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A José Bernardo Pazo Nunura le faltaron cerca de cinco mil votos para nominarse congresista por Piura en el actual periodo legislativo. De los 931.635 electores que participaron en los comicios del 2021, 6.897 -menos del 1%- le confiaron su voto. Pero la suerte de Pazo Nunura cambió a inicios de año, cuando el Legislativo aprobó la vacancia del congresista Wilmar Elera, sentenciado a seis años de cárcel por el delito de colusión agravada y prófugo de la justicia. Así, el flamante legislador asumió el cargo el 26 de enero del 2023.
En tan solo días, Pazo presentó su primer proyecto de ley para el “fortalecimiento y desarrollo integral de la actividad pesquera artesanal como fuente de autoempleo productivo”. Cinco meses luego, Pazo presentó otra propuesta legislativa, cuyo título pretende “fortalecer el proceso de formalización de las embarcaciones pesqueras artesanales”. Este último -aun en la comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso- ha sido cuestionado por especialistas y los propios pescadores.
El fin de la formalización
El Comercio reveló esta semana la inmensa producción de embarcaciones pesqueras artesanales y de menor escala, pese a su prohibición, en astilleros ilegales. No solo es ilegal construirlas –salvo en casos documentados de sustitución- sino que luego ingresan al mar utilizando matrículas y papeles que no les corresponden. Así, las autoridades pierden conocimiento y control sobre los índices de pesca.
Inmenso tamaño
La mayoría de las naves en construcción registradas por El Comercio llegan a los límites máximos permitidos para la pesca artesanal. El faique -una madera bajo protección- se utiliza de forma ilegal para el 'esqueleto' de cada embarcación.
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Cadena de producción
En este momento no hay unas cuantas embarcaciones pesqueras en producción. Solo en Paita, son decenas de naves que se están construyendo de forma ilegal, a vista de todos.
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Basurales
Además de utilizar espacios abiertos para construcción ilegal de embarcaciones, todo el espacio se ve afectado por la inmensa cantidad de basura y residuos que son esparcidos sin control.
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Tras su prohibición -que data desde hace más de una década atrás- el Estado realizó diversos intentos para formalizar y registrar la flota y a los pescadores. Los últimos procesos fueron el Siforpa II –habilitado por el Decreto Legislativo 1392 en el 2018 y vigente hasta el 31 de julio de este año- y por medio de las cooperativas de pesca –estipulado por el Decreto Supremo 006-2016-Produce y con vigencia hasta el 31 de diciembre-. Ambos procedimientos buscan asignar una matrícula a las embarcaciones no registradas o sincerar las dimensiones de las naves, y finalizar con el otorgamiento de un permiso de pesca.
Cuando el Siforpa II concluyó este año -pese a que el plazo inicial era hasta octubre del 2020- 2.012 embarcaciones no lograron culminar el proceso de formalización. Si bien iniciaron los trámites y fueron inscritos en el Listado de Embarcaciones para la Formalización Pesquera Artesanal, muchos armadores no lograron documentar la existencia de las naves previo a la prohibición de construcción. Otras 2.109 sí se formalizaron dentro del plazo.
Luz verde
El proyecto de Pazo indica que “no es de alcance para aquellas embarcaciones construidas fuera del ámbito [...] del Decreto Legislativo 1392″, además de resaltar que “no implica una formalización automática”. Para Carlos Yenque, gerente de la Sociedad Nacional de la Pesca Artesanal (Sonapescal), esta medida es un claro beneficio para aquellos armadores que incumplieron la ley al construir nuevas embarcaciones
“Muchas personas se quedaron [fuera del proceso] porque no les prestan atención a las leyes, no las practican. No presentaron documentos, no solicitaron orientación. Algunos aludieron falta de dinero”, dijo Yenque, criticando que se favorezca a estos armadores cuando los demás sí se esforzaron para lograr la formalización.
