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Esta semana, el presidente Pedro Castillo fue señalado de manera pública por la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López Arredondo, como la persona que manejaría una organización criminal que entregaba obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y otras entidades del Estado a cambio de beneficios.
“Corroboro y ratifico que es así, que el presidente maneja esa organización y la maneja con su exministro [Juan Silva] y de la mano de sus sobrinos”, dijo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.
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Así, la empresaria reafirmó lo que había señalado en el proceso especial de colaboración que sigue ante la Fiscalía de Lavado de Activos, y como investigada ante la Fiscalía Anticorrupción que desde finales del 2021, persigue los presuntos actos de corrupción cometidos por personas vinculadas al actual gobierno.
Contra Pedro Castillo se abrieron dos investigaciones en la Fiscalía de la Nación el pasado 4 de enero del 2022, por su presunta participación en los ascensos de las Fuerzas Armadas y las gestiones en los casos Petro-Perú y Puente Tarata.
No obstante -en ambos casos- la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió que la investigación contra el presidente en ejercicio quede suspendida hasta que Castillo Terrones culmine su mandato.
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Desde entonces, las informaciones y declaraciones se han ido incrementando, así como las versiones que se han dado ante la fiscalía y que una vez más, apuntan al jefe de Estado.
Por ello, la situación del presidente de la República, Pedro Castillo, podría cambiar. Fuentes del Ministerio Público han confirmado a El Comercio que el fiscal supremo Pablo Sánchez, a cargo de Fiscalía de la Nación, se encuentra evaluando la posibilidad de reabrir los casos en contra del mandatario en ejercicio.
¿Es posible reabrir la investigación?
El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, el abogado especialista en temas contra la corrupción, Andy Carrión, y el abogado penalista Mario Amoretti, coincidieron en que sí es posible reabrir las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo, aún cuando se encuentre en funciones.
Antonio Maldonado consideró que tras las declaraciones de Karelim López en el Congreso, existen elementos para que la Fiscalía de la Nación reabra la investigación contra el presidente Castillo y también se investigue al primer ministro, Aníbal Torres.
“La respuesta es afirmativa. Las versiones que está vertiendo la señora Karelim López, son de suma gravedad. No ocurre todos los días que un ciudadano le diga a su presidente que está no solo involucrado, sino liderando una organización criminal y no todos los días un ciudadano sale a decir con contundencia, con fuerza, con presunción de verosimilitud que el presidente del Consejo de Ministros está involucrado en operaciones de impunidad y esto hay que investigarlo”, dijo.
Consideró que los elementos para que el jefe de Estado sea investigado sin que se suspendan las pesquisas en su contra, se presentaban incluso antes de la declaración de Karelim López.
“Yo creo incluso que antes de la declaración de la señora López, la fiscalía de la Nación tenía y tiene aún, los elementos normativos para revisar la decisión de su predecesora”, sostuvo.
“Yo veo que sí habría la posibilidad de que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, jurídicamente pueda revisar la decisión de su predecesora”
Antonio Maldonado Exprocurador anticorrupción
Maldonado explicó que el fiscal de la Nación encargado, Pablo Sánchez, puede darle un nuevo enfoque al artículo 117 de la Constitución. Así, se podría continuar con la investigación preliminar, la fase preparatoria y llegar hasta el control de la acusación, que es precisamente lo que impide el referido artículo de la Carta Magna.
Dicha interpretación -señaló- es “legítima y correcta” si se hace desde el enfoque de las obligaciones que se imponen al Estado Peruano en lucha contra la impunidad y prevención de graves delitos de corrupción a partir de La Convención de la Naciones Unidas (ONU) contra la Corrupción (Conferencia de Mérida, 2004) y la Convención Interamericana Contra la Corrupción de la OEA.
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Maldonado indicó que con base a esos dos instrumentos surge el deber del Estado de prevenir la corrupción y luchar contra la impunidad.
“De esto se derivan dos deberes. Uno, infraccionado por el presidente por su conducta y su involucramiento en el caso que conocemos Karelim López, las diversas denuncias, los sobrinos, etc. Es decir, el presidente de la República, teniendo sobre sí la responsabilidad de prevenir la corrupción ha sido el primero en incumplir ese deber”, indicó.
