El amigo de nuestro enemigo

En este Diario hemos expresado ya claramente lo que opinamos sobre el hecho de que un partido político notoriamente liderado por Antauro Humala haya obtenido luz verde de parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para ser inscrito en el ROP (Registro de Organizaciones Políticas). “El JNE –dijimos en diciembre del año pasado– está permitiendo la infiltración de un lobo apenas escondido entre corderos en la base del sistema democrático”. Esto porque, como se sabe, los, digamos, postulados del individuo en cuestión han estado siempre reñidos con los principios más elementales de la democracia por violentos, xenófobos y totalitarios. Humala, además, fue el protagonista de la sublevación golpista conocida como el ‘andahuaylazo’, que tuvo el saldo de cuatro policías asesinados y supuso para él una condena a 19 años de prisión (aunque, gracias a beneficios concedidos por el INPE, solo cumplió 17 años y siete meses). Una acción criminal de la que, dicho sea de paso, nunca se arrepintió.

Consumado el despropósito, dijimos también que, a partir de ese momento, lo único que podía evitar la candidatura de tan nefasto personaje era la reactivación del dictamen de la Comisión de Constitución que vetaría la postulación a cargos de elección popular de sentenciados por terrorismo, rebelión, sedición, asesinato y otros delitos semejantes: algo que continúa sin ocurrir. La responsabilidad del JNE en todo esto, sin embargo, ha vuelto a estar recientemente en debate a raíz de la presentación en el Congreso de una denuncia constitucional contra el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, por haber infringido los artículos 35, 51, 103, 178 y 181 de la Carta Magna vigente. De acuerdo con el impulsor de la iniciativa, el legislador Alejandro Cavero (Avanza País), ello podría ocasionar “irreparables daños” al sistema democrático.

Pues bien, más allá de la suerte que pueda correr el proyecto, lo que ha llamado la atención en estos días ha sido la respuesta de Salas Arenas al problema que tiene por delante. A anteriores argumentos en los que se pretendía desconocer el evidente liderazgo de Humala en la referida organización política, Salas Arenas, en efecto, ha declarado esta vez: “No existe un partido [denominado] Antauro, formalmente no está inscrito en el ROP; está inscrito un partido que se llama Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, y no tiene sigla”. Es decir, según él, el hecho de que las siglas de esta denominación coincidan con el nombre del cuestionado sujeto –Antauro– no es relevante ni contiene mensaje político alguno. Una formulación en la que resulta difícil discernir si se está haciendo el tonto o cree más bien que todos los que lo escuchamos lo somos.

Volviendo a nuestra opinión original sobre esta materia, queremos señalar nuevamente que “una democracia que prioriza el formalismo sobre su esencia o sobre el sentido común se vuelve, más temprano que tarde, presa fácil de los embusteros, populistas y radicales que simulan respetar sus reglas de juego para hacerse del poder”. Y, en este caso, se diría que Salas Arenas ha hecho algo más que pecar de ingenuo. Ha funcionado como aliado de los enemigos de la institucionalidad democrática. Y si habitualmente se dice que los enemigos de nuestros enemigos son nuestros amigos, ¿qué deberíamos decir sobre los amigos de nuestros enemigos?

Así las cosas, los ojos de los sectores de la ciudadanía a los que esta situación preocupa se vuelven hacia el Congreso, en el que la iniciativa para impedir postulaciones de los sentenciados por los delitos que antes mencionábamos duerme un sueño que parece imperturbable. Peor aún, cuando, tratándose de una reforma constitucional, necesitaría ser aprobada en dos legislaturas con más de 87 votos, y hacerlo, además, al menos un año antes de que se celebren las elecciones para que pueda entrar en vigor. O alguien hace algo por interrumpirlo o, para cuando sus miembros despierten, ya será demasiado tarde.