Bomba de tiempo

Ya llevamos varias semanas hablando del avance de la criminalidad y nada ha cambiado. No ha cambiado la cabeza del sector Interior ni la discusión populista desde el Congreso y sus guiños a la impunidad, tampoco ha cambiado la (in)eficiencia del Estado y las esperanzas de que eso tenga un giro son escasas, por lo pronto.

Tampoco ha cambiado el uso discursivo de la lamentable muletilla del Ejecutivo cada vez que siente que el país se le viene encima: el terruqueo. Es casi patológico. Cada vez que las aguas se agitan, sacan del clóset al cuco rojo, ese fantasma con colmillos, cola y trinche en mano.

Los más incautos –o ideologizados– coinciden con el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, cuando denuncia que el brazo político de Sendero Luminoso, el Movadef, está detrás de las convocatorias al paro nacional. Este sector de derecha ultramontana acusa al “comunismo de intentar desestabilizar el país”. Es evidente que detrás de cualquier demanda política o social las fuerzas radicales de izquierda intenten, puedan y logren infiltrarse, del mismo modo en que el lumpen y los desadaptados aprovechan el caos.

Sin embargo, Gustavo Adrianzén repite el guion que su predecesor, Alberto Otárola, aplicó en diciembre del 2022, sin evidencia alguna, estableciendo los cimientos para la crisis de legitimidad que vive hoy el Gobierno. De hecho, no ha cambiado el lánguido nivel de aprobación de la presidenta Dina Boluarte: este mes registra apenas un 5% (según El Comercio-Datum) y baja un punto respecto del mes anterior. Ningún disfuerzo frente a las cámaras –ya sea acusando a los medios de comunicación de mentir o intentando acuñar frases como “terrorismo de imagen”– ha logrado convencer al ciudadano de los supuestos esfuerzos del gobierno de turno.

Lo que sí ha cambiado es que ya no todos creen en el cuco del cuento, ni los empresarios, grandes o pequeños, formales o informales. El daño causado por la criminalidad –el verdadero monstruo de esta historia– tanto en los bolsillos como en la calidad de vida de los ciudadanos ha logrado generar un consenso que esta administración no ha podido alcanzar en sus fatigados y casi estériles meses en el poder.

Esta crisis no nos agarra desprevenidos. Ya desde hace un tiempo se advirtió de la escasa capacidad de Boluarte para dirigir el país y se escuchó el tictac de un conflicto a punto de estallar frente a la desprotección en la que el Estado deja a sus ciudadanos.