CIDH advierte que destitución de la JNJ podría afectar independencia del sistema de justicia y separación de poderes

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que preocupa la “modificación abrupta” del proyecto de informe técnico elaborado por la Comisión de Justicia del Congreso, dando lugar a la eventual remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“Esta decisión podría afectar la independencia del Sistema de Justicia, y del principio de separación de poderes”, expresó en un pronunciamiento publicado en sus redes sociales.

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Asimismo, indicó que los controles políticos de la actividad de las personas operadoras de justicia basados en criterios de discrecionalidad o razones políticas, por su propia naturaleza, resultan contrarios a las garantías de independencia e imparcialidad que deben ser observadas en los procesos disciplinarios en conformidad con el derecho internacional.

“Por tal motivo, todos los procedimientos que puedan conducir a la destitución de personas operadoras de justicia deben guiarse por el principio de legalidad y el debido proceso”, subrayó.

Como se recuerda, la secretaría técnica de la Comisión de Justicia del Congreso cambió radicalmente las conclusiones de su informe final sobre las acusaciones contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia en solo unas horas y recomendó destituirlos por presuntas causas graves.

El nuevo informe, que quedó con “cargo a redacción”, fue aprobado con 15 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, y pasará ahora al pleno del Congreso, que necesitará 87 votos para remover a todos los miembros de la JNJ.

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La investigación sumaria fue por pronunciarse, en mayo pasado, contra el juicio político y antejuicio al que fue sometida la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, quien finalmente fue inhabilitada por el pleno por cinco años.

La propuesta de investigar a los miembros de la JNJ fue de la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), quien la presentó mediante una moción de orden del día y que planteó destituirlos por supuestamente utilizar la institución como una “herramienta política”.

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También pedía que se investigue una supuesta intromisión de Imelda Tumialán, Antonio de la Haza y María Zavala ante la Corte Suprema para que se pronuncie contra la decisión del Congreso de inhabilitar a Ávalos del ejercicio de la función pública por cinco años.