Contrasentido

El Ejecutivo ha enviado al Congreso el proyecto de ley del presupuesto público para el 2026. Es decir, el documento que expresa la visión que ese poder del Estado tiene de cómo deberían ser asignados el próximo año los dineros del erario nacional a las distintas áreas que son de su responsabilidad, de acuerdo con las necesidades de cada una de ellas y la prioridad que les atribuye. Antes de su aprobación, ese proyecto será discutido y, tras el habitual jaloneo de rentas con fines políticos que suelen protagonizar los parlamentarios, seguramente modificado en el Legislativo.

Lo planteado en principio por el Gobierno, sin embargo, da una idea de la importancia que este concede a los problemas que supuestamente está llamado a solucionar.

En ese sentido, resulta razonable que se consideren aumentos para rubros claves, como salud o previsión social, pero no puede decir lo mismo acerca de lo que se propone para orden público y seguridad. A esa materia, el proyecto de ley del presupuesto sugiere destinarle S/536 millones menos que este año, lo que constituye un despropósito en el creciente contexto de violencia y delincuencia en el que vivimos los peruanos. Una realidad que las cifras no permiten ignorar.

En agosto, por ejemplo, según el Servicio Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), se registraron 210 muertes por homicidio, un triste récord en lo que va del año. En los primeros ocho meses del 2025, los decesos reportados por ese motivo suman 1.509: un 15% más que lo reportado en semejante período en el 2024, y un 40% más en el 2023. Y la ciudadanía lo percibe. En la primera mitad del año en curso, las encuestas revelaron que un 52% de nuestros compatriotas considera a la delincuencia el principal problema del país. En el 2024, era el 39,4%, un porcentaje ya alto. Pero los indicadores actuales son clamorosos.

Desde luego, el dinero no sobra en otros terrenos que son también responsabilidad del Ejecutivo –como educación o infraestructura– y retirarles fondos para trasladarlos a seguridad resultaría perjudicial. Pero es evidente que el Estado podría disponer de otros recursos si dejara de dilapidar el dinero de los contribuyentes en el barril sin fondo de Petro-Perú o suprimiese las abundantes exoneraciones tributarias con las que beneficia a distintos sectores privilegiados. Acometer semejante tarea, no obstante, parece antojársele al Gobierno como una responsabilidad demasiado ardua. Prefiere, en cambio, recortar el presupuesto asignado a la seguridad y exponernos a todos a la criminalidad creciente que campea en el territorio nacional.