Cristhian Cruzate Pereda fue detenido dos meses después del crimen de Ezequiel Nolasco. Ante las autoridades confesó que le pagaron S/5 mil por asesinar al ex consejero. (Foto: Roberto Rojas)
Cristhian Cruzate Pereda fue detenido dos meses después del crimen de Ezequiel Nolasco. Ante las autoridades confesó que le pagaron S/5 mil por asesinar al ex consejero. (Foto: Roberto Rojas)
Cristina Fernández

El 15 de mayo del 2014, Cristhian Joel Cruzate Pereda, de entonces 24 años, era detenido por efectivos del grupo Génesis en el distrito trujillano de La Esperanza. Ese mismo día, en Chimbote y Nuevo Chimbote más agentes de la Policía Nacional capturaban a otros implicados en el asesinato del ex consejero regional de .

Días después el joven sindicado como autor material del homicidio cometido el 14 de marzo confesaba ante las autoridades que recibió S/5 mil por ultimar a la ex autoridad. El día de la reconstrucción del crimen narraba con frialdad que descerrajó ocho disparos para acabar con la vida de Nolasco.


​►

Pero Cristhian Cruzate Pereda, conocido como ‘Colombiano’, no solo es procesado por el crimen del ex consejero regional. La fiscalía lo investiga también por el asesinato múltiple de tres presuntos integrantes de Los Malditos de Santa María y por el homicidio de Hilda Saldarriaga, asesinada en julio del 2013 y considerada testigo clave en el primer atentado contra Nolasco. El plazo de prisión preventiva por este último caso venció el 25 de enero de este año, motivo por el cual podría salir de Piedras Gordas en cualquier momento. Antes ya había vencido el plazo máximo de prisión preventiva por la muerte de Nolasco.

Ante esta situación, el fiscal de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, Álvaro Rodas, solicitó el arresto domiciliario de Cruzate Pereda y del ex gobernador regional César Álvarez Aguilar por el plazo de 18 meses.

El 28 de enero el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ordenó la excarcelación del sicario confeso, pero pidió que previamente se fije el domicilio donde cumplirá la medida dispuesta. Fuentes del Poder Judicial informaron a El Comercio que la defensa técnica de Cruzate aún no cumple con el requerimiento. Por ese motivo hasta la fecha no se ejecuta el arresto domiciliario.

No obstante, el 26 de febrero el abogado del delincuente presentó un hábeas corpus contra el juez Richard Concepción por la presunta vulneración a la libertad personal de su defendido.

—Sobre el proceso—
El asesinato de Saldarriaga es investigado por el fiscal Álvaro Rodas desde hace 36 meses. El último 6 de junio el Poder Judicial prorrogó por 12 meses el plazo de investigación preparatoria. En ese tiempo el fiscal deberá definir si formaliza acusación o pide el archivo del caso.

El fiscal Rodas sostuvo en su requerimiento que la medida de arresto domiciliario es la más idónea para asegurar la presencia del investigado en lo que queda del plazo de investigación, que es la forma de “garantizar la comparecencia de los investigados en el curso de la investigación preparatoria y posteriores etapas del proceso penal”.

“Este crimen sería uno más de los cometidos por la presunta organización criminal integrada y liderada por ex funcionarios del Gobierno Regional de Áncash, cuyo móvil fue silenciar a la agraviada Hilda Saldarriaga”, señaló el fiscal en su pedido de arresto domiciliario.

—Fallas en el sistema—
La posible excarcelación de Cruzate Pereda recuerda la reciente liberación del delincuente Rubén Moreno Olivo ‘Goro’, quien el 13 de junio dejó el penal de Piedras Gordas, pese a tener una sentencia de 25 años. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) afirmó que lo puso a disposición de la División de Seguridad de Penales de la Policía Nacional para el cumplimiento de su arresto domiciliario, pero el criminal se fugó. Tanto ‘Goro’ como ‘Colombiano’ y César Álvarez se encuentran implicados en los asesinatos de Nolasco y de Hilda Saldarriaga.

“El Código de Ejecución Penal dice que el interno ingresa al penal solo por mandato judicial. El INPE lleva el registro penitenciario y tiene la obligación de anotar todo, pero cuenta con su propio reglamento para la inscripción de condenas. En este caso la sentencia [de ‘Goro’] debió por lo menos inscribirse, aunque con la observación de subsanar luego el expediente [que no llevaba las firmas necesarias]”, afirma Germán Small, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Para el especialista en ejecución penal, el problema recae en la sobrecarga procesal y la falta de una central básica a nivel del Poder Judicial, que además esté conectada con el INPE. “No es suficiente con declarar en emergencia el sistema penitenciario [tal como lo viene evaluando el Ministerio de Justicia]”, dijo.