Regalo navideño

En su afán de sacar leyes que los favorezcan, los legisladores terminan muchas veces tirándoles un salvavidas a quienes dicen reprobar. Es el caso, por ejemplo, de los expresidentes Pedro Castillo y Martín Vizcarra. Al primero, como sabemos, el Congreso lo destituyó tras el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022; sin embargo, los cambios que aprobaron a la ley contra el crimen organizado han motivado que el exministro Geiner Alvarado solicite que se archive su investigación por ese delito, en la que el exmandatario también se halla incluido (si la Corte Suprema le da la razón, la defensa de Castillo podría pedir el mismo beneficio).

Respecto de Vizcarra, este Parlamento –que lo inhabilitó por cinco años para ejercer la función pública en mayo del 2022 por haber infringido el artículo 126 de la Constitución cuando se desempeñaba como ministro de Transportes y Comunicaciones– le ha regalado la posibilidad de pasar fin de año sin varias de las obligaciones procesales a las que estaba sometido por el juicio que enfrenta por corrupción. Esto, gracias a una ley aprobada por el Legislativo en octubre, cuyo objetivo principal era encargarle a la policía la investigación preliminar de los delitos, pero que insertó algunos cambios en el Código Procesal Penal para que la figura de la comparecencia con restricciones, que antes no tenía plazos, ahora tenga los mismos que la prisión preventiva: nueve meses para casos simples, año y medio para los complejos, y tres años para los de crimen organizado.

Pues bien, Vizcarra venía cumpliendo una serie de restricciones bajo esta figura desde marzo del 2021 (como pedir permiso para salir de Lima, no comunicarse con coimputados o testigos del caso que se le sigue, no declarar en medios sobre su juicio, etc.); es decir, hace más de 40 meses. Su defensa pidió a finales de octubre que se le aplicara la nueva norma y el Poder Judicial le dio la razón. Ahora, el expresidente solo cumplirá comparecencia simple (cuya única obligación es la de asistir a las audiencias de su juicio) y la imposibilidad de salir del país por un impedimento que está a punto de expirar.

Más allá de que la fiscalía ha asegurado que va a recusar la decisión y solicitar medidas adicionales contra el expresidente, es el Congreso el que debería salir a dar la cara por este regalo navideño. Si el juicio contra Vizcarra –uno de los más emblemáticos del último tiempo– se ve afectado de alguna manera por la ley que ellos aprobaron, tendrán que cargar con las consecuencias.