Entre el 23 y 25 de mayo, en el Cusco se realizó una capacitación a autoridades políticas y policiales, entre ellas subprefectos provinciales y distritales de la región. El evento no tendría nada de llamativo si no fuera por la participación de un personaje clave en la investigación fiscal del Caso Los Waykis en la Sombra, la presunta organización criminal que encabezaría Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. Se trata de Jorge Ortiz Marreros, operador de la supuesta red, de acuerdo con la indagación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).
En el evento, organizado por la Dirección General de Gobierno Interior (DGIN) y la Dirección General de Orden Público (DGOP) del Ministerio del Interior (Mininter), también participó Grethel Pino Chávez, prefecta del Cusco, la misma persona que coordinó con Nicanor Boluarte la formación del partido Ciudadanos por el Perú (CPP), como quedó registrado en un grupo de WhatsApp.
Pino fue designada prefecta del Cusco en enero del 2023 por una propuesta de Ortiz cuando fue jefe de la DGIN, cargo que ocupó entre diciembre del 2022 y el 10 de mayo del 2024. A través de este cargo, Ortiz planteó y nombró a decenas de prefectos y subprefectos. La indagación fiscal tiene relación con las designaciones de esas autoridades.
El Comercio accedió a una foto de un encuentro privado que se realizó en la oficina de Pino. En esta aparecen la prefecta, Ortiz y el jefe de la DGOP, el coronel PNP en retiro Edwin Rolando Pereyra. En las imágenes del evento, publicadas en las redes sociales oficiales, Ortiz no sale.
Fuentes de este Diario indicaron que sí participó en la capacitación con las autoridades del Cusco.
Para la fecha del evento, Ortiz ya había sido destituido como jefe de la DGIN. Esto ocurrió el 10 de mayo, día del operativo del caso por el que lo investigan. Pero no salió del Mininter, ya que fue derivado a su antigua plaza de analista III de la Dirección de Gestión y Prevención de Conflictos Sociales, que depende de la DGOP. Por este último cargo viajó al Cusco para el evento con los subprefectos.
Ortiz ahora labora por teletrabajo. Está subordinado a Evelyn Tello Cerrón, abogada que fue su asesora cuando él era el jefe de la DGIN. Desde su actual puesto sigue en contacto con prefectos y subprefectos.
En su hoja de vida, que El Comercio revisó, Jorge Ortiz no declaró que fue un policía que laboró en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) de Vladimiro Montesinos hasta fines del 2000, cuando fue desactivado. La lista de más de 2.000 agentes del SIN se reveló en diciembre del 2000. En la nómina, Ortiz figura como especialista técnico de Tercera PNP.
De su trayectoria, Ortiz solo informa que fue asesor de la Oficina de Defensa Nacional y coordinador de capacitaciones del personal policial, autoridades políticas y organizaciones sociales del Ministerio del Interior.
La investigación
En el operativo del 10 de mayo por la investigación del Caso Los Waykis en la Sombra, la policía detuvo a Nicanor Boluarte por la orden judicial de 10 días de detención preliminar. Según la tesis fiscal, a través de la presunta organización criminal Boluarte instrumentalizaba el aparato estatal de las prefecturas y subprefecturas para constituir su partido Ciudadanos por el Perú.
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Ortiz, de acuerdo con el Eficcop, fue un “hombre clave” y operador de la red porque como jefe de la DGIN firmaba resoluciones y recomendada la designación de autoridades políticas a cambio de que estas ayudaran a recabar fichas de afiliación para inscribir a Ciudadanos por el Perú.
Contra Ortiz también hubo una orden de detención. Dos días después de emitirse, se entregó a las autoridades por consejo del ahora ministro del Interior, Juan José Santiváñez. “Cuando se dictó su mandato de detención, se comunicó conmigo telefónicamente desde un número desconocido [...] y le recomendé que se entregue”, dijo el ministro a fines de mayo.
La orden de detención para Boluarte, Ortiz y otros investigados luego fue revocada.
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Este Diario llamó y buscó a Ortiz en su vivienda para obtener su descargo, pero no lo ubicó. También se buscó la versión del Mininter, pero desde la oficina de comunicaciones solo nos remitieron un comunicado del 29 de junio. Este dice que Ortiz sigue en el sector porque cuenta “con estabilidad laboral permanente y, por tanto, con derechos laborales reconocidos”.
Para la abogada penalista Romy Chang, Ortiz no debería estar en contacto con prefectos como Pino. “Él no solo está siendo procesado por el caso de Los Waykis, sino que él supuestamente habría cumplido un rol fundamental”.
“Habría que ponderar qué tan importante es la función que este señor realiza en el ministerio [...], tendría que haber sido retirado del cargo que ocupaba y, por tanto, de la función pública y no trasladarse a otro sector”, agregó.