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Tras días de intensas lluvias en la región de Piura, el centro poblado de Malingas quedó incomunicado con el resto de Tambogrande, distrito al que pertenece. Ubicado en el valle de San Francisco, este pueblo abarca alrededor de quince mil personas, las cuales hoy en día se ven obligados a construir puentes artesanales para cruzar el creciente caudal de la quebrada, poniendo diariamente su vida en riesgo ante la ausencia de puentes, según indicó su alcalde, Wilmer Flores.
Esta historia no solo se repite año tras año en esta localidad, sino que es también lo que hoy viven varias personas que se ven afectadas por las intensas lluvias de la temporada, iniciada en septiembre pasado; así como por los huaicos y deslizamientos que estas traen. Según información del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), 48 personas han perdido la vida a causa de las lluvias, 52 resultaron heridas y otras cinco permanecen desaparecidas.
Riesgos ya habrían sido identificados
El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) informó en el 2019 sobre la presencia de 1960 zonas críticas en todo el país, ubicaciones de alto riesgo ante desastres ocasionados por lluvias. Para el 2023, estas locaciones incrementaron a 2004.
De hecho, el Ingemmet identificó más de 30 mil puntos susceptibles a huaicos, deslizamientos y otros fenómenos, pero solo son denominados como críticos en caso pongan en riesgo la vida o la actividad humana. “Nosotros [Ingemmet] hemos elaborado reportes considerando los elementos que se exponen. [Si están en riesgo] hogares, infraestructura o vías, las denominamos como zonas críticas”, dijo la ingeniera Magdie Ochoa, directora de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del Ingemmet, a este Diario.
Para cada una de estas ubicaciones de preocupación, el instituto ha evaluado recomendaciones puntuales de prevención según las necesidades de cada locación registrada. Estas implican desde la reubicación de establecimientos humanos hasta la limpieza del cauce del río. Ante esto, Ochoa resaltó que “el evento [las lluvias] no es el peligro”, sino que la amenaza está en el asentamiento de personas vulnerables en zonas de alto riesgo y que las autoridades correspondientes no actúen de manera oportuna. “El problema está en hacerse los ciegos ante esta problemática que es latente y es una bomba de tiempo”, subrayó la ingeniera.
En conversación con El Comercio, la ingeniera Andrea Sutizal del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) aclaró que las lluvias desarrolladas durante este verano no están fuera de los límites esperados. “Estamos dentro de la temporada de verano, estábamos esperando tener lluvias [como es usual] en enero y febrero. Si bien es cierto que se han registrado casos de días extremadamente lluviosos [en la sierra y costa norte] esas lluvias suelen frecuentar [durante estos meses]”, explicó.
Gobiernos locales y regionales son responsables de la prevención
La ingeniera Sara Quiroz, directora de la Dirección de Políticas, Planes y Evaluación de Indeci, comentó que las entidades responsables de la prevención ante situaciones de desastre natural son el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y los gobiernos locales y regionales. Precisó que su institución trabaja “con las autoridades y funcionarios, a fin de que puedan identificar las zonas de riesgo y concientizar a la población”.
Según indica la Ley 29664, la cual crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), las funciones del Cenepred corresponden a la estimación, prevención y reducción del riesgo. Sin embargo, la legislatura expresa que los gobiernos regionales y locales están obligados a organizar, supervisar, fiscalizar y ejecutar los procesos de la gestión de riesgos. Incluso, la norma establece que “los presidentes de los gobiernos regionales y los alcaldes son las máximas autoridades responsables de los procesos de la gestión del riesgo dentro de sus respectivos ámbitos de competencia”.
Cifras trabajadas por EC Data revelaron que, en el 2022, las autoridades locales y regionales ejecutaron solo el 71% de los fondos destinados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para planificar acciones preventivas ante emergencias o catástrofes naturales. Los datos trabajados también dieron luz a que el gobierno Central utilizó el 90% del presupuesto designado para estos proyectos.
Las consecuencias de las lluvias
Según el último reporte otorgado por Indeci a este Diario, las emergencias por lluvias, entre setiembre del 2022 y finales de febrero de este año, han dejado a 26,239 personas afectadas. Estas son definidas como aquellas que han perdido sus viviendas o sus formas de vida. Adicionalmente, 377 viviendas han quedado destruidas y 2,167 inhabitables. A causa de los desastres ocurridos, 31 aulas escolares han sido destruidas y otras 82 están inutilizables. A esto se les suman tres establecimientos de salud inoperativos y 36 otros damnificados.
Por su parte, la infraestructura vial también se ha visto gravemente afectada. Indeci registra la destrucción de 36 puentes y de casi 40 kilómetros de carretera. Hasta 72 puentes han sido afectados, al igual que 348 kilómetros viales. En total, se estima la pérdida de 7,128 hectáreas de cultivo y de 14,393 animales.
