El abogado penalista Enrique Ghersi advirtió que, sin modificaciones profundas en las normas electorales, es muy probable que el país vaya a repetir el escenario de las elecciones del 2021. En ese sentido, exhortó a los partidos de centro derecha a pensar en formar frentes y postular a un solo candidato ante la eventual dispersión del voto.
— La presidenta Dina Boluarte cierra el año con apenas 3% de aprobación, según la última encuesta de Datum para El Comercio. Incluso, en el centro y sur del país su respaldo se reduce a 1% y 2%, respectivamente. ¿Así puede llegar a concluir su mandato en el 2026?
Sí, yo creo que el apoyo político en el caso de este gobierno no viene del electorado ni de la opinión pública, viene del Congreso, y en el abril del próximo año se convoca a elecciones generales. Obviamente, no hay ninguna razón práctica, desde el punto de vista estrictamente político, para que el Congreso vaya a interrumpir el mandato de la señora Dina. Ella cuenta con un apoyo específico y va a continuar, aunque no sea popular, aunque sus cifras sean inclusive más bajas. Yo no veo que por esa razón vaya a ver una interrupción.
— La desaprobación de Boluarte aumentó en el último mes y se ubica en el 95%, de acuerdo con la misma encuesta. ¿Un cambio de Gabinete le daría oxígeno a la presidenta?
Yo creo que no. Es muy difícil que un presidente con tan baja aprobación pueda hacer un cambio sustancial. Probablemente, van a ser los mismos nombres que cambien de ubicación en el Gabinete. ¿Por qué? Por una razón política, ninguna persona nueva que pueda aportarle frescura al Gabinete se va a involucrar con una popularidad tan baja. Y tampoco creo que la señora Dina Boluarte esté interesada en hacer algo para aumentar su popularidad. Ella, simplemente, es un “lame duck”, un pato cojo. Es una expresión anglosajona que define a los gobiernos que terminan, que ya no tienen autoridad ni fuerza ni legitimidad.
"Por una razón política, ninguna persona nueva que pueda aportarle frescura al Gabinete se va a involucrar con una popularidad tan baja"
— La jefa de Estado acumula 10 investigaciones fiscales, entre ellas por las muertes en las protestas, por el Caso Rolex y por el uso del cofre. ¿El tener tantas carpetas abiertas debilita aún más al gobierno?
Sí, cómo no, pero claro, no necesariamente la existencia de una investigación fiscal o parlamentaria indica responsabilidad. Hay muchas carpetas que se abren solamente por lo que se denomina “la notitia criminis”, es decir, se da una información y la fiscalía abre una indagación preliminar. Pero eso, yo diría que es más un efecto que una causa de la impopularidad. Las consecuencias son las investigaciones, las causas son complejas, en algunos casos los Rolex, el señor Cerrón, el cofre, ahí hay materia investigable y, en otros casos es más un tema político.
— La presidenta Boluarte, en un reciente mensaje a la Nación, admitió que se sometió a una operación. Ella dijo que fue porque tenía el tabique desviado. Lo concreto es que no informó al presidente del Congreso. ¿Esto, a su juicio, es una infracción a la Constitución?
A mi juicio, sí, porque la incapacidad puede ser temporal si una persona, en este caso la presidenta, es sometida a un procedimiento quirúrgico que implica anestesia. Entonces, ella debió haber dado cuenta al Congreso y, por el tiempo en que ella estuviera en estado de incapacidad temporal, debió entrar en funcionamiento el mecanismo de sucesión presidencial, que es que el presidente del Congreso ocupe el despacho. Nada de eso sucedió. Mucha gente ha querido pasar por agua tibia esta situación, la operación, pero es una infracción evidente. Desde el punto de vista legal, la infracción se ha dado. Otra cosa es el punto de vista político, no veo que el Congreso vaya a vacar a la señora Dina Boluarte por esto.
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— ¿Entonces, sí se dio un vacío de poder?
Sí, ella debió informar, para eso existe el mecanismo de sucesión presidencial.
"La criminalidad está completamente desbordada en nuestro país y esto tiene múltiples razones que no están siendo combatidas"
— La presidenta Boluarte calificó de “ministro valiente” a Santiváñez y lo felicitó por su trabajo. Esto a pesar de que los índices de criminalidad se han desbordado. ¿Cómo se puede interpretar este acto político?
Bueno, como un gesto de respaldo a una persona que ha demostrado ser un incondicional suyo. Por supuesto, eso no significa que él haya cumplido con sus funciones a cabalidad. Claramente está que la criminalidad está completamente desbordada en nuestro país. Y esto tiene múltiples razones que no están siendo combatidas. Yo lo veo como un gesto puramente y sinceramente, no creo que tenga mucho efecto, porque la impopularidad del gobierno es muy alta.
Y más bien, invitaría a reflexionar a la señora presidenta de que en los pocos meses que todavía le quedan al frente del gobierno, ella debería esforzarse por, al menos, hacer una lucha efectiva contra la criminalidad en todo el país, que es el problema N°1 de los peruanos.
