La CIDH concluye que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, entre el 7 de diciembre del 2022 y el pasado 23 de enero.

Así lo señaló en un informe que presentará este miércoles en Washington, EE.UU., al que El Comercio tuvo acceso.

En el documento, la CIDH afirmó que de la información que recibió en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, “se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza” contra los manifestantes.

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La comisión añadió que eso se confirma por la cantidad de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego y la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de las protestas o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad.

La organización de derechos humanos agrega que esos hechos deben ser investigados por fiscalías especializadas en derechos humanos, y luego juzgados por jueces independientes, competentes e imparciales.

En las conclusiones del informe, destacó que en Ayacucho “se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial”.

De acuerdo con la comisión, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales al ser perpetradas por agentes del Estado. “Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”, añadió.

El documento también resaltó el caso de Juliaca. En esa ciudad, la CIDH observó que “se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado”, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas.

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La CIDH visitó el país entre el 11 y el 13 de enero pasado. Sostuvo reuniones con autoridades del gobierno, poderes del Estado, organismo autónomos, familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil.

Recientemente, un informe de Human Rights Watch (HRW) concluyó que “el Ejército y la policía del Perú son responsables de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias”. El documento añadió que “la retórica del Gobierno, que parecía excusar o minimizar los abusos, combinada con la aparente inacción de las más altas autoridades civiles [...] plantea interrogantes sobre una posible negligencia o incluso complicidad”.

Consultada por la labor de HRW, la presidenta Boluarte dijo: “Es una ONG, y acá en el territorio nacional cada institución tiene autonomía”.

La comisión resaltó que hay un deterioro generalizado del debate público “con una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales, mediante mensajes que aluden a las personas indígenas y campesinas como ‘terroristas’, ‘terrucos’, ‘senderistas’, ‘cholos’ o ‘indios’, entre otras formas despectivas”.

La CIDH alertó que esos mensajes aportan a la creación de un ambiente de tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional en contra de esa población.

Además, señaló que para superar la crisis en el país se necesita de un diálogo efectivo y de acuerdos en el marco del Estado de Derecho. También recomienda que se adopten medidas destinadas a fortalecer la institucionalidad democrática.

El informe, de 113 páginas, destacó que desde el 2016, el país enfrenta varias crisis de institucionalidad democrática con diferentes impactos en la situación de derechos humanos la población.

La comisión resaltó que ello debilitó la confianza ciudadana en las instituciones y obstaculizó la gobernabilidad del país.