La Contraloría General de la República criticó un proyecto de ley presentado por el Gobierno ante el Congreso de la República para aprobar créditos suplementarios y promover la reactivación económica, al considerar que “pretende recortar acciones de control en la lucha contra la corrupción”.
La entidad contralora se pronunció ante la iniciativa del Poder Ejecutivo para que el Parlamento apruebe estos créditos y que incluye diversas disposiciones complementarias, presentada formalmente este miércoles 10 de julio.
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Entre las disposiciones, se incluye una que recorta la capacidad operativa de la Contraloría, reduciendo el dinero que se destina para la labor de control concurrente de las licitaciones del 2% del valor total de la obra a un 0,5%.
Esto, según la Contraloría, genera un riesgo de que actuales y futuras inversiones “no cuenten con el control adecuado, no se evidencien irregularidades , ni se emitan las alertas necesarias para detectar y evitar casos de corrupción”.
“La novena disposición complementaria modificatoria afecta nuestra autonomía, al condicionar presupuestalmente las atribuciones constitucionales del control”, se lee en el comunicado.
En la iniciativa, que fue presentada con las firmas de Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se reduce el financiamiento del control concurrente asegurando que ante el incremento total de los fondos usados para obras con estos créditos adicionales, solo corresponde otorgar el 0,5% para las labores de la Contraloría.
Proyecto del Ejecutivo plantea reducir fondos para control concurrente, advierte la Contraloría.
“Se estima que el 2% del costo actualizado de los proyectos con costo mayor a 5 millones de soles de los proyectos que cuentan con PIM 2024 asciende a la suma de S/19.198 millones; además, considerando que el plazo de ejecución promedio de un proyecto con costo mayor a S/ 5 millones es de 4 años, potencialmente las transferencias anuales para dicha cartera de proyectos ascendería alrededor de S/ 4.800 millones, monto superior a las transferencias anuales de las entidades públicas en la finalidad 0348747″, indica la iniciativa del Gobierno.
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La Contraloría advierte que el Poder Ejecutivo va más allá que solo promover la reactivación económica con estos créditos y “esconde propósitos que hacen retroceder los esfuerzos dedicados para enfrentar la corrupción”.
Reducir el financiamiento del control concurrente tendría un impacto negativo porque conllevaría al desmantelamiento de los órganos de control institucional (OCI) y despido de miles de auditores a partir de enero del 2025. Se reduciría drásticamente de 56 mil intervenciones anuales del 2023 a solo unas 14 mil en promedio.
“Alertamos sobre cualquier intento subalterno de pretender condicionar el control en la medida de intereses lejanos al real bienestar de los peruanos. Y confiamos que el Poder Legislativo recoja la situación expuesta, descartando del dictamen la novena disposición complementaria modificatoria y separándola del resto del proyecto de ley”, exhortan.
