Conforme a los criterios de
El caso de los denominados ‘mochasueldos’ -congresistas acusados por recortar el sueldo a sus trabajadores- demuestra una correlación de fuerzas parlamentarias prestas a definir sanciones con puros criterios políticos. Así lo demuestra el análisis de las votaciones realizadas tanto en la Comisión de Ética, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en el mismo pleno del Congreso.
El Comercio identificó que suman 12 las votaciones donde se salvaron de sanciones a nueve de los 12 legisladores acusados. Peor aún, en siete de las votaciones detectadas, las fuerzas políticas votaron por salvar a los legisladores acusados pese a que existían informes técnicos que proponían las máximas sanciones posibles.
En la Comisión de Ética, las bancadas rechazaron la propuesta del equipo técnico para suspender a Magaly Ruiz, Rosio Torres y Heidy Juárez, y a cambio solo les pusieron una amonestación pública.
Lo mismo sucedió con el informe final que recomendaba suspender a Katy Ugarte, el cual pidieron volver a revisar -mediante una cuestión previa aprobada en el pleno del Parlamento- y se encuentra pendiente. Según fuentes de la Comisión de Ética, el equipo técnico reafirmará sus conclusiones y la recomendación para suspender a la legisladora por unos 30 días calendario.
Mientras que el Congreso ha blindado a estas cuatro congresistas, la Fiscalía de la Nación ha ido avanzando en sus procesos: denunciaron constitucionalmente a Ugarte, Torres y Juárez, mientras que han pedido el levantamiento del secreto de comunicaciones de Ruíz.
En la denuncia constitucional contra Ugarte, se incluye —además de los testimonios de los propios trabajadores— un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) donde se detalla las transferencias bancarias que recibió por parte de dos de los trabajadores de su despacho, por un total de S/ 35.000. También se detectaron otras transferencias que implicarían a la esposa de uno de los asesores, así como movimientos —vía Yape— por parte de otro trabajador de Ugarte en el Congreso, a favor de la hija de la legisladora.
Consultada al respecto, la congresista Ugarte aseguró que las transferencias fueron producto de “préstamos” personales de los trabajadores de su despacho, además de que acusó una “venganza política”.
En Ética solo quedan pendientes los casos de José Arriola (Acción Popular) y Edgar Tello (Bloque Magisterial). En el caso de Raúl Doroteo (Acción Popular), el último caso denunciado por el programa “Beto a Saber” de Willax Tv, el presidente del grupo, Diego Bazán, adelantó que este lunes 25 se vería el caso de oficio, debido a que -hasta el viernes pasado- no habían recibido ninguna denuncia contra el acciopopulista.
Todas las votaciones donde el Congreso salvó a los congresistas denunciados por mochasueldos de la máxima sanción.
Según el ex Oficial Mayor, José Cevasco, en el 20% de despachos congresales se da la ilegal práctica del recorte de sueldos.
—Cálculos (políticos)—
La única denuncia por recorte de sueldos que ha prosperado es la de María Cordero, a quien se aprobó suspenderla hasta que duren las investigaciones en su contra. Esto se logró tras una serie de críticas que recibió el Parlamento por una primera votación donde la salvaron. En el caso de Cordero, el blindaje que no rectificaron fue el de no inhabilitarla de la función pública.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es la otra instancia donde de investiga y se puede sancionar los casos de ‘mochasueldos’. Hasta el momento, han archivado las denuncias de Ruíz y Acuña, ambas de Alianza para el Progreso (APP), la bancada de la presidenta del grupo, Lady Camones.
Entre los casos pendientes están los de Torres, Juárez y Ugarte, quien están cerca de cumplir un año de demora desde que iniciaron trámite las denuncias en su contra. Respecto a la demora, la presