Prófugos Fray Vásquez y Bruno Pacheco buscan que la Corte Suprema anule su prisión preventiva

Fray Vásquez, sobrino del presidente Pedro Castillo y Bruno Pacheco, ex secretario y amigo del jefe de Estado, -ambos prófugos- acudieron a la Corte Suprema de Justicia -vía un recurso de queja- con la finalidad de revocar la orden de prisión preventiva de 24 meses dictada en su contra en el marco de la investigación que se les sigue por el Caso Puente Tarata.

El empresario Luis Pasapera (fundador de la empresa Termirex S.A.C) también recurrió ante la máxima instancia del Poder Judicial.

Como se recuerda, el 6 de mayo del 2022, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lima confirmó la orden de prisión preventiva para Vásquez Castillo, Pacheco Castillo y Pasapera Adrianzén.

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Lo que buscan los implicados, a través de sus respectivas defensas legales, es que la Corte Suprema anule la decisión de la Sala Superior que rechazó su recurso de casación y se la máxima instancia judicial revise la prisión preventiva.

Vásquez y Pacheco se encuentran prófugos de la justicia desde marzo cuando se ejecutó un operativo para detener a diversos implicados en la presunta licitación irregular del proyecto Puente Tarata (San Martín) al consorcio integrado por la empresa Termirex S.A.C.

El tribunal superior concluyó entonces que además de los elementos de convicción sobre los presuntos delitos de corrupción imputados en su contra; existía peligro de fuga y obstaculización.

Para dictar la medida no solo se tomó en cuenta que ambos procesados se encontraban no habidos; sino también las declaraciones de los colaboradores eficaces.

En el caso de Vásquez Castillo, el aspirante a colaborador eficaz N°CE-01-2022 señaló que “el empresario Zamir Villaverde junto con Fray Vásquez estaban convocando a personas de su confianza o aliados, para que ocuparan los cargos importantes en el MTC, a fin de dirigir las licitaciones”.

A ello, se suman las versiones de la testigo Karelim López, quien sostuvo que el investigado junto a Gian Marco Castillo habrían captado al empresario Luis Pasapera Adrianzén para ser el intermediario de los representantes del Consorcio Puente Tarata III y llegar a cabo negociaciones ilícitas.

Y, en sobre Pacheco Castillo se indicó que del testimonio de la empresaria López Arredondo y el colaborador eficaz “se evidencia indicios de que incurrió en actos de coordinación para el direccionamiento” de las contrataciones públicas, siendo la de Tarata III la especifica, todo esto “valiéndose de su cargo como secretario del despacho presidencial”.

-Tiene derecho-

Al respecto, el abogado Luis Vivanco, defensa legal de Fray Vásquez, dijo a este Diario que lo que se busca es que “se acepte un recurso de casación con el objeto de que se revoque la prisión preventiva” y se imponga comparecencia con restricciones.

“La ausencia (de Fray Vásquez) no es una situación que impida el derecho a recurrir. Entonces, independientemente de que no esté, la Corte Suprema entiende que es legítimo interponer un recurso a fin de que se revise si está bien impuesta o no la orden de prisión preventiva. En esa línea, ya hay casaciones anteriores donde personas que no están interponen un recurso e incluso han ganado”, señaló.

Sobre las recientes versiones del aspirante a colaborador eficaz Zamir Villaverde, quien ha ratificado la presunta participación de Vásquez Castillo en una trama de corrupción en el actual gobierno, el abogado señaló que “hasta el día de hoy, en el caso de Fray Vásquez y de Gian Marco Castillo, el test de indicios no ha variado y sigue siendo el mismo.

“A partir de que, en el hipotético caso que el señor Villaverde u otro colaborador aporte algún indicio que relacione a uno a los dos con alguna situación que podría tenerse como criminal, habrá que analizarse y habrá que esclarecerla, contradecirla e incluso pedir un contrainterrogatorio con el colaborador”, adelantó.

Vivanco, no obstante, cuestionó la actitud de Villaverde de quien dijo, “no es un héroe” y debería concentrarse en su proceso de colaboración si de verdad le interesa colaborar con la fiscalía.

De otro lado, José Luis Francia, abogado de Pasapera Adrianzén, confirmó haber recurrido a la Corte Suprema con la finalidad que se les habilite la casación, paso previo para la revisión de la prisión preventiva.

El abogado sostuvo que las recientes declaraciones de Villaverde aclaran la situación de su patrocinado, pues el aspirante a colaborador eficaz dijo que el dinero que se habría pagado a funcionarios del actual gobierno no fue entregado por Pasapera.

Aseguró que si bien su patrocinado fue extorsionado, este no realizó ningún pago y por el contrario le anularon la licitación.

“No se olvide que allí está enquistada una organización criminal y la organización criminal lo que hizo fue extorsionarlo. ¿Hay una organización criminal? Sí, eso está claro. ¿colocado por ellos? Por su puesto, ellos son los que han actuado. Otra cosa es, ¿hubo desembolso de dinero? Claro que no, pero hubo la extorsión”, dijo.

Al ser consultado sobre quién habría extorsionado a su patrocinado indicó que al ser una organización criminal, ello está en investigación.

Giulliana Quiñones, abogada a de Bruno Pacheco, no respondió.

En manos de la Sala San Martín

De otro lado, el recurso de apelación sobre la tutela de derecho que presentó el presidente Pedro Castillo, para anular la investigación en su contra por el Caso Tarata, quedó en manos de la Sala Suprema Penal Permanente presidida por el juez supremo César San Martín.

El último 12 de julio el juez de investigación suprema Juan Checkley elevó una nueva resolución en la que admitía la ampliación de los alegatos en el recurso de apelación que interpuso el abogado Benji Espinoza, abogado del jefe de mandatario investigado por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública-Tráfico de Influencias agravado y otros, en agravio del Estado.

El tribunal supremo, que deberá fijar fecha de audiencia para la revisión del recurso de tutela, está conformado también por los jueces supremos, María del Carmen Altabás Kajatt, Iván Sequeiros Vargas, Erazmo Coaguila Chávez y Norma Carbajal Chávez.

A fines del mes de junio, el juez Checkley Soria resolvió que si bien Castillo Terrones, al estar ejerciendo el cargo de presidente de la República en funciones, solo puede ser acusado por los supuestos que contempla el artículo 117 de la Constitución; sin embargo ello no anula la posibilidad de investigarlo preliminar siempre que existan justificaciones razonables.

El jefe de Estado es sindicado de liderar una presunta organización criminal junto a al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, así como su sobrino Fray Vásquez y su exsecretario Bruno Pacheco, con la finalidad de direccionar obras públicas a determinadas empresas.