La fuga que nadie quiso prever

Ayer, cuando cumplió una semana desde que pasó a la clandestinidad, Vladimir Cerrón fue incluido en el programa de recompensas del Ministerio del Interior. Por él o por información que permita su captura las autoridades ofrecen S/100.000.

El secretario general de Perú Libre (PL), como sabemos, fue sentenciado el viernes 6 de octubre a tres años y seis meses de cárcel efectiva por corrupción en el caso del aeródromo wanka luego de que una segunda instancia confirmara un fallo previo de febrero. A él se lo sindica de haberse coludido con representantes del Consorcio Wanka cuando se desempeñaba como gobernador regional de Junín, entre el 2011 y el 2014. Sin embargo, hasta el momento continúa inubicable y, más bien, aparece activo en sus redes sociales, en las que ha llegado a burlarse del director de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola. “El Gral. Óscar Arriola no puede capturarme en el Perú y quiere que otros le hagan su trabajo al anunciar que informó a 194 países acerca de mi situación. ¡Qué vergüenza!”, escribió, por ejemplo, el 10 de octubre, luego de que se conociera que la policía tramitaba con Interpol una orden de captura internacional en su contra.

Más allá de los pasos de las autoridades para dar con su paradero –como su inclusión en el programa de recompensas o las coordinaciones con Interpol–, es evidente que estos pudieron evitarse si se hubiesen tomado las previsiones necesarias para evitar que Cerrón (quien, no lo olvidemos, es responsable en cierta medida de haber llevado al poder a Pedro Castillo y a Dina Boluarte) pasara a la clandestinidad en un primer momento. Lo que se conoce hasta ahora nos lleva a pensar que esto no fue así.

El comandante general de la PNP, Jorge Luis Angulo, por ejemplo, ha señalado que la policía recién fue notificada sobre la condena contra Cerrón el viernes 6 de octubre a las 6:30 p.m.; es decir, casi seis horas después de que se leyera el fallo, alrededor de las 12:40 p.m. Lo mismo ha sostenido el ya mencionado general Arriola ante la prensa. “El viernes 6, desde las 6:30 p.m., en tanto el Poder Judicial nos circuló la orden de captura en el ámbito nacional de Vladimir Cerrón, inmediatamente en ese mismo instante se ingresó a su domicilio”, aseguró.

En un intento por defender a la institución policial, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, explicó que la PNP fue notificada de la condena contra Cerrón casi tres horas después. “Por informes que nos han llegado del Ministerio del Interior, la lectura de la sentencia se produjo al mediodía y a las 3:30 de la tarde se subió al Sinoe (Sistema de Notificaciones Electrónicas del Poder Judicial)”, afirmó. Esta declaración motivó a su vez una respuesta del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, quien indicó que a Otárola “posiblemente no le han dado la información” correcta y que en este caso “se han cumplido todos los protocolos”.

Mención aparte merece lo sucedido con la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, que no solicitó ni al Poder Judicial ni a la PNP ninguna medida que permitiese asegurar la captura de Cerrón. El fiscal superior Ramón Vallejo le dijo a este Diario que estaban imposibilitados de pedir alguna medida porque durante todo el proceso Cerrón “no ha dado una muestra de que quiere evadir” la acción de la justicia y que, por ende, no existía “un fundamento jurídico y uno fáctico de que está tratando de rehuir al juzgamiento”. Sin embargo, especialistas consultados por El Comercio discrepan del magistrado y afirman que la fiscalía sí podía, por ejemplo, haber informado a la policía de que se avecinaba una posible sentencia condenatoria para que estuviera al tanto de la ubicación del procesado o llevara a cabo labores de videovigilancia contra él.

Por lo visto, ninguna autoridad quiere asumir una cuota de culpa en la fuga de Cerrón y es evidente que alguien la tiene o que todos comparten un poco de ella. Es como si nadie hubiese querido prever este escenario, pese a que las posibilidades de que el excandidato presidencial fuera condenado eran altas y las de que rehuiría a la justicia, a la que califica de “politizada”, también.