Diez jueces de la Corte Suprema le solicitaron al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, que convoque con carácter de urgencia una Sala Plena Extraordinaria donde puedan analizar el impacto de los diversos proyectos de ley que viene impulsando el Congreso de la República.
Los magistrados consideran que estas iniciativas afectan la independencia judicial y el sistema de administración de justicia.
“El punto de agenda a tratarse en dicha sesión será el análisis de los alcances de los proyectos de leyes presentados en el Congreso de la República, que tienen incidencia en las funciones jurisdiccionales propias del Poder Judicial por su posible afectación a la independencia judicial y al sistema de la administración de justicia”, se lee en el oficio enviado este lunes 14 de octubre.
PUEDES VER: Asociación de jueces pide que Corte Suprema se pronuncie sobre proyectos aprobados por el Congreso
La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) se sumó al pedido y también le solicitó al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, que se pronuncie ante las reformas que se están orquestando desde el Parlamento y las que buscan modificar la Ley de Carrera Judicial, Ley de Carrera Fiscal y el Código Penal.
Los jueces advirtieron que uno de los proyectos de ley pretende establecer que es una falta muy grave el dictado de detención preliminar, prisión preventiva o sentencia condenatoria si fueran revocadas. Esto podría generar sanciones a los fiscales y también se agravaría el delito de prevaricato por dicho motivo con pena privativa de libertad de 10 a 15 años e inhabilitación, “criminalizando el criterio jurisdiccional y violando el principio de independencia judicial previsto por el artículo 139.2 de la Constitución”.
“Se emita un pronunciamiento en defensa de la independencia judicial, atendiendo a que no podemos guardar silencio al pretender sometérsenos y destruir la democracia, así como el Estado Constitucional de Derecho, siendo su defensa una obligación fundamental de todo juez; por lo que también deben interponerse las demandas de inconstitucionalidad contra las cuestionadas leyes”,
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