“Lo que ha ocurrido con la Diviac es que el gobierno se ha cobrado la revancha del allanamiento”, sostuvo Ghersi. (Foto: Renzo Salazar | Archivo GEC)
— En solo una semana, el gobierno pasó al retiro a los coroneles Colchado y Lozano y luego cambió a 67 oficiales de la Diviac, entre ellos a todos los que participaron en el allanamiento a la casa de la presidenta. ¿Se consumo la venganza en contra de esta unidad?
Lo que hay son consecuencias políticas. Cuando se toman acciones políticas siempre hay consecuencias políticas. Yo aprendí muy joven en mi paso por la política en los años 90′ que toda acción tiene una reacción. Entonces, naturalmente lo que ha ocurrido en este caso es que el gobierno se ha cobrado la revancha del allanamiento. He escuchado atentamente la opinión de algunos colegas, que sostiene que la decisión es ilegal y la van a desafiar mediante acciones de amparo. El Poder Judicial, como siempre, tendrá la última palabra. El gobierno está ajustando cuentas.
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— Este Congreso ha tenido más de una decena de “mochasueldos” y a Los Niños. Pero es la primera vez que se le asocia con una red de proxenetismo que presuntamente operaba a la interna. ¿En cuánto afecta al Parlamento este tipo de denuncias?
Es muy delicado. En el Congreso tenemos, desde hace tiempo, una crisis de representación. No podemos tampoco generalizar, porque sería injusto. En este Parlamentario hay congresistas de primer nivel, como Gladys Echaíz, Adriana Tudela, Patricia Juárez, José Cueto, entre otros. Entonces, no generalicemos, hay que marcar las diferencias. Lo que existe en mi concepto es una crisis de representación, el unicameralismo no funcionó y nos ha llevado a esta situación.
[…] El sistema plurinominal por cifra repartidora que tenemos en el Perú lleva al Congreso a gente que no es la mejor. Hace no mucho tiempo llegamos a tener en el Congreso a Luis Alberto Sánchez, a Armando Villanueva, a Manuel Ulloa, a Javier Alva Orlandini, a Luis Bedoya Reyes, a Roberto Ramírez del Villar, a Felipe Osterling y otros. Estamos hablando de un Parlamento de nivel europeo, era gente seria y responsable.
"Probablemente, esta Constitución es la mejor que hemos tenido en el siglo pasado en materia económica, pero en materia política hubo una serie de defectos. Es demasiado afrancesada, se importó la idea de un jefe de gobierno en la figura del primer ministro, se trajo el voto de investidura"
— ¿Y cómo se pasó a tener a esos representantes a los actuales congresistas?
Gran pregunta. Ahí es donde ha fracasado el sistema político. Yo creo que la Constitución de 1993 es muy buena y ha tenido grandes aciertos, sobre todo en el capítulo económico. Probablemente, esta Constitución es la mejor que hemos tenido en el siglo pasado en materia económica, pero en materia política hubo una serie de defectos. Es demasiado afrancesada, se importó la idea de un jefe de gobierno en la figura del primer ministro, se trajo el voto de investidura. Esto ha producido desde el 2016 que estemos en sucesiones de gobiernos que no duran dos años. Entonces, hay una inestabilidad política absoluta que es consecuencia del unicameralismo y de un diseño inadecuado del capítulo político de la Constitución.
— Jorge Torres Saravia, a quien se sindica como presunto cabecilla de esta red, es muy cercano a APP. ¿A su juicio, Eduardo Salhuana debe dejar la presidencia del Congreso?
No. El Congreso es soberano y para eso hay comisiones y existen mecanismos de investigación. Pero entiendo que aquí hay una carpeta abierta en la fiscalía por la que se está investigado [esta presunta red]. El Parlamento puede hacer su investigación administrativa y política, pero le corresponde al Ministerio Público entrar en acción si se encuentran indicios de la existencia de una red de prostitución. Dejemos que los fiscales trabajen. Si ha existido esta red, se debe dar la sanción más severa que contemple el Código Penal.
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— ¿Cómo avizora las elecciones del 2026? ¿Pueden ser el inicio de la salida de la crisis política que vive el país?
Sería lo ideal, pero no lo veo. Yo temo que si no se hacen modificaciones sustanciales en el sistema electoral vamos a tener una repetición, tal vez, peor del escenario que tuvimos en el 2021 por la gran fragmentación de candidaturas. Entiendo, que podrían ser hasta 60, que ya hay 39 partidos inscritos. He visto un modelo de cédula de votación que es prácticamente imposible de manejar. Yo creo que eso no es saludable para la democracia.
Lo importante es que haya candidaturas sólidas y que se maneje la idea de coaliciones […] La centroderecha democrática debería proponerse la idea de formar una gran coalición, porque es la única forma de combatir el fraccionamiento. Creo que es indispensable pensar en candidaturas frentistas de tal manera que el proceso electoral de 2026 sea lo más eficiente y no…
— Y no se repita el 2021…
No, porque fue un desastre. Además, esas elecciones que terminan con 40 mil votos de diferencia, como pasó en el 2016 y 2021, generan suspicacias y en realidad dan gobiernos elegidos con legitimidad muy baja. Si la diferencia es 40 mil votos en un país de 33 millones de personas, obviamente estamos hablando de un resultado que no es representativo. Es indispensable conseguir un mandato claro. Quien gane necesita un mando claro de la población para gobernar con una agenda democrática de modernización y de progreso.
