Este viernes culminará la segunda ampliación del estado emergencia en San Juan de Lurigancho (SJL) y San Martín de Porres (SMP) 122 días después de que el Ejecutivo declare esta medida el pasado 19 de setiembre, y la ampliara dos meses más tarde. Durante este periodo, ambos distritos -en teoría- han permanecido bajo un régimen extraordinario, cuyo objetivo era reducir sus altos índices de inseguridad mediante un trabajo conjunto entre la Policía Nacional (PNP), las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y los municipios. Sin embargo, día tras día se reportaron hurtos, robos y asesinatos en ambas jurisdicciones. Esto ha motivado que, ante la posibilidad de una nueva ampliación, su pertinencia esté en tela de juicio.
El comandante general de la PNP, Jorge Angulo Tejada, se mostró en contra de una extensión del estado de emergencia en SJL y SMP. “Nosotros venimos coordinando en forma permanente con el Ministerio del Interior y hacemos una evaluación diaria del comportamiento criminal a nivel nacional. Además, manejamos cifras y estadísticas para realizar un diagnóstico oportuno. Por eso, hasta el momento, no vamos a ampliar el estado de emergencia”, declaró Angulo la semana pasada en declaraciones recogidas por El Comercio.
Sin embargo, el primer ministro, Alberto Otárola, no descartó una extensión de esta medida. “Se está evaluando [ampliar el estado de emergencia] (...) Hemos pedido a la Policía que haga una evaluación sobre la necesidad de prorrogarla o no y la noticia se dará en su momento”, dijo en conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros.
Así también, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, brindó su análisis sobre el estado de emergencia. El burgomaestre mencionó que la medida sí funcionó en Lima. “Tenemos registro de que el estado de emergencia en Lima sí nos ha funcionado. Lo que nos ayuda mucho es que tenemos todas las cámaras funcionando, las cuales hemos mejorado con inteligencia artificial y reconocimiento facial”, sostuvo López Aliaga.
En noviembre, Vicente Romero, el entonces ministro del Interior, aseguró que la declaratoria de emergencia había dado resultados positivos. Por su parte, en octubre el primer Otárola indicó que está medida permitiró una reducción en la incidencia delictiva de los distritos declarados en estado de emergencia.
“Hemos hecho una evaluación sobre el Estado de Emergencia. Las cifras son halagueñas. Hay una reducción en promedio del 27% a 30% de reincidencia delictiva en los distritos que se ha realizado ésta declaratoria”, indicó Otárola.
Sin embargo, en reiteradas ocasiones, vecinos de SMP y SJL declararon a los medios de comunicación su inconformidad y temor por los altos índices delictivos en sus distritos. Los robos, hurtos y, principalmente, los asesinatos a sangre fría en las calles perturbaron a los habitantes de ambas jurisdicciones, incluso durante las celebraciones de la Navidad.
Cifras alarmantes
El Comercio, a través de un pedido de acceso a información, conoció que, según información preliminar del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), entre setiembre y octubre del 2023, ocurrieron 39 homicidos en SJL. Asimismo, este Diario registró 12 asesinatos en el distrito entre noviembre y enero. Por consiguiente, al menos 51 homicidios habrían ocurrido en el distrito más habitado de Lima durante el estado de emergencia.
El primer homicidio en el distrito tras el inicio del estado de emergencia acabó con la vida de César Mamani Salas (30 años), quien murió el 27 de setiembre tras ser disparado por dos sujetos a bordo de una moto lineal en la zona Las Flores.
En ese contexto, una semana crítica fue la tercera de octubre: siete personas fueron asesinadas en cuatro días. Aun más grave es la constatación de que todos los crímenes ocurrieron en zonas identificadas por la Policía y la municipalidad como altamente peligrosas en entrevistas previas a este Diario: Huáscar, Canto Grande, Mariscal Cáceres y el asentamiento humano Mariátegui.
Además cabe recordar que el 19 de octubre, el teniente gobernador de SJL, Tommy Saravia Atuncar (44 años), fue asesinado por dos sujetos en una moto lineal mientras supervisaba una obra en la urbanización Mariscal Cáceres.
