Congreso queda a un paso de inhabilitar a Betssy Chávez por el golpe de Estado: ¿qué falta para que la sanción se concrete?

Más de dos años y medio después del golpe de Estado que propinó Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que recomienda inhabilitar a la ex primera ministra Betssy Chávez para ejercer cargos públicos durante diez años.

La medida se sustenta en su participación en aquel episodio que desencadenó la caída del expresidente y la asunción de Dina Boluarte.

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La decisión fue adoptada con 17 votos a favor y cuatro en contra, y allana el camino para que el pleno del Congreso, la última instancia, se pronuncie sobre el futuro político de la ex jefa del Gabinete Ministerial.

Debido a que solo se opusieron congresistas de Juntos por el Perú, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático, se estima que Chávez sería inhabilitada por el pleno.

ASÍ FUE LA VOTACIÓN:

Acusación

El caso contra Chávez respondió a una denuncia presentada por la congresista Patricia Chirinos (Renovación Popular), que le atribuyó la presunta infracción de los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución.

Esos artículos disponen respetar y defender la Constitución, precisan que los funcionarios están al servicio de la Nación y recuerdan que el poder solo puede ejercerse dentro de los límites y responsabilidades que fija la ley.

El informe contra Chávez concluye que quebrantó dichos principios al respaldar la decisión de Castillo de cerrar el Congreso y reorganizar el sistema de justicia.

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (Alianza para el Progreso), sustentó el informe ante la Comisión Permanente. En su exposición subrayó que la conducta de Chávez no fue pasiva ni marginal, sino que mostró una “activa participación” en la ejecución de acciones previas y posteriores al mensaje golpista de Castillo.

El congresista delegado del caso fue Jorge Montoya (Honor y Democracia).

El informe fue aprobado previamente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, encargada de evaluar las denuncias presentadas contra altos funcionarios.

Debate encendido

El abogado Raúl Noblecilla, defensor legal de Chávez, acudió a la sesión de la Comisión Permanente para ejercer la defensa de su patrocinada. Desde el inicio negó el golpe de Estado de Castillo y denunció una supuesta “instrumentalización política de la justicia”.

En un encendido alegato político, Noblecilla llegó a afirmar: “Sí hubo un golpe, sí hubo una conspiración, pero en contra del presidente Castillo”.

El abogado se enfrascó en un intercambio de palabras con Lady Camones, y fue conminado a respetar las reglas parlamentarias. Antes de su exposición, precisó que Chávez se encuentra en Tacna.

Desde la izquierda, el congresista Víctor Cutipa (Juntos por el Perú) cuestionó los fines de la denuncia y sostuvo que la verdadera intención del Congreso es bloquear una eventual candidatura de Chávez en las elecciones de 2026.

“Lo que se pretende es sacarla de carrera electoral, seamos sinceros. Ese es el tema de fondo”, señaló.

En tanto, la legisladora Patricia Juárez (Fuerza Popular) señaló que no se podía minimizar la participación de la ex primera ministra en un hecho tan grave como el golpe de Estado.

“Esperábamos una defensa técnica, pero lo que hemos visto es una proclama política. Todos sabemos que se siguió un procedimiento y Castillo fue vacado constitucionalmente por el Congreso. La señora Betssy Chávez organizó, se quedó, acompañó. Participó hasta el final y activamente. La verdad no se puede ocultar”, dijo.

Por su parte, Gladys Echaíz (Honor y Democracia) recalcó que Chávez violó su rol como parlamentaria y ministra al avalar la ruptura del orden constitucional. “Lo que hubo fue un intento de golpe que fracasó. En el caso de Betssy Chávez, ella apoyó una decisión de cerrar el Congreso, siendo congresista y representante del pueblo”, sostuvo.

Proceso

La Comisión Permanente designó a Lady Camones y Jorge Montoya como miembros de la subcomisión acusadora. Ambos sustentarán ante el pleno la propuesta de inhabilitar a la ex jefa del Gabinete Ministerial.

El Consejo Directivo del Congreso fijará la fecha y reglas del debate en el pleno. Este órgano suele priorizar las acusaciones constitucionales aprobadas en la Comisión Permanente.

Chávez podrá defenderse personalmente o mediante su abogado, con un tiempo máximo de 20 minutos.Luego, los congresistas discutirán y valorarán los argumentos.

Para aprobar la inhabilitación se requiere al menos 66 votos. Los integrantes de la Comisión Permanente no participan en esta votación.

Si se aprueba la sanción, la inhabilitación surte efecto de inmediato. Además, el acuerdo queda plasmado en una resolución del Congreso y se remite a la Fiscalía de la Nación.

A nivel judicial

En paralelo al proceso político, Chávez enfrenta un juicio oral por el presunto delito de rebelión, al que se sumaría la imputación de conspiración para la rebelión.

El Ministerio Público solicita 25 años de prisión para la ex primera ministra, en un caso que también incluye a Pedro Castillo y otros exministros.

En la acusación fiscal, se sostiene que Chávez no solo fue testigo de los planes de Castillo, sino que participó en reuniones previas y coordinaciones destinadas a cerrar el Congreso.

El eventual desenlace de este juicio penal podría terminar en una condena de cárcel efectiva, independiente de la sanción política que determine el Congreso.

Desde que asumió como ministra de Cultura y luego como jefa del Gabinete, Chávez fue uno de los rostros más visibles del gobierno de Castillo.

A inicios de setiembre, Chávez dejó el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde permanecía bajo prisión preventiva desde 2023. Recuperó la libertad gracias a un fallo del Tribunal Constitucional, que consideró ilegal la prórroga de la medida dictada en diciembre de 2024, al haberse emitido fuera de plazo.

La ex primera ministra cuenta con impedimento de salida del país por 10 meses. Además, la fiscalía ha solicitado la ampliación de sus reglas de conducta.

Contra Martín Vizcarra

La Comisión Permanente también aprobó el informe final de la subcomisión que recomienda acusar al expresidente Martín Vizcarra por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y nombramiento ilegal. Esto por la designación presuntamente irregular del abogado Daniel Soria como procurador general del Estado en el 2020.

La decisión se tomó con 15 votos a favor, tres en contra y una abstención.

La medida responde a una denuncia presentada en noviembre del 2023 por la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides, y también incluyó a la exministra de Justicia Ana Teresa Revilla.

Según el informe aprobado, Vizcarra habría intervenido de manera indebida en la designación de Soria, pese a que este no cumplía con los requisitos legales exigidos para el cargo.

El presidente del Congreso, José Jerí (Somos Perú), informó que el exmandatario fue notificado del proceso por diversas vías, pero no presentó descargos ni asistió a la sesión. Su inasistencia fue considerada injustificada, por lo que el trámite de acusación constitucional seguirá adelante.

Con la decisión adoptada por la Comisión Permanente, el caso pasará al pleno del Congreso, última y definitiva instancia.

Defensa de Revilla

Durante la sesión, la exministra Revilla intervino de manera virtual para rechazar los cargos en su contra. Argumentó que carecen de sustento legal y constitucional.

Revilla dijo que la trayectoria profesional de Soria demostraba que contaba con las credenciales necesarias para liderar la Procuraduría General.

“Las imputaciones en mi contra no tienen base constitucional ni legal”, afirmó, solicitando que la denuncia sea archivada.

Durante el debate, la congresista Echaíz advirtió que el caso contra Revilla está prescrito. La propia Camones reconoció que el plazo de antejuicio contra la exministra había vencido, dado que dejó el cargo el 13 de febrero del 2020.