Ayer, María Corina Machado, la líder indiscutible de la oposición venezolana, fue secuestrada durante varios minutos por la dictadura que asola al país. Según informó su comando de campaña en las redes sociales, el hecho ocurrió luego de que Machado –quien ayer reapareció en público después de 133 días– abandonara la concentración en la que había hablado ante sus seguidores en el municipio caraqueño de Chacao. Ella fue interceptada por personal de la policía que, según testigos, dispararon sus armas y se la llevaron por la fuerza. Posteriormente, y luego de que una serie de gobiernos y organismos alrededor del planeta denunciaran su retención, fue liberada.
Tan enrevesado como es, sin embargo, el episodio no debe pasar desapercibido. Ha sido, en buena cuenta, el pico de la persecución que los opositores a la dictadura chavista han venido sufriendo conforme se acercaba el día de hoy, que es cuando, según lo estipula la Constitución venezolana, debe jurar como presidente del país el ganador de las elecciones del año pasado. Ese derecho, como todos sabemos, le corresponde a Edmundo González Urrutia, quien ha anunciado que hoy tomará posesión del cargo que le corresponde por los próximos seis años, pese a que se halla fuera de Venezuela desde setiembre y pese a que existe una orden de captura en su contra que el chavismo ha insinuado en múltiples ocasiones que hará efectiva.
En su empeño, por cierto, a González Urrutia lo respaldan la Constitución y las urnas. Él recibió más del 60% de los votos en las elecciones del 28 de julio, según el 85% de las actas electorales de dicha jornada, aquellas que la oposición consiguió recolectar y que no han sido desmentidas por ningún organismo serio. A Nicolás Maduro, en cambio, solo lo sostienen los fusiles. De hecho, ha sido tan incapaz de ocultar la contundencia de su derrota electoral que ignoró rápidamente los pedidos internacionales para que publicara las actas de votación y, más bien, optó por endurecer la vigilancia y la represión.
En los últimos seis meses, en efecto, el dictador y su cúpula se han refugiado en la fuerza bruta para conservar sus cargos. Según la ONG Foro Penal Venezolano, nunca en los 26 años que el chavismo lleva en el poder ha habido tantos presos políticos como hoy. Las detenciones de colaboradores de la oposición, de familiares de González Urrutia e inclusive de personas que simplemente compartieron videos de protestas en sus redes sociales han escalado hasta niveles insólitos. En ese sentido, lo ocurrido ayer con María Corina Machado puede ser una antesala de lo que veremos de ahora en adelante en Venezuela: una dictadura que recrudece la persecución política porque es el único camino que garantiza su subsistencia.
Seamos claros: a partir de hoy, Edmundo González Urrutia es el presidente legítimo de Venezuela. Y Nicolás Maduro es, en consecuencia, un usurpador. Podrá, seguramente, tomar juramento esta mañana, pero lo hará sin ninguna legitimidad más allá de la que le prestan las Fuerzas Armadas, que son a estas alturas el principal pilar de su régimen de terror.
Con estos antecedentes, una detención de González Urrutia no sería descabellada. Ya sabemos de lo que la satrapía es capaz. Lo ha demostrado en innumerables ocasiones apresando a líderes opositores, y torturando y matando a unos cuantos en custodia. De lo que no estamos seguros, más bien, es de la postura que América Latina tomará a partir de hoy. En otras palabras, si sus países continuarán emitiendo comunicados que pueden sonar muy audaces, pero que hacen poco por mejorar la situación de millones de venezolanos, o si se comprometerán en serio para que Venezuela tenga el presidente que sus ciudadanos han elegido.
Al chavismo, a partir de hoy, no le quedan argumentos válidos para seguir en el poder. Ni los votos ni la Constitución lo amparan. Por lo que su continuidad solo puede fraguarse a punta de balas y terror. Y las democracias del mundo no pueden ser espectadoras frente a este escenario.