La calamidad en cifras

La sensación generalizada de que existe en la ciudadanía una profunda insatisfacción respecto del desempeño de sus autoridades de todo tipo viene de tiempo atrás, y las distintas encuestas que se divulgan periódicamente en los medios lo confirman. Quizá ningún sondeo, sin embargo, nos había mostrado hasta ahora de manera tan minuciosa la reprobación sin excepciones que pesa sobre las espaldas de quienes nos gobiernan desde el Ejecutivo, el Legislativo y hasta los gobiernos locales.

La encuesta realizada por la empresa Datum Internacional para este Diario entre el 3 y el 7 de noviembre, y publicada en estas páginas entre el domingo y el lunes pasado, trae, en efecto, una fotografía muy nítida del grado de deterioro al que ha llegado la imagen de las autoridades mencionadas para los peruanos de todas las regiones y edades. Porque la investigación se realizó en el ámbito nacional y con una muestra de 1.205 personas, hombres y mujeres, de entre 18 y 70 años.

Así, en un mes, la aprobación a la presidenta Dina Boluarte ha caído del magro 15% que ostentaba a un 11%. Y, en el mismo período, su desaprobación se ha elevado del 81% al 84%. Los que “no saben” llegan solo a un 5%.

No es mucho mejor la situación del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, cuya desaprobación bajó del 76% al 73%, pero no trasladándole esos puntos a la aprobación (que ha caído en el mes transcurrido, de 11% a 10%), sino a los que “no saben”, que han crecido del 13% al 17%. Siempre dentro del ámbito del Ejecutivo, por otra parte, el titular de Economía y Finanzas, Alex Contreras, enfrenta una situación similar: su desaprobación ha registrado un descenso (del 66% al 56%), pero que se explica por el severo incremento de los “no saben” (en un mes han pasado del 18% al 30%), porque su aprobación se ha encogido del 16% al 14%.

En los predios del Legislativo, las cosas tampoco pintan bien. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, que acaba de cumplir 100 días en el cargo, tiene un 62% de desaprobación (venía de un 71%) y de aprobación, solo 13% (exactamente igual que el mes pasado). Y los que “no saben” han pasado del 16% al 25%. En lo que concierne, por último, al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, la desaprobación ha subido en un mes de 56% a 64%, la aprobación ha caído del 36% al 29% y los que “no saben” han pasado del 8% al 7% (en este caso, como es lógico, el universo de los entrevistados no es nacional, sino que se concentra en Lima Metropolitana). Esta vez no se ha consultado sobre la popularidad del Poder Judicial y otras instituciones que conforman el Estado, pero nada hace pensar que el resultado habría sido mucho mejor.

En general, pues, nadie puede estar satisfecho. Lo que se percibe es una reprobación de la gestión de todo lo que tiene visos de responsabilidad en la cosa pública. Una auténtica calamidad en cifras, sin distinciones de tipo político o ideológico. Un hastío que se parece al “que se vayan todos”, aunque sin su estridencia. Se trata, más bien, de la suma de descontentos individuales, que no claman en contra de lo establecido, porque intuyen, quizá, que lo que vendría luego les reportaría una decepción similar.

El hecho de que no exista un clamor ciudadano para removerlas, no obstante, no quiere decir que las autoridades que nos ocupan deban o puedan cruzarse de brazos a esperar que sus períodos terminen y a continuación vengan otras a heredar la ojeriza ciudadana. En medio de una recesión económica por fin admitida, una inseguridad que no cede y a puertas de enfrentar una manifestación del fenómeno de El Niño con cada vez mayores posibilidades de ser severo, las autoridades tienen la responsabilidad y la oportunidad de por fin demostrar que no pidieron estar donde están por pura vanidad o apetencia de poder, o que cayeron en sus puestos sin la menor idea de lo que estos les demandarían. O actúan ahora o su ausencia de liderazgo terminará por arrasarlo todo. Ellas incluidas.