En el 2023, el pleno del Legislativo aprobó acusar constitucionalmente a la exparlamentaria por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación. Foto: Congreso
En el 2023, el pleno del Legislativo aprobó acusar constitucionalmente a la exparlamentaria por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación. Foto: Congreso
/ Victor Vasquez
Redacción EC

Medidas. La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó este lunes una denuncia constitucional contra la excongresista aprista por el presunto delito de tráfico de influencias agravado por la condición de funcionario público.

Según la tesis fiscal, la abogada, durante su condición de parlamentaria, habría ofrecido interceder ante funcionarios de diversas entidades públicas e integrantes del Partido Aprista Peruano (APRA) a cambio de una promesa de beneficio económico a su favor entre el 2018 y 2019.

El caso

Como se recuerda, Luciana León, quien ocupó un escaño en el Congreso de la República hasta el 2020, es investigada por el Ministerio Público por presuntos vínculos con la organización criminal ‘Los intocables ediles’.

La teoría fiscal apunta a que la exparlamentaria habría intercedido ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de Vivienda para agilizar obras públicas de la Municipalidad de La Victoria a cambio de la contratación de su hermano Rómulo León Romero como empleado de Alexander Peña Quispe, presunto cabecilla, junto al entonces alcalde Elías Cuba, de la banda mencionada.

Precisamente, estas obras municipales habrían sido otorgadas a “empresas y consorcios vinculados con Alexander Peña Quispe”. Todo esto se habría dado entre el 2017 y 2018.

A Luciana León también se le investiga por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación. La última actualización de su caso se dio en julio del 2024, cuando el Poder Judicial levantó el impedimento de salida del país en su contra y le devolvió su pasaporte diplomático.

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