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Cinco preguntas claves sobre la Corte IDH y sus competencias

¿Por qué el Estado Peruano está obligado a cumplir lo que dice el tribunal de San José? ¿Qué pasa si no lo acata? Esto y más, te lo explicamos

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El viernes 2, la Corte IDH realizó la audiencia de cumplimiento de sentencia de los casos Barrios Altos y La Cantuta. El tribunal analizó si el indulto dado al ex presidente Alberto Fujimori afecta lo que años atrás resolvieron. (Foto: AFP)

AFP

La resolución que emitió el viernes pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) —la cual pide al Congreso que archive el proceso de acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) —ha generado una ola de críticas de diferentes parlamentarios. 

Algunos, como el congresista Víctor Andrés García Belaunde, señalan que el Congreso es soberano y no debe de acatar lo resuelto por el tribunal de San José. Otros, por ejemplo, Héctor Becerril, dicen que es momento que el Estado Peruano renuncie al control del colegiado. 

¿Cuánto de ello es factible y qué consecuencias traerían? Líneas abajo te lo explicamos con cinco preguntas claves. 

1. ¿Por qué el Estado Peruano está obligado a cumplir las sentencias de la Corte IDH?
En julio de 1977, el Estado Peruano se adhirió de manera soberana y libre a la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) junto con otros países de América Latina. Y en 1981 aceptó la competencia de la Corte IDH. En su artículo 68, el tratado indica expresamente que los Estados integrantes se comprometen a cumplir lo que decida el tribunal. Además de ello, el artículo 55 de la Constitución Política del Perú señala que "los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional". 

El constitucionalista Domingo García Belaunde afirma que acatar lo que resuelva la corte no afecta la soberanía nacional, a razón de que el Estado Peruano firmó el Pacto de San José y aceptó sus condiciones. "Nos gusté o no sus sentencias, deben de ser cumplidas mientras formemos parte del tratado", sostiene el constitucionalista.

En el siguiente link: los países que integran el Pacto de San José

2. ¿Qué ocurre si el Estado Peruano no acata la resolución?
​La abogada Cristina Blanco, investigadora principal del IDEHPUCP, explica que la Corte IDH realiza un seguimiento permanente de las decisiones que toma y cada año eleva un informe a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre las sentencias que han sido cumplidas y las que no.

Blanco afirma que en el caso que un Estado incumpla una sentencia, deberá explicar las razones por las que no lo hizo ante la OEA, teniendo en cuenta la exposición pública que ello ocasionaría, lo que podría afectar el prestigio internacional del país.

La abogada, a su vez, indica que si bien las medidas coercitivas son muy leves en los casos de incumplimiento (la Corte no puede expulsar a los Estados en caso no acaten lo que resuelvan), existen medidas de presión internacional para que las resoluciones sean respetadas. 

"Cada vez más el respeto a los derechos humanos es un asunto central en los acuerdos internacional. Por ejemplo, la pretensión de Perú de incorporarse a la OCDE puede correr riesgo en caso incumpla una sentencia de la Corte", asegura Blanco. 

3. ¿Las resoluciones de la Corte pueden ser apeladas?
El artículo 67 del Pacto de San José sostiene que las decisiones de la Corte son definitivas e inapelables. Además, señala que la única medida posible frente a una resolución es un pedido de interpretación en el caso uno de los extremos no haya quedado claro (como anunció el lunes la Junta de Portavoces del Congreso que le pedirá al tribunal). 

El constitucionalista Samuel Abad sostiene que las leyes peruanas contemplan mecanismos que permiten supervisar el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH. Abad remarca que se puede solicitar a un juez que ordene la ejecución de lo sentenciado. No obstante, dice que aplicar esa medida sería un caso extremo. 

"La mejor salida siempre será acatar lo dispuesto por la Corte en el menor tiempo posible", declaró el constitucionalista. 

La abogada Cristina Blanco, en tanto, afirma que la decisión del tribunal de San José no puede ser apelada en otros tribunales de Derechos Humanos, por ejemplo, el europeo o al comité de Naciones Unidas. Ello, debido a que "son sistemas distintos e independientes que no mantienen una relación de jerarquía entre sí".   

​4. ¿Cómo es el proceso para salirse de la competencia de la Corte IDH?
El artículo 78 de la Convención Americana de DD.HH. dice que en el caso que un Estado decida denunciar (renunciar) al Pacto de San José, y con ello salir de la competencia de la Corte IDH, tiene que hacerlo con un plazo de anticipación de por lo menos un año. 

La solicitud es enviada al secretario general de la OEA y a partir de ese momento empieza a transcurrir el año para que entre en vigencia la renuncia. Sin embargo, la abogada Blanco subraya que aún la Corte IDH tendrá competencia sobre los hechos ocurridos con anterioridad.

"Supongamos que este mes Perú presenta la denuncia al Pacto de San José, recién en febrero del 2019 tendrá efecto. Todo lo que ocurra desde ese mes en adelante queda fuera de la competencia de la Corte. Pero todo lo que pasó antes sí puede ser tratado", dice Blanco. 

El constitucionalista García Belaunde refiere que renunciar al Pacto de San José "nos pondría al nivel de Venezuela". El país gobernado por Nicolás Maduro renunció a la Corte IDH en el 2012, sin embargo el colegiado aún puede pronunciarse sobre hechos anteriores. 

5. ¿Cuál es la diferencia entre la Corte IDH y la CIDH?
​La Corte IDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son dos órganos independientes que se complementan en el sistema interamericano de DD.HH. Mientras que la Corte IDH es un organismo jurisdiccional autónomo integrado por jueces, la CIDH la componen comisionados que no necesariamente son magistrados. Mientras que la primera emite sentencias, la segunda realiza informes, promueve y protege los DD.HH. en la región. 

"La CIDH dentro de su mandato de protección de los DD.HH. conoce todas las demandas que se presentan contra los Estados. De hecho, para que un caso llegue a la Corte IDH, primero debe de pasar por la CIDH para que sea evaluado", afirma la abogada Blanco. 

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