Un arcaísmo devenido botín

Esta semana, el tema de los prefectos y subprefectos ha vuelto a generar controversia luego de que este Diario revelara que 64 subprefectos designados durante la gestión de la presidenta Dina Boluarte aparecen como afiliados en la documentación que el partido Ciudadanos por el Perú (CPP), vinculado a su hermano Nicanor, envió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en enero pasado para lograr su inscripción. Asimismo, al menos 40 hermanos de estos funcionarios figuran también como adherentes y no se descarta que haya más familiares involucrados.

Hay que decir, sin embargo, que al ser consultados por este Diario varios de estos subprefectos negaron que hayan firmado padrón alguno para afiliarse a CPP. De hecho, según un análisis del Reniec, al menos 10.000 de las 32.900 rúbricas presentadas por el partido serían inválidas. Aunque esto no parece preocupar especialmente a Alberto Moreno, dirigente de la agrupación que, consultado sobre lo problemático que resulta que funcionarios designados por la administración de una presidenta aparezcan como adherentes en un partido vinculado a su hermano –quien se halla investigado por la fiscalía por estos mismos hechos–, ha optado por minimizar el hallazgo aduciendo que los subprefectos involucrados conforman apenas el “2,3% del total a nivel nacional”.

El problema para él es que existen varias evidencias de que Nicanor Boluarte habría utilizado a los prefectos y subprefectos de distintos puntos del país para sus fines particulares. Este Diario, por ejemplo, reveló hace casi un año que Boluarte administraba un chat de WhatsApp integrado por prefectos y en el que se discutía la formación de CPP. Y varios exfuncionarios han dado su testimonio ante la prensa contando que fueron obligados a juntar firmas para constituir dicho partido si querían conservar sus puestos.

No es la primera vez que el tema de los prefectos y subprefectos genera polémica en el país. En el 2022, por ejemplo, la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio (ECData) analizó 1.006 de estos nombramientos efectuados entre agosto del 2021 y abril del 2022 y encontró que al menos en 409 de ellos los designados estaban afiliados a Perú Libre, el partido que en ese momento se encontraba en el gobierno con Pedro Castillo. Y hubo también otros nombramientos de docentes vinculados al Fenatep –el gremio magisterial impulsado por el golpista– e inclusive de un adherente al Movadef.

Pero esta instrumentalización de los prefectos y subprefectos por los gobiernos de turno no es lo único cuestionable de estos funcionarios. La crítica más importante es que nadie termina de entender muy bien por qué existen en primer lugar. Su creación proviene de tiempos en los que el Estado Peruano estaba fuertemente centralizado y los dirigentes necesitaban representantes en las regiones del país que los ayudaran a mantener el orden público. Sin embargo, con el paso de los años, la descentralización y la creación de figuras como los gobernadores regionales han terminado por desplazarlos, dejándolos en una situación en la que nadie sabe a ciencia cierta qué funciones desempeñan que ya no realicen otras entidades públicas.

Por ello, existe un proyecto de ley en el Congreso para eliminar este arcaísmo devenido botín del poder de turno que, pese a que cuenta con dictamen aprobado desde noviembre del 2022 en la Comisión de Descentralización y a pesar de que un año después la Junta de Portavoces acordó ponerlo en agenda, sigue durmiendo el sueño de los justos. Ni la gestión de José Williams ni la de Alejandro Soto han priorizado su votación en el pleno. Y en este último hay razones para la suspicacia, pues hablamos del integrante de un partido como Alianza para el Progreso, que ha probado ser en varias ocasiones el aliado de este gobierno en el Parlamento.

Ojalá que esta vez el destape de este Diario sirva para que esta iniciativa por fin se discuta en estas dos semanas y media que quedan antes de que acabe la legislatura.