Demora beneficia al cinismo

El juicio contra el expresidente Martín Vizcarra por los casos de corrupción de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua evidencia una preocupante realidad: al parecer la estrategia dilatoria de su defensa está dando resultado. La reciente inasistencia de un perito contable, que postergó nuevamente la audiencia, confirma que el proceso judicial no concluirá antes del 4 de julio, fecha límite del impedimento de salida del país que pesa sobre el expresidente.

Esta dilación no es casualidad. Como señaló el fiscal Osías Castañeda, no es la primera vez que ocurren “circunstancias claramente dilatorias” en días lunes, precisamente cuando se programan las audiencias. La defensa de Vizcarra ha desplegado una calculada estrategia de ralentización que beneficia directamente a su defendido, quien quedará sin restricciones judiciales mientras el proceso sigue arrastrándose.

Los indicios y testimonios contra Vizcarra son abrumadores. Las declaraciones de Elard Tejeda, empresario de Obrainsa, han sido ratificadas en juicio, confirmando el pago de un millón de soles en coimas por el proyecto Lomas de Ilo. Más demoledores aún son los testimonios de tres directivos de ICCGSA –Fernando Castillo Dibós, Rafael Granados y Javier Jordán–, quienes detallaron cómo entregaron S/1,3 millones a Vizcarra, incluso cuando ya era ministro de Transportes y Comunicaciones, describiendo cómo “se metía el dinero al bolsillo de su saco y su pantalón”.

Estas no son “patrañas”, como afirma el acusado, sino evidencias corroboradas por el Poder Judicial. Los registros telefónicos, cheques girados, correos electrónicos y testimonios de colaboradores eficaces configuran un caso sólido que podría enviarlo a prisión por 15 años. Sin embargo, cada postergación acerca al expresidente a la libertad de movimiento que tanto necesita.

El expresidente que prometió combatir “una corrupción que se lleva al bolsillo de particulares entre 10 y 12 mil millones al año” ahora enfrenta acusaciones de haberse apropiado de S/2,3 millones. No sería la primera de sus mentiras. Lamentablemente, sus múltiples inhabilitaciones en el Parlamento no han detenido sus pretensiones políticas, alimentadas por una narrativa de victimización que ha posicionado en sus redes sociales.

La justicia peruana no puede permitir que las maniobras dilatorias triunfen sobre la verdad. Cada día que pasa sin que se lo sentencie, es un día ganado para un exmandatario que, según la acusación fiscal, convirtió la función pública en una empresa personal de enriquecimiento ilícito y, según lo visto por todos los peruanos, convirtió el cinismo en una forma de gobierno.