Los Guardianes de Essalud

Cuando grupos de trabajadores con agenda propia toman el poder de las instituciones públicas a las que, se supone, deben servir, los únicos beneficiados son ellos mismos a costa del resto de la sociedad. La dinámica se ve claramente en empresas públicas como Petro-Perú y en sectores sociales como salud y educación, donde la presión de los burócratas, médicos, docentes, entre otros, puede más que los intereses de los pacientes o alumnos. Y, si al proceso se le agrega corrupción, la disfuncionalidad profunda es el único resultado posible.

Esto es, muy posiblemente, lo que se ha visto con Essalud en los últimos años. Ayer, por ejemplo, la Unidad de Investigación de El Comercio reveló que, desde el 2015, la familia Obando Zegarra se benefició de contratos con Essalud por servicios de seguridad que ascienden a S/154,8 millones, de los que S/61 millones se adjudicaron por contratación directa. Los hermanos Obando Zegarra tienen al menos cuatro empresas dedicadas al rubro de seguridad y vigilancia. Tres de sus firmas registran inhabilitaciones o sanciones por dar información falsa en procesos públicos, además de vínculos con funcionarios o exfuncionarios de Essalud. Los conflictos de intereses abundan. John Obando, fundador de las empresas, por otro lado, ha sido denunciado por robo y por presentar documentación falsa entre el 2020 y el 2022.

Hoy, este mismo Diario presenta el caso del Consorcio Rocer, también proveedor de servicios de seguridad para Essalud. El consorcio se benefició del sistema de contratación directa tras la postergación del concurso público para servicios de vigilancia. Reuniones previas a la firma del contrato fuera del horario laboral entre representantes del consorcio y de Essalud invitan a la sospecha. El Grupo Security Rocer S.A.C., empresa integrante del consorcio fundada por el militante de Perú Libre Ángel Rojas Cerrón, ha ganado en total cuatro contratos por S/8,8 millones con Essalud este año.

Las denuncias sobre pagos irregulares por servicios de seguridad no son nuevas. A finales de julio, tras una denuncia de la exjefa de Essalud Rosa Gutiérrez, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación por la contratación directa y préstamo irregular de S/30 millones a la Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control S.A.C. (Esvicsac), un ente estatal de derecho privado perteneciente a Essalud que le brinda la mayoría de los servicios de seguridad. A inicios de año, la misma empresa recibió más de S/5 millones de un fondo para pagar deudas contraídas durante la irrupción del COVID-19, a pesar de que los contratos que daban origen a los pagos eran previos a la pandemia.

Y esas son únicamente las denuncias vinculadas a los servicios de seguridad y vigilancia en Essalud. Recientemente, el irregular pago de S/41 millones de Essalud a la empresa Aionia alcanzó a lo más alto del poder político en el actual gobierno. En general, con un presupuesto anual por encima de los S/14 mil millones y menos control, la Seguridad Social es un botín mucho más atractivo para los inescrupulosos que la mayoría de ministerios y otras entidades públicas. Las denuncias, además, trascienden gobiernos y presidentes –se inician desde, por lo menos, el período de Martín Vizcarra y continúan con Dina Boluarte, quien se ha visto directamente expuesta en algunas de ellas–.

Es difícil concebir distorsiones de la función pública más perversas que comprometer la salud de 12 millones de afiliados para llenarse los bolsillos o pagar favores políticos. Sin embargo, el uso y abuso de Essalud ha sido moneda corriente por años. Y un gobierno que no parece dispuesto a comprarse costo político alguno –sino apenas durar el cargo– es el candidato más improbable para ejecutar un cambio real.