El Poder Judicial (PJ) programó para el 25 de marzo del 2024, la audiencia preliminar de control de requerimiento de acusación mixto contra el expresidente Alejandro Toledo y otros acusados por las presuntas irregularidades en la licitación del Tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur.
El juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho dispuso que la programación de la sesión es inaplazable y se desarrollará de manera presencial en las instalaciones de la Corte Superior Nacional.
De esta manera, el magistrado decidió continuar con el trámite, luego que la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – 4° Despacho cumpliera con subsanar el expediente que contiene un total de 112 tomos.
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En su requerimiento, la fiscalía solicitó 35 años de cárcel contra Toledo Manrique al acusarlo de los delitos de colusión y lavado de activos. Actualmente, el expresidente cumple prisión preventiva en el Penal de Barbadillo (Ate), luego de ser extraditado desde Estados Unidos.
Será el tercer juicio oral que afrontaría el exmandatario. Para ello, la fiscalía deberá requerir a Estados Unidos la ampliación de la extradición para el exmandatario a fin de que pueda ser juzgado.
La fiscalía también requirió 29 años de cárcel para el empresario Marco De Moura Wanderley, representante de INTERSUR y gerente general de la empresa Camargo y Correa Sucursal Perú.
Mientras que para el ciudadano israelí Avraham Dan On, exhombre de confianza y exjefe de seguridad de Toledo, solicitó la pena de 16 años y 8 de condena. También se incluyó en la acusación a los exfuncionarios de Proinversión, Sergio Rafael Bravo Orellana y Alberto Javier Pasco-Font Quevedo.
En el mismo requerimiento, la fiscalía solicitó el sobreseimiento del caso (archivo) por el delito de lavado de activos en agravio del Estado, contra el fallecido empresario Josef Maiman y su hermana Michele Maiman.
“Citar a las partes procesales a la audiencia preliminar de control de requerimiento mixto, conforme a la agenda del juzgado, para el día lunes 25 de marzo del año 2024 a horas 09:00 de la mañana (hora exacta) la misma que se realizará manera presencial”, dispuso Concepción Carhuancho.
El expresidente Alejandro Toledo fue extraditado desde Estados Unidos en abril del 2023 para que afronte el juicio oral por el presunto pago ilícito de US$35 millones que le habría realizado la empresa Odebrecht, a cambio de favorecerlos con la licitación de la obra Carretera Interoceánica Tramos 2 y 3.
Los pagos se habrían acordado con el exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, según confesó este último. El juicio oral inició en octubre de este año y se encuentra en sus primera fase.
Alejandro Toledo -junto a su esposa Eliane Karp- también afronta en "reserva" el juicio oral por el Caso Ecoteva, donde es procesado por el presunto delito de lavado de activos producto de los pagos ilícitos que habría recibido de Odebrecht. En este proceso, se le acusa de haber lavado el dinero recibido de la empresa brasileña a través de la compra de inmuebles en Surco y La Molina.
El Ministerio Público ha solicitado a Estados Unidos la ampliación de la extradición de Toledo por este caso, a fin de que pueda ser juzgado.
¿Cuáles son los pasos a seguir?
Tras señalar fecha para la audiencia, y debido a lo voluminoso del requerimiento fiscal, el principio de contradicción e igualdad procesal, así como, el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para que las partes ejerzan adecuadamente el derecho de defensa, el juez otorgó 30 días hábiles para que puedan absolver la acusación y presentar los recursos convenientes.
De acuerdo a las normas podrán observar la acusación del fiscal por defectos formales, ofrecer pruebas para el juicio, deducir excepciones y otros medios de defensa, solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción o la actuación de prueba anticipada, pedir el sobreseimiento, objetar la reparación civil ofreciendo los medios de prueba pertinentes; todo ello, con el objeto de ser debatido en la audiencia preliminar de control de requerimiento acusatorio.
La acusación fiscal se sustenta en un presunto pacto colusorio entre Alejandro Toledo como presidente de la República (2001 al 2006), con Marcos de Moura Wandeley, representante de INTERSUR y gerente general de la empresa Camargo y Correa Sucursal Perú, para favorecer al Consorcio INTERSUR en la concesión del Tramo IV de la Carretera Interoceánica Sur; y para ello pagaría un soborno que superaría los US$ 6 millones.
Todo ello, se habría dado entre los años 2004 y 2005, bajo el marco de una organización criminal transnacional para el pago de comisiones ilícitas en contrataciones públicas en diversos países, como el Perú.
Para ello contaron con empresas off shore, operadores financieros y otros partícipes, que eran utilizadas para el pago de sobornos a funcionarios públicos, mediante operaciones financieras complejas, cuyas transferencias se habrían realizado en Suiza, Inglaterra e Israel para que se pierda el rastro del dinero sucio.
“El pacto criminal, como resulta de lo expuesto, consistió en que Camargo Correa entregaría a Toledo Manrique, en cuentas del grupo empresarial de Josef Maiman Rapaport, en principio, la suma de US$ 5 ́411,207.00 millones de dólares, solo si Intersur Concesiones SA ganaba el proceso de selección para la adjudicación de la concesión.”
Fiscalía
La fiscalía indica que según el acuerdo criminal, una vez adjudicada la concesión al Consorcio Intersur concesiones SA, del cual ‘Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A. Sucursal Perú’ formaba parte, esta filial peruana realizó diversos pagos ilícitos a Alejandro Toledo.
Esos pagos, según el Ministerio Público, se realizaron en forma escalonada, en el período 2006 a 2009, por el valor aproximado de US$ 4 millones, con recursos no contabilizados que se encontraban en cuentas off shore, mediante transferencias bancarias en el exterior para empresas del grupo empresarial de Josef Maiman.