La trágica sucesión de homicidios en solo cuatro días inició el 16 de octubre, cuando Rolando Liñán Tejada (22 años) fue acribillado por dos hombres a bordo de una motocicleta en la zona José Carlos Mariátegui. En el mismo lugar, Florencia Remuzgo Artesano (52 años) fue asesinada dos días después afuera del mercado San Pedro.
La última tragedia en SJL en el marco del estado de emergencia se registró el 31 de enero a plena luz del día. Gerald Alain Valencia Ruiz (45) y Arturo Anthony Mamani Salas (31) fueron asesinados a balazos mientras tomaban alcohol en los exteriores de una bodega en la cuadra 6 del jirón Las Rimarimas, urbanización Las Flores. Dos sicarios, a bordo de una motocicleta lineal, dispararon contra ellos. La PNP encontró 7 casquillos de balas en el lugar del crimen.
Adicionalmente, de acuerdo con la Dirincri, solo en 2023 se contabilizaron 90 casos de sicariato en SJL, el distrito limeño con mayor incidencia de este crimen.
Por otro lado, en SMP se registaron 22 homicidios durante los 122 días del estado de emergencia, según información del Observatorio de seguridad ciudadana de la municipalidad y las tres divisiones policiales del distrito a la que accedió El Comercio.
Uno de los últimos crímenes ocurrió en la madrugada del 2 de enero. Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado a tiros. Su cadáver fue abandonado al interior de una casa deshabitada a la altura del puente ‘Municipal San Martín’ en el Km. 11 de la Panamericana Norte.
Tan solo unos días antes, alrededor de las 9 p.m del sábado 23 de enero una chocolatada navideña que congregaba a niños y adultos de la cuadra 6 de la Calle 10 de junio terminó en una pesadilla cuando dos sicarios armados descendieron de una camioneta blanca y realizaron más de 15 disparos contra los vecinos.
El ataque ocasionó el fallecimiento instantáneo de Alexis Jesús Caravedo Arce (32). Además, cuatro personas resultaron heridas; uno de ellos recibió un disparo en la cabeza. La PNP presume que se trataría de un ajuste de cuentas entre bandas criminales del distrito, pues las víctimas estarían involucradas en cobros de cupos a obras civiles de SMP. En esa línea, Caravedo Arce tenía antecedentes penales por asalto y robos de vehículos.
Ningún habitante de SMP está exento de padecer la ola delictiva que azota al distrito. El 6 de enero, el teniente alcalde, Israel Donayre, sufrió el robo de su vehículo en la puerta de su propio domicilio. Las cámaras de seguridad también registraron el ataque a golpes que sufrió el regidor de este mismo distrito, Joel Gonzales Ángulo, por parte de dos sujetos.
De acuerdo con el Observatorio de seguridad ciudadana de SMP, se registaron 867 denuncias por robo y hurto de celulares o carteras durante los 105 primeros días del estado de emergencia. Durante el mismo periodo, la PNP detuvo a 134 personas con RQ y 811 personas fuerpn detenidas o aprehendidas en flagrancia. En esa línea, 54 bandas fueron desarticuladas, se incautó 54 armas de fuego y 9 granadas, y 75 vehículos con orden de captura fueron intervenidos.
Datos del Observatorio de seguridad ciudadana de la municipalidad y las tres divisiones de SMP.
Alcaldes respaldan Estado de Emergencia
El alcalde de SJL, Jesús Maldonado, solicitó al Ejecutivo considerar la ampliación del estado de emergencia en su distrito para que la lucha contra la inseguridad ciudadana en su jurisdicción no sea interrumpida. “Si no continúa [el estado de emergencia], perderemos oportunidad que la Policía continúe con el trabajo realizado contra el crimen organizado. Espero que el ministro del Interior y la presidenta Dina Boluarte vayan a reflexionar con respecto a esa decisión”, declaró en el programa 24 horas.
