Editorial El Comercio

Cada cierto tiempo, como si se tratase de un fenómeno meteorológico ineludible, un vehículo de gran tamaño termina colisionando con un puente o un ‘by-pass’ en la capital. No porque estos últimos no tengan la señalética adecuada que permita advertir a los usuarios sobre las alturas máximas que permite, sino porque, pese a ella, no faltan los conductores que, quizás confiando en que su pericia a cargo del volante es superior a lo que dictan las leyes de la física, tratan de pasar por donde claramente no caben.

Hace poco, por ejemplo, se tuvo que cerrar un tramo de la Costa Verde luego de que un camión –o, para ser más precisos, la carga que este llevaba a cuestas– se estrellara de la Bajada de Baños de Barranco y se volara una parte de la estructura. Y dos días atrás, un bus panorámico de la empresa Transporte Turístico VR Tours E.I.R.L. que trasladaba a un grupo de jóvenes que participan en un concurso de belleza hizo lo propio con el puente Eduardo Villarán del ‘by-pass’ en el que convergen la avenida Arequipa con la Javier Prado; es decir, dos de las más concurridas de la capital.

El accidente dejó cuatro heridos, pero pudo terminar en una tragedia mucho mayor si consideramos que varios de los usuarios del vehículo se encontraban precisamente en la parte superior (la que colisionó con la estructura), cuyo techo quedó destruido por el impacto. A primera vista, lo ocurrido parecería una negligencia del chofer del bus y poco más. Pero, lamentablemente, no fue solo eso.

Como , la unidad en cuestión no está habilitada para brindar servicios turísticos (el permiso con el que contaba para ello venció en el 2022). Además, tiene dos multas que le fueron impuestas por carecer de elementos de seguridad –¡vaya sorpresa!– y de documentación que acredite al conductor. Por su parte, el responsable de este siniestro, el señor Wildor Llicahua Lupa, registra una papeleta en su historial por cruzar en una intersección o girar estando el semáforo con luz roja.

Horas después de este accidente, en la Costa Verde y otras dos salvaron la vida luego de que un automóvil que iba a toda velocidad impactara contra una camioneta a la altura de Magdalena del Mar. Se sabe desde hace tiempo que en esta zona suelen realizarse piques ilegales (), por lo que las autoridades asumen que este siniestro habría sido provocado por uno de ellos.

Y ayer, por último, mientras esperaban para cruzar la avenida Abancay, en el Centro de Lima, por un vehículo cuyo conductor perdió el control y terminó además chocando con otro.

Estos tres accidentes, ocurridos en menos de 24 horas, nos demuestran que estamos ante un problema que nos ha rebasado y en el que se mezclan, en un coctel fatal, la falta de fiscalización de las autoridades, por un lado, y la imprudencia –por no decir más– de conductores que creen que pueden rebasar los límites de velocidad y de altura de puentes, y terminan empotrados contra la realidad. Una mezcla que, solo entre el 2021 y el 2023, ha matado a más de 3.000 peruanos.

Mientras todo esto ocurre, nuestras autoridades parecen cada vez más empeñadas en contribuir al caos en las vías. Desde este Diario hemos sido constantes en llamar la atención sobre las reformas de transporte que necesita el país con la campaña y también no hemos dejado de denunciar cada ardid preparado por congresistas en búsqueda de potenciales bolsones electorales para premiar al informal del transporte, cada claudicación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a su labor de fiscalización y cada intento de algún alcalde por enredar este panorama.

Una lástima porque son ellos quienes podrían cambiar la situación actual y, sin embargo, se comportan como el conductor del bus turístico que se estrelló el jueves, pues creen que conocen mejor la realidad o que podrán pasar por debajo de ella… hasta que terminan estrellándose con todo el país a cuestas.

Editorial de El Comercio