En una democracia con una plena separación de poderes, cuando el Congreso aprueba una ley, el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de observar la norma, es decir, no ratificarla si no está de acuerdo con esta, y el Parlamento tiene la potestad de aprobarla por insistencia. Ese, en teoría, es el escenario ideal de un Estado de derecho.
La madrugada del sábado, el Congreso no logró aprobar la reforma constitucional que despoja de inmunidad a los parlamentarios y no puso en agenda la reforma que impide que ciudadanos con una sentencia vigente en primera instancia puedan postular a los cargos de presidente de la República, vicepresidente y congresistas.
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Ambas reformas gozan de mucha aceptación, por lo que su rechazo generó innumerables críticas al Congreso. Podemos discrepar o estar de acuerdo con lo aprobado, pero estas son las reglas de la democracia, así las decisiones de este Legislativo nos disgusten. Este razonamiento suena impopular cuando estamos acostumbrados al “apanado” por discrepar. La verdad no es siempre popular.
Tras lo ocurrido en el Congreso, Martín Vizcarra dio ayer un mensaje a la nación para exhortar al Parlamento a que con prontitud apruebe un proyecto de ley sobre el impedimento de postular a personas con sentencia en primera instancia y anunciar que someterá a referéndum el retiro de la inmunidad parlamentaria. Precisó que esta consulta popular se realizará el mismo día de las elecciones generales de abril del próximo año. La pregunta es: ¿los resultados del referéndum se aplicarán a los elegidos en el 2021? De ser así, ¿los candidatos no sabrán qué reglas regirán sobre ellos de ser elegidos?
Entre tanto, la misma tarde de ayer, el Parlamento convocaba una sesión extraordinaria del pleno para reconsiderar la votación del sábado. Al cierre de esta columna, aún no se conocían los resultados.
No hay que ser muy “avispado” para notar que a Vizcarra le interesa mucho la popularidad que genera este anuncio; si no, cómo interpretamos que ayer dijera: “Nuestro compromiso con el país y la lucha anticorrupción sigue intacto”, cuando los hechos nos revelan lo contrario. No es un secreto la corrupción que se ha detectado en las compras del Estado en plena pandemia, y aún no vemos ningún responsable, a lo que se añaden irregulares contrataciones hechas por personas de su entorno, pasando por el escándalo de Richard Swing.
Lo que hemos visto ayer y seguiremos viendo los próximos días es una consecuencia más de la decisión del irregular cierre del Parlamento el año pasado. Más de uno se rasga las vestiduras lamentándose ahora de la precaria calidad del Congreso actual. ¿Esperaban algo diferente? ¿Acaso no fueron los mismos que ayer promovieron y aplaudieron el cierre del Parlamento los que ahora lamentan las normas populistas aprobadas por este poder del Estado? Estos mismos falsos demócratas son los que más se conduelen que no tengamos una oposición que ponga en raya al presidente y no se dan cuenta de que fueron ellos mismos quienes trabajaron arduamente para acabar con ella. ¡A llorar al río!
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