales individuos con el aval del nombre del partido y, lo peor de todo, es que en no pocas ocasiones consiguieron que fueran elegidos. Una vez en el poder, la catadura moral de los personajes en cuestión ha resultado obvia con frecuencia, y los desafueros y vacancias han sido un tardío y costoso remedio a esa situación.

Pues bien, la publicación de los nombres de quienes competirán esta vez internamente en las distintas organizaciones inscritas ante el JNE para aspirar a un cargo de elección popular revela que las cosas no han cambiado en ese sentido. Es decir, que nuevamente, como ha revelado la Unidad de Investigación de El Comercio en varios informes publicados los últimos días, prófugos inhabilitados y procesados serán ofrecidos por esos partidos a su militancia, primero, y posteriormente –si pasan esa prueba inicial– a la ciudadanía en general. Es como si se nos dispensase un penoso menú fijo o un deleznable elenco estable, elección tras elección. En concreto, nueve partidos llevan en esta oportunidad a no menos de 15 precandidatos con procesos judiciales. La corrupción, el lavado de activos y la violencia familiar figuran principalmente entre los motivos por los que se investiga.

Los casos más saltantes son seguramente los de Vladimir Cerrón, prófugo con orden de prisión preventiva por presunto lavado de activos e inscrito como candidato a la presidencia por Perú Libre; Martín Vizcarra, inhabilitado para cargos públicos y en la etapa final de un juicio por corrupción, pero registrado indebidamente por Perú Primero como aspirante a la primera vicepresidencia; y Arturo Fernández, exalcalde provincial de Trujillo prófugo, también con una condena a un año de prisión efectiva por difamación, anotado por Un Camino Diferente como postulante a la primera vicepresidencia. Pero no son los únicos.

Si los partidos no escarmientan y siguen inscribiendo a sujetos así en sus listas, toca a los electores reaccionar y escudriñar esta vez cuidadosamente los antecedentes de cada candidato antes de endosarle su apoyo en las urnas.