En esa línea, Maldonado señaló que “toma tiempo y trabajo” que un estado de emergencia sea eficaz. Así también, el alcalde mencionó que la reducción de la presencia de las FF.AA. conforme transcurrían los días fue una de las principales razones de la escalada violenta de la delincuencia. El burgomaestre mencionó que la cantidad de policías y serenos incrementó a 1.600 y 1.020, respectivamente con la declaratoria de emergencia. No obstante, aseguró que esta cantidad es insuficiente debido a las características de la criminalidad en su distrito.
Adicionalmente, el burgomaestre aseguró que su distrito será “el más videovigilado de toda Lima Metropolitana” por la gran cantidad de cámaras que se han adquirido y las que están por adquirir. “Nosotros teníamos solo 25 cámaras de seguridad en el momento que ingresamos. El día de hoy tenemos aproximadamente 720 cámaras interconectadas y en unas semanas vamos a tener 610 cámaras más. Vamos a ser el distrito más videovigilado de Lima Metropolitana”, señaló.
Por su parte, el alcalde de SMP, Hernán Sifuentes, aseguró que el estado de emergencia no ha fracasado y destacó que los índices de inseguridad se redujeron en promedio de 18 a 20% en el distrito durante este periodo. “Robos, delitos contra el patrimonio y cifras de homicidios se han reducido aseguró el alcalde”, expresó.
Sifuentes señaló que, actualmente, aproximadamente 1.600 policías patrullan SMP e indicó que esta cifra era de 960 efectivos antes del estado emergencia. El alcalde pidió al comandante general de la PNP, Jorge Angulo, que otorgue más policías para su distrito el distrito.
Por otra parte, con el objetivo de mejorar la respuesta ante los robos y crímenes en el distrito, Sifuentes inauguró el 9 de enero el nuevo ambiente del Centro de Control y Monitoreo de Videovigilancia de SMP.
También, se instalaron 12 alarmas comunitarias y megáfonos que operarán en puntos estratégicos para atender de forma eficiente y oportuna las emergencias. Foto: Municipalidad de SMP
Se realizaron mejoras para la conexión de las 248 cámaras de vigilancia del distrito. 189 se encuentran interconectadas a la central de seguridad ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Sin estrategia preventiva y escasa presencia de FF.AA.
Para el especialista en seguridad ciudadana Frank Casas las declaratorias de emergencia en SMP y SJL no ha tenido un impacto positivo en el combate contra la inseguridad ciudadana en ambos distritos. Casas sostiene que, al igual que anteriores oportunidades, esta medida se implementó sin una estrategia integral para reducir delitos, homicidios y el crimen organizado.
“Para que esta medida sea útil debe responder a una estrategia de seguridad ciudadana orientada a reducir las causas y los factores que originan y condicionan cada delito. Hasta el momento, en ningún caso la declaratoria de estado de emergencia ha tenido un enfoque de prevención del delito, y tampoco responden a una estrategia con enfoques, criterios, metas e indicadores”, aseveró.
En ese sentido, cuestionó que la reducción de índices delictivos no es un factor preciso para evaluar el éxito de una campaña contra inseguridad. “Los alcaldes destacan cuando se reducen los porcentajes de índice delictivo, que calculan a partir de las denuncias realizadas por los ciudadanos. Sin embargo, olvidan que solo el 15% de víctimas de un delito hacen una denuncia. Que existan menos denuncian significa que las personas tienen temor de las represalias o que no confían en que las autoridades logren una solución”, detalló.
Eduardo Pérez Rocha, exdirector general de la PNP, coincide en que no exisitó un plan operativo que garantizara la eficacia de la declaratoria de emergencia para combatir la criminalidad desde que se instauró el 19 de diciembre. Pérez Rocha lamentó que la presencia de las FF.AA. haya sido escasa en los distritos.
El experto recordó que, de acuerdo con el Decreto Supremo N.° 105-2023 que declaró el estado de emergencia, la Comandancia General de la PNP se encarga de determinar las características del apoyo de las FF.AA a los efectivos policiales durante un estado de emergencia. Además, invocó a los alcaldes de SJL y SMP a brindar a la Policía los equipos, herramientas y vehículos municipales designados para combatir la criminalidad.