El plazo descrito en el proyecto de ley para continuar con el proceso de formalización sería no menor a los doce meses y podría ampliarse. Para el capitán de navío Roberto Teixeira, director de la Dirección de Control de Actividades Acuáticas de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), “no se puede seguir dando formalización tras formalización. En un momento hay que hacer un alto”.
Rechazo
Por medio de un oficio dirigido al Congreso de la República y a la presidenta, Dina Boluarte, la Federación de Pescadores Artesanales (Fepear) de la Región Grau expresó su rechazo al proyecto de ley del congresista Pazo. En el documento se argumenta que este proyecto legislativo “pretende abrir un nuevo Siforpa, tomando como base los dos mil expedientes que no pudieron acreditar la existencia de las embarcaciones”.
Asimismo, la carta señala que es tarea de todos “contribuir al sostenimiento de la pesca para la seguridad alimentaria de nuestro país, tema sumamente importante hoy en día por la crisis mundial del cambio climático”. Para la Fepear, la flota de pescadores artesanales ya está copada y de tener mayor cantidad de embarcaciones se afectaría la producción.
Entre los pedidos, la Federación exigió el impedimento de las operaciones clandestinas “de los astilleros artesanales que pretenden incrementar la flota que ya está completa”. “El Ministerio de la Producción ya ha emitido las autorizaciones respectivas para controlar el número de embarcaciones artesanales y eso se debe cumplir estrictamente”, resalta el documento. “Solicitamos al gobierno nacional y regional tomar las medidas urgentes para preservar la pesca artesanal por su vital importancia que tiene en el desarrollo social y económico del país”, finaliza la carta.
Bernardo Pazo juramentó a inicios de año tras la vacancia de Wilmar Elera. Él y su familia son dueños de casi dos decenas de embarcaciones pesqueras. Foto: Andina
Por su parte, la Unión General de Pescadores del Perú también envió un documento al Congreso con el fin de mostrar su rechazo al proyecto 5496, firmado por más de treinta representantes de diversas asociaciones, gremios, sindicatos y federaciones pesqueras. El documento precisa que la iniciativa legislativa plantea reanudar el Siforpa II, permitiendo que -tras varios intentos- se permita a las más de dos mil embarcaciones excluidas obtener la formalización.
“No es posible que se ingresen papeles y se obtengan embarcaciones. La situación de las pesquerías artesanales no soportarían las cerca de dos mil embarcaciones, que no existían en su momento y que la mayoría solo existe en papel”, cita el oficio. “Abrir un nuevo proceso de formalización propiciará que comerciantes y armadores de embarcaciones industriales o de menor escala amplíen su flota en perjuicio de todos los pescadores artesanales de Perú”, argumenta la Unión.
El documento atribuye que existe un “evidente conflicto de intereses” debido a que “el congresista Pazo y su familia son propietarios de embarcaciones [...] e incluso [son] propietarios de un astillero”. Efectivamente, los Pazo Nunura son dueños de al menos 21 embarcaciones inscritas en la lista de embarcaciones pesqueras del Ministerio de la Producción. El congresista tiene una nave -con permiso de pesca vigente y construida el 2005- denominada Almirante Grau. “De no dejar sin efecto la iniciativa [el proyecto de ley], se estaría constituyendo en los más grandes depredadores del Mar de Grau, por pretender incorporar embarcaciones construidas ilegalmente”, advierte el pronunciamiento de la Unión.
Protección y pena privativa
Cabe destacar que cuando un proceso de formalización se encuentra activo, las embarcaciones y pescadores inscritos –mas no formales aún- están exentos de penas y multas por operar sin una matrícula o sin documentos de formalización. Esto siempre y cuando se dé dentro del marco de las disposiciones acreditadas por las autoridades.
Esto está estipulado en el artículo 308-B del Código Penal, que refiere a la extracción y procesamiento ilegal de especies acuáticas. Este menciona que “el que captura especies o las procesa sin contar con el respectivo permiso o licencia […] o utiliza embarcaciones construidas sin autorización o sin licencia, métodos prohibidos o declarados ilícitos […] será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de cinco años y con ciento ochenta a cuatrocientos días-multa”.
