Ocho adjuntos de la Defensoría de Pueblo renunciaron en primeros ocho meses de Gutiérrez al frente de la institución

Los últimos en dar un paso al costado han sido Rolando Luque, adjunto en materia de Conflicto Sociales y Gobernabilidad, y Lissette Vásquez Noblecilla, adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos. El primero ha tenido dos etapas en la Defensoría del Pueblo: la inicial entre 1996 y 2016 y la otra desde el 2018 a la actualidad.

En el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) fue jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Vásquez Noblecilla también es funcionaria de carrera e ingresó a la institución defensorial en el 2011.

Fuentes cercanas a la Defensoría del Pueblo indicaron que Luque Mogrovejo tenía a su cargo la elaboración de “un mega informe” sobre las protestas sociales en contra del gobierno de Dina Boluarte y del Congreso, entre diciembre de 2022 y marzo del año pasado. Agregaron que el documento aún no está concluido y que esta labor “la venía avanzando pese a las dificultades”.

Las mismas fuentes refirieron que temen que este informe no vea la luz, tras la salida de Luque.

De acuerdo a la institución, los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas dejaron 49 muertos.

Las mismas fuentes indicaron que el también jefe del Programa de Ética y Prevención de la Corrupción de la Defensoría del Pueblo continuará hasta el 31 de enero en la institución.

Entre el 4 y 11 de enero, el excongresista nacionalista Jorge Rimarachín registra cuatro visitas a Gutiérrez Cóndor. Fuentes de El Comercio señalaron que estaría en el bolo para suceder a Luque en la Adjuntía para en materia de Conflicto Sociales y Gobernabilidad.

Las mismas fuentes refirieron que la intención del defensor del Pueblo sería primero nombrar a Rimarachín, con quien compartió bancada en el Parlamento en el 2011, como asesor de confianza de la alta dirección, a través de una plaza CAS. Y luego, darle la encargatura de la oficina que deja Luque.

A inicios de agosto de 2021, en la primera etapa del gobierno de Pedro Castillo, Rimarachín fue nombrado por el entonces primer ministro, Guido Bellido, como secretario de Demarcación y Organización Territorial de la PCM.

Las salidas tras el ingreso de Gutiérrez a la Defensoría del Pueblo

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Polémica por la Ley Forestal

La dimisión de Vásquez Noblecilla- de acuerdo a otras fuentes de este Diario- se debió a que Gutiérrez Cóndor se opuso a que la institución emita un pronunciamiento en contra de los cambios que realizó el Parlamento a la Ley Forestal al cierre de su última legislatura, a mediados de diciembre.

Las mismas fuentes señalaron que la postura técnica de la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos apuntaba a la protección de los bosques y biodiversidad. Pero que el excongresista nacionalista no compartía esta postura.

Antes del ingreso de Gutiérrez Cóndor a la Defensoría del Pueblo, la institución se había pronunciado en ocho oportunidades en contra la propuesta. Por ejemplo, el 29 de marzo del año pasado, exhortó al Parlamento a rechazar el dictamen que “busca legalizar la deforestación”.

Ya con el otrora abogado de Cerrón en el cargo, la entidad solo se pronunció una vez, y fue en junio último.

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Las mismas fuentes refieren que se le presentó a Gutiérrez Cóndor un borrador de un nuevo comunicado, tras la aprobación por insistencia de los cambios a la Ley Forestal. En el documento, se advertía sobre los impactos negativos de la norma, pero aun así el defensor del Pueblo se opuso a su emisión.

El último jueves, el Congreso promulgó las modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. La norma fue firmada por el titular del Parlamento, Alejandro Soto (APP) y por el segundo vicepresidente de ese poder del Estado, Waldemar Cerrón (Perú Libre). Esto a pesar de que tenía dos pedidos de reconsideración que no se llegaron a votar.

En agosto de 2022, el Poder Ejecutivo observó la autógrafa de la referida ley, al referir que no tenía una base técnica y que tampoco contaba con el análisis de los posibles impactos negativos en el bosque, como la masiva deforestación y afectación de los recursos forestales y de fauna silvestre (…)”.

Anteriormente, fuentes cercanas a la institución advirtieron a El Comercio que Gutiérrez ha evitado que la Defensoría del Pueblo emita pronunciamientos críticos sobre polémicas normas aprobadas en el Poder Legislativo, entre ellas la ley impunidad (conocida también como la Ley Soto) y la norma que limita la colaboración eficaz.

Fuentes de este Diario refirieron que Diana Portal Farfán, adjunta para los Derechos de la Mujer, continuará en el cargo, pero con un nuevo contrato, donde dejó ser CAS.

Portal Farfán sucedió a Carolina Garcés Peralta en la referida adjuntía en junio último.

Garcés Peralta fue la primera adjunta en dimitir tras el ingreso de Gutiérrez Cóndor, al no compartir su postura respecto al Caso Camila y a su intención de cambiar el nombre de esa área por la de los derechos de la familia.

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El ex defensor del Pueblo Eduardo Vega Luna refirió que “terminó la etapa de destrucción” de la institución.

“En menos de un año [Josué] Gutiérrez destruyó lo que se construyó en 27 años de trabajo constante en favor de la institucionalidad democrática y la defensa de los derechos ciudadanos”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

En comunicación con El Comercio, el también ex defensor del Pueblo Walter Albán refirió que las salidas de casi todos los adjuntos que heredó la administración de Gutiérrez Cóndor son “una señal muy clara que, por el momento, la institución ha sido anulada”.

Agregó que solo “era cuestión de tiempo” para que los pocos funcionarios de carrera que aún quedan en la entidad se aparten de esta.

“Hay que recordar que, en el 2021, durante la campaña de ese año, uno de los objetivos del programa de Perú Libre eran desaparecer la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. Ahí han encontrado un punto de negociación en el Congreso entre Perú Libre y los sectores más conservadores, empezando por el fujimorismo. Han capturado estas instituciones”, remarcó Albán.

Más información

Antes de renunciar, Luque, desde su adjuntía, emitió un nuevo informe que dio cuenta que existen 215 conflictos sociales. De estos, 168 están activos y 47 latentes. El documento, además, indica que la mayor cantidad de conflictos sociales que se desarrollan en una sola región se ubican en Loreto, con 29 casos.

Además…

Contraloría apunta a Gutiérrez por contratación irregular

La Contraloría General de la República, a través del informe N°019-2023-2-0680-SCE, advirtió que Karina Yomar Pérez Salazar, quien fue militante de Alianza para el Progreso (APP), fue contratada como jefa de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano de la Defensoría del Pueblo, luego de que el titular de esta institución, Josué Gutiérrez Cóndor, enviará su currículo documentando a la oficina a cargo de la evaluación.

En el documento, el órgano de control remarcó que Pérez Salazar no cumplía con los requisitos para el referido puesto, como el tener dos años de experiencia específica en la función o dos años en puestos o cargos directivos similares. A pesar de ello, el 31 de mayo último se concretó su designación a través de una resolución.

En ese sentido, el informe señaló que la ex militante de APP “aceptó indebidamente” el cargo de jefa de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano de la Defensoría del Pueblo.

La contraloría, que dirige Nelson Shack, recomendó al despacho del defensor del Pueblo realizar acciones con el objetivo de que “el órgano competente efectúe” el deslinde de las responsabilidades que correspondan de los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos observados.

También indicó que habría presuntas responsabilidades administrativas y penales de parte de Pérez Salazar y de José Antonio Flores Centurión, jefe del Área de Remuneraciones y Beneficios de la Defensoría del Pueblo. Él evaluó el perfil de la recomendada por Gutiérrez Cóndor.