La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público decidió rechazar todos los medios probatorios que presentaron los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez como parte de su defensa en el procedimiento disciplinario que se abrió en su contra en el 2023.
En una resolución del 5 de julio último a la cual tuvo acceso El Comercio, se puede ver los argumentos por los cuales el fiscal Sandro Urquizo Torres, de la ANC, declaró improcedentes los pedidos de los dos fiscales investigados por una queja que presentó el exmiembro del Tribunal Constitucional (TC) José Luis Sardón en el 2020.
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En total, Vela y Pérez habían presentado unas 22 pruebas para que la autoridad tome en cuenta como parte del proceso administrativo.
Entre ellas se incluían las grabaciones completas de las entrevistas que brindaron en el 2019, así como testimonios de periodistas, otros exintegrantes del TC como Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda, y miembros del Ministerio Público como Zoraida Ávalos e incluso Patricia Benavides.
La ANC determinó que al iniciar el procedimiento administrativo admitieron pruebas que consideraron eran útiles y pertinentes por tener relación con los hechos atribuidos, pero que esto no impedía que pudieran sumar más elementos de convicción.
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“La actividad probatoria de la autoridad administrativa debe ser oficiosa e incorporar todo hecho notorio o relevante que sea menester para aplicar la voluntad de la ley, información pública que obra en entidades estatales, hechos o pruebas que sean de público conocimiento, que estén en expedientes paralelos o distintos, que la Administración conozca de su existencia y pueda verificarlos”, asegura la resolución.
A pesar de esto, también resaltan que es competencia de la autoridad evaluar las pruebas ya que estas deben cumplir con requisitos que las vinculen al caso en cuestión.
Fue en esa línea que rechazó todos y cada uno de los 22 elementos probatorios que solicitaron Rafael Vela y José Domingo Pérez. En casi todos, asegura que la ANC se basará en “elementos documentales recopilados” que ya están en la carpeta y por considerar que muchas solicitudes están vinculadas a la investigación contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular en lugar del proceso disciplinario en cuestión.
Este caso se inició por un reclamo que presentó el exmiembro del TC José Luis Sardón en el 2020 contra los dos fiscales, a quienes acusó de supuestas malas prácticas por brindar declaraciones en medios de comunicación en las cuales lo vincularon a Keiko Fujimori y Fuerza Popular por sus nexos con la asociación Reflexión Democrática -que supuestamente canalizó fondos para la campaña del fujimorismo- y con algunos de los falsos aportantes.
