Los mineros de Pataz que almacenan sus explosivos en polvorines de regiones que están a cientos de kilómetros de la provincia de La Libertad: ¿qué hay detrás?

El Quinto Sauce S.A.C. es una empresa de polvorines (depósitos de explosivos) ubicada en Huaral (Lima). De acuerdo con un documento que El Comercio revisó, entre sus clientes se encuentra Multiservice Belmund E.I.R.L., una compañía que tiene una inscripción vigente en el polémico Registro Integral de Formalización Minero (Reinfo) en Pataz, donde los explosivos (dinamita, anfo y otros materiales o accesorios) son claves para la minería de socavón que extrae oro en la provincia de La Libertad, en muchos casos de forma ilegal.

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Según el documento, Multiservice Belmund, cuyo gerente es Rafael Beltrán Acosta, almacena sus explosivos en El Quinto Sauce, firma que tiene como gerente general a Juan Gustavo Montero Rivera, un excandidato a regidor de Surco por el Frente de la Esperanza y exfuncionario de la Sucamec, entidad encargada de supervisar y autorizar las adquisiciones de explosivos de los mineros.

Multiservice Belmund usa ese polvorín pese a que hay 839 kilómetros de distancia entre el depósito de Huaral y donde la empresa de Beltrán tiene su inscripción del Reinfo (el derecho Minero Pataz EPS N° 1). Son más de ocho horas de viaje en un vehículo.

Para las fuentes consultadas por El Comercio, no tiene sentido que una empresa que opera en Pataz almacene sus explosivos en un lugar tan lejano como Huaral, sobre todo por la logística y costos que esto representa. También porque en Pataz hay polvorines.

El de Multiservice Belmund no es el único caso. Percy Emerson Castillo García es otro minero que opera en Pataz (en el derecho Minero Pataz EPS N° 1). De acuerdo con la documentación revisada, Castillo almacena sus explosivos en el polvorín de Altamin S.A.C., ubicado en Nasca (Ica), zona donde también se desarrolla actividades mineras. En este caso, la distancia es mayor. Entre el almacén de Nasca y Pataz hay 1.314 kilómetros. Es decir, hay 25 horas de viaje.

Rober Edwin Castillo García, hermano de Percy Castillo, es otra persona que realiza actividades mineras en el derecho Minero Pataz EPS N° 1.

A diferencia de los casos anteriores, Rober Castillo tiene un contrato de arrendamiento de explosivos en el polvorín de Elmer Castro Briceño, el cual está ubicado en el centro poblado Cebada Pampa-Laguna Seca, en Sánchez Carrión, provincia vecina de Pataz. Entre el depósito de Castro y la zona minera de Pataz hay 138 kilómetros de distancia, que representan siete horas de trayecto terrestre.

Si bien Castillo guarda sus explosivos en una provincia que está en La Libertad, su caso puede dar visos sobre lo que realmente ocurre con el comercio de los explosivos usados en la minería del oro de Pataz, sobre todo la que está vinculada con el negocio ilícito.

En la noche del 25 de junio pasado, policías y funcionarios de la Sucamec y la Sunat (Aduanas incluido) detuvieron un camión que trasladaba explosivos y otros materiales, los cuales eran custodiados por un efectivo policial en retiro. Lo hicieron en Calquiche, un puesto de control del ingreso a Pataz, provincia que desde el 2024 se encuentra en estado de emergencia por la violencia generada por la minería ilegal del oro.

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Durante la intervención, los funcionarios encontraron decenas de cajas de Famesa, empresa que tiene más de 70 años en el mercado de la fabricación y venta de explosivos y accesorios. El material encontrado en el camión, según la información a la que accedió El Comercio, pertenecía a Rober Castillo.

Cuando en el operativo al conductor se le pidió la documentación que sustentaba la procedencia del material, este presentó el contrato de arrendamiento entre Castillo y el polvorín de Elmer Castro Briceño. El documento mencionaba una vigencia de autorización de ocho meses, del 23 de noviembre del 2024 al 23 de julio del 2025.

No obstante, los funcionarios luego descubrieron que la autorización en realidad tenía una vigencia de tres meses, del 23 de noviembre del 2024 al 23 de febrero del 2025. Es decir, ya estaba vencida. Por tanto, el representante de la Sucamec en el operativo indicó que el contrato de arrendamiento presentado estaba adulterado. Ante esta situación, se decomisó el material que el camión trasladaba y se informó del hecho a la fiscalía.

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Según fuentes del Ministerio Público, el material que se trasladaba nunca se habría almacenado en el polvorín de Elmer Castro, sino que habría ido directamente de Famesa al lugar de uso de Rober Castillo (la concesión en Pataz), algo que no está permitido según la normativa de la Sucamec.

Otras fuentes consultadas indicaron que hay mineros informales de Pataz con permiso para adquirir y almacenar explosivos en polvorines de zonas lejanas, pero que en realidad los consiguen en depósitos de Pataz que tienen más material del que están autorizados, presumiblemente de procedencia ilegal. Lo que hacen los mineros de la zona es simular el punto de procedencia en complicidad con el dueño del polvorín.

Hasta el cierre del informe, este Diario no logró ubicar ni a Rafael Beltrán Acosta ni a los hermanos Rober y Percy Castillo García.

Para Víctor Gobitz, director de Gerens Escuela de Posgrado y presidente de Quilla Resources, las mineras formales tienen su polvorín al costado de las operaciones mineras. En cambio, los mineros informales e ilegales requieren de una serie de permisos muy rigurosos por parte de la Sucamec para usar explosivos.

“Lo más probable es que esos polvorines, que se han obtenido bajo una licencia, están ubicados fuera de la concesión minera que están invadiendo y, lamentablemente, se convierten en una suerte de un almacén central”

Víctor Gobitz

Sobre los casos mencionados antes, consideró que “ahí hay alguien que tiene el terreno superficial [del polvorín], que ha obtenido los permisos de la Sucamec, compra explosivos supuestamente para una operación minera cercana y realmente es un gran mayorista de venta de explosivos, y desde ese punto se distribuye a la minería ilegal. Eso explica por qué el polvorín está ubicado en un lugar remoto de la operación minera”.

Para el también expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la Sucamec debería ser más exigente al otorgar los permisos. Lo mismo opinó de la empresa que vende los explosivos. “Tiene que ser más rigurosa en el control de la custodia del uso final de ese explosivo. Vender explosivos no es como vender materiales de construcción”.

La Sucamec contestó sobre la labor de fiscalización que realiza en Pataz. A través de un documento enviado a este Diario, señaló que tienen presencia en los puntos de control de Calquiche, Shicún y Pamparacra, donde se verifica “el transporte y comercialización de insumos químicos, explosivos, armas de fuego y materiales relacionados que pudieran ser utilizados en operaciones ilegales de minería, así como el movimiento de productos obtenidos de dicha actividad”.

Hasta la fecha han ejecutado 68 operativos, en los que se han incautado 193 armas de fuego, 6.757 municiones y 7.438 explosivos o material relacionado.