Tras los resultados negativos que obtuvieron sus recursos en California (Estados Unidos), Alejandro Toledo regresó a la jurisdicción de la Corte de Columbia solicitando una moción de reconsideración a la resolución que le negó la suspensión de la ejecución de su extradición hacia el Perú.
El extraditable no presenta un nuevo argumento; por el contrario utiliza las 33 páginas de su recurso para argumentar por qué la jueza principal Beryl A. Howell se equivocó al momento de rechazar su pedido para que el Departamento de Estado de EE.UU., le otorgue un proceso para debatir su extradición en la etapa ejecutiva tal como se hizo en la instancia judicial.
Por ello, solicita que se le otorgue la reconsideración, se le brinde una audiencia para oralizar sus argumentos y se dicte una medida provisional de suspensión de su extradición.
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El recurso fue presentado a pocas horas de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de California rechazara una vez más su pedido para suspender su extradición a través de una reconsideración y que el Departamento de Estado de EE.UU. solicite nuevamente al juez Thomas S. Hixson la detención del expresidente para su encarcelamiento con fines de extradición.
Como se recuerda, el pasado 28 de marzo, Howell rechazó otro intento del expresidente para paralizar provisionalmente su extradición hacia nuestro país para que afronte judicialmente el Caso Interoceánica.
En sus argumento, la magistrada criticó duramente el hecho de que Toledo y su defensa particular estén buscando un “tribunal favorable” (forum shopping) y haciendo un abuso de su derechos como litigantes.
Ahora, en este nuevo pedido de reconsideración, el expresidente discrepa de dicha apreciación judicial asegurando que litigan “de buena fe” y asegura que su “moción de reconsideración” no tiene ninguna táctica abusiva o inapropiada.
En ese sentido, sostuvo que el Departamento de Estado -antes de ordenar su extradición el 23 de febrero del 2023- se negó a brindarle a Toledo o a su abogado la oportunidad de refutar los hechos y premisas en que se basa su decisión.
“Es imperativo que se le otorgue al doctor Toledo el proceso que le corresponde en el Departamento de Estado porque esa es la única parte del Gobierno de los EE. UU. a la que se le permite considerar que el doctor Toledo es víctima de una política política profundamente defectuosa e injusta.”
Alejandro Toledo y sus abogados
Insistieron en que la etapa de su extradición en el Ejecutivo (Departamento de Estado de EE.UU.) debería haber sido analizada por separado al proceso que se siguió en el Poder Judicial, puesto que cada uno de los dos poderes es responsable de decidir diferentes asuntos en relación con la extradición, y cada uno tiene sus propios requisitos de debido proceso conforme a la Constitución de dicho país.
Específicamente, reiteraron, el Departamento de Estado no le reveló información a él ni a su abogado, se negó a reunirse con él o su abogado y se negó a brindarle a él o a su abogado la oportunidad de aprender y refutar cualquiera de los hechos o pruebas, puesto que -agregaron- la Cláusula del Debido Proceso requiere más en el proceso que sigue el Departamento de Estado cuando la libertad y/o la vida de un residente de EE. UU. están en juego.
Aseguraron que el procesamiento en el Perú es cuestionable ya que la “mala conducta de los fiscales es rampante” y el sistema de justicia penal se encuentra entre los peores del mundo, muy por debajo de países como China, Nigeria, Sudán e Irán. Por lo que si el expresidente es extraditado, estaría en detención preventiva prolongada, donde, dada su edad (78) y su delicada salud, podría morir sin siquiera ver el interior de una sala del tribunal.
Reiteraron argumentos como que Toledo es un “objetivo particularmente vulnerable” en el Perú debido a su política progresista, su presidencia innovadora y su etnia indígena. Y porque, “derrocó” la dictadura del expresidente Alberto Fujimori.
Por ello, cuestionó que el Gobierno de EE.UU. le reste importancia a la figura de Keiko Fujimori, pues asegura que esta sigue siendo “una poderosa figura política” de extrema derecha y que otros fujimoristas de extrema derecha siguen siendo poderosos, bien ubicados en el gobierno y “capaces de influir, manipular o corromper por completo un caso penal como este”.
También atacó aspectos de fondo de la extradición como la declaración del testigo Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en el Perú, y aseguró que nunca podrá confrontar a otro testigo como Josef Maiman, pues este falleció.
Por todo ello, Toledo Manrique y sus abogados aseguran que nunca recibirán el debido proceso o un juicio justo en Perú y, por esta razón, es imperativo que reciba el mínimo proceso constitucional que le corresponde según la Constitución antes de ser enviado a nuestro país.
“Por estas razones, el demandante solicita respetuosamente la reconsideración urgente de su moción de reparación preliminar y una audiencia y argumento oral de la presente moción”, requirieron.