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El fiscal de la Nación encargado, Pablo Sánchez Velarde, podría reabrir investigación contra el presidente Pedro Castillo, indicaron especialistas. (Foto: Andina)
Del mismo modo, el especialista refirió que reabrir la investigación al presidente Castillo no crearía “inseguridad jurídica” por parte de la Fiscalía de la Nación.
“Bajo esa perspectiva, la revisión que hizo Zoraida Ávalos [como fiscal de la Nación] también habría generado inseguridad jurídica, porque movió el criterio institucional del Ministerio Público”, sostuvo.
Mira aquí la declaración completa de Karelim López ante el Congreso
Sumando elementos
Para el abogado Andy Carrión, el actual fiscal de la Nación Pablo Sánchez, tendría que reconsiderar el análisis constitucional que dejó la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para poder reabrir la investigación contra el presidente Pedro Castillo.
“Existe la posibilidad que Pablo Sánchez, sobre la carpeta ya existente pueda tomar otra decisión (...) se puede considerar que sí se le puede investigar preliminarmente pero no acusar”, indicó.
Ello, puede sustentarse en los avances de las investigaciones y alegando el peligro de no recabar a tiempo las pruebas podría reactivarse actos de investigación.
“Ahora, de lo que está pasando en los hechos, de que está acopiando y recopilando más hechos, más datos e, incluso, corroborando lo que ha manifestado Karelim López, puede aportar y decirse que no solo tenemos indicios; sino pruebas de lo que dijo, diligencias realizadas o más, eso podría motivar a que el fiscal Pablo Sánchez se pronuncie de manera distinta a lo que hizo en su oportunidad (Zoraida) Ávalos”, explicó.
No obstante, Carrión dijo que a su parecer, el camino sería abrir una nueva investigación en base a los informes que los fiscales provinciales puedan elevar a la Fiscalía de la Nación sobre nuevos hechos. Esto, no obstante, implicaría que las dos carpetas suspendidas queden como tal.
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El primer ministro Aníbal Torres fue señalado por Karelim López como la persona que le ofreció al exsecretario presidencial, Bruno Pacheco, salir del país. (Foto: archivo GEC)
Sobre la situación del primer ministro Aníbal Torres, el abogado consideró que sí puede ser investigado por la Fiscalía de la Nación tras las declaraciones de Karelim López.
Precisó que no es necesario tener un caso acabado o tener corroboradas todas las pruebas, ya que puede abrirse una investigación sujeta a la progresión de las pesquisas.
“Si a la fecha de la conversación (de Aníbal Torres), él (Bruno Pacheco) se encontraba en una investigación formal, entonces se puede hablar de encubrimiento y quizá también obstrucción a la justicia"
Andy Carrión Penalista
Avizora obstaculización
El abogado penalista Mario Amoretti Pachas, sostuvo que las versiones dadas por Karelim López, así como otros indicios que se vienen corroborando en las fiscalías son base para que se reabra la investigación contra el presidente Pedro Castillo. Sobre todo, agregó, porque ya hay elementos que muestran que se está tratando de ocultar a testigos o desaparecer pruebas.
“Considero que sí es posible reabrir la investigación desde el momento que el artículo 117 de la Constitución dice que el fiscal no podrá acusar, es cosa muy distinta a investigar”
Mario Amoretti Abogado penalista
El abogado penalista remarcó que ya cuando se abrió investigación contra Castillo Terrones se consideraba que habría indicios suficientes para que la fiscalía proceda con las indagaciones; no obstante se suspendieron -a su consideración- sin mayor fundamentación. Ahora, agregó, con los elementos que ya se han ido conociendo, se debe reabrir.
“Si en ese momento se le abre investigación con los primeros indicios, con mayor razón ahora hay indicios para que se reabra y se revalúe lo resuelto por la fiscal anterior y se disponga que continúe la investigación contra Castillo”, sentenció.
Amoretti sostuvo que las declaraciones de Lopez Arredondo sobre el ofrecimiento del gobierno para que Bruno Pacheco, abandone el país es una muestra que las pruebas pueden desaparecer si se espera a que Castillo culmine su gestión en cinco años.
“Seamos objetivos y claros. Si en estos momentos ya hay algunas versiones de los implicados que se está tratando de desaparecer a Pacheco, que se vaya fuera del país, que es un indicio de que tratan de obstaculizar y desaparecer pruebas; entonces, frente a ello, ¿qué pruebas se puede encontrar de aquí a cuatro años?”, cuestionó.
