El papel de la abogada vinculada a ‘Cuchillo’: su contacto con otros criminales, el dinero que manejaba y lo que se halló en su celular y oficina

La fiscalía contra la criminalidad organizada de La Libertad sostiene que la abogada Liliana Pizán Chirado, actualmente detenida, se unió a las actividades criminales de Miguel Rodríguez Díaz ‘Cuchillo’ el 17 de diciembre del 2023, cuando se presentó como su abogada para exculparlo a él y otros acusados en un caso de tenencia ilegal de armas.

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Pero ‘Cuchillo’ –detenido en Colombia por la acusación contra él por el asesinato de 13 trabajadores de seguridad de la empresa R&R en Pataz– no es la única persona ligada a organizaciones criminales con la que Pizán tenía nexos.

La abogada de 32 años –con maestría en gestión pública y que ha militado en tres partidos políticos– ha tenido contacto con delincuentes ligados a Los Pulpos y La Jauría, las peligrosas bandas de La Libertad, como evidencia la información que la fiscalía encontró en sus celulares, computadora, estudio de abogados y vivienda, a la cual El Comercio accedió.

• El historial político de la abogada detenida por sus vínculos con ‘Cuchillo’

En unos chats de WhatsApp de abril pasado hallados en su celular, Pizán conversa con ‘Lobo Negro’, apelativo que aparece en el número de celular a nombre de Ángel Prado Facundo, un peligroso delincuente detenido en marzo pasado con armas de fuego en un operativo policial realizado en Trujillo.

En marzo del 2023, Prado ya había sido intervenido con Withman Torres Cerquín, tío de Jhonsson Cruz Torres ‘Jhonsson Pulpo’, el cabecilla de Los Pulpos.

En el chat con Pizán, ‘Lobo Negro’ coordina la entrega de S/11.412 en el estudio de la abogada a pedido de una persona a la que se identifica como ‘ING’. Pizán incluso envió una fotografía de la fachada del Consultorio Jurídico Pizán & Asociados para facilitar su ubicación.

Cuando lo detuvieron en el 2023, Prado declaró a la policía que daba seguridad a Sheriff Segurity, empresa que resguardaba eventos y transportaba mercancías a Trujillo desde Pataz (zona de la minería ilegal del oro). El 25 de mayo, Pedro Castro Méndez, dueño de la compañía, fue asesinado de diez balazos.

En el celular de Pizán además se encontró la imagen de la sentencia por posesión y suministro ilegal de armas de Samuel Ruiz Santiago, quien en el 2014 fue detenido con ‘Cuchillo’ por el mismo delito.

Mientras que en la computadora de la abogada se halló información que indica que asesoraba a Piter Esparza Araujo, señalado desde el 2013 de ser un cabecilla de La Jauría. En el aparato figura un escrito del 30 de abril dirigido a la comisaría de El Alambre de Trujillo. Esparza, quien lo firma, presenta a Pizán como su abogada.

En otra captura de imagen de WhatsApp, la abogada detalla la repartición de más de S/50 mil a seis personas, entre ellas un familiar de Esparza.

Cuando se intervino el estudio de la abogada, se encontraron copias de la carpeta fiscal de La Gran Alianza, la unión de grupos criminales que operan en Pataz.

También se halló una agenda del Colegio de Abogados de La Libertad, en la que estaban escritos a mano apelativos y nombres. Aparte de ‘Cuchillo’, está el nombre de Estanislao Monzón Cárdenas, quien en abril del 2024 fue sentenciado a ocho años de prisión por posesión ilegal de armas de fuego.

En la laptop de Pizán también se encontró la resolución de la fiscal provincial de Santiago de Chuco, Leydi Briceño, en la que dispuso no formalizar investigación por suministro ilegal de armas contra Jackson Rodríguez Rodríguez, sobrino de ‘Cuchillo’.

En marzo del 2023, Rodríguez reportó el robo de 15 armas de fuego, entre carabinas y pistolas, un hecho que supuestamente ocurrió en Santiago de Chuco, provincia que colinda con Pataz.

Las armas, que estaban registradas en Sucamec a nombre de Rodríguez, iban a ser empleadas en la caza de venados que iba a hacer con sus amigos en el distrito de Angasmarca, según la declaración que el sobrino de ‘Cuchillo’ dio en la comisaría de Santiago de Chuco. Por ese incidente, la fiscalía inició una investigación para determinar si el robo de las armas podía ser una coartada para usarlas en actos criminales.

También se encontró información que indica que Pizán se apoyaba en otros abogados y funcionarios para conseguir información sobre los procesos iniciados contra sus defendidos, como lo hizo con ‘Cuchillo’ cuando ella confirmó extraoficialmente que él no tenía un orden de arresto (en el contexto de su salida a Colombia).

Asimismo, en el celular de la abogada hay una captura de pantalla con información del Sistema de Registro y Control de Denuncias de la Policía (Sidpol). El usuario que aparece conectado es Ronald Alonzo Casamayo, suboficial PNP en actividad desde el 2019.

Alonzo ha sido ligado a R&R, la empresa de seguridad cuyos agentes fueron presuntamente asesinados en Pataz por orden de ‘Cuchillo’. Desde el año pasado, una fiscalía de Trujillo lo investiga por el delito de encubrimiento real (desaparecer u ocultar pruebas).

El Comercio intentó comunicarse por teléfono con Alonzo, pero no logró localizarlo antes del cierre de esta edición.

En el celular de Pizán también figura un diálogo con una persona identificada como Edwin Saavedra, quien sería policía en actividad. Por pedido de la abogada, Saavedra le proporciona información policial sobre un requisitoriado.

En el teléfono de Pizán hay diálogos con abogados a quienes ella les pide apoyo. Hay un audio con Kevin Walker Díaz, abogado de ‘Cuchillo’ cuando salió del país con destino a Colombia. “Lili, ya coordiné con el amigo, ya te voy a mandar toda la información de cómo vamos avanzando, tengo una opción de un amiguito que ha sido secretario judicial aquí en La Libertad y en Lima, que sabe bastante de derecho penal”, le dice Walker.

En otro diálogo de WhatsApp, un familiar de un asesorado le exige renunciar a su defensa porque es parte “de la mafia”.

“Yo no trabajo para usted, lo siento, y tampoco soy abogada de usted”, contesta Pizán.

“¿Para quién trabaja? ¿Quién le paga? ¡Usted es cómplice de la mafia!”, responde el familiar antes de interrumpirse la comunicación.

Este Diario no logró localizar a la defensa legal de Pizán antes del cierre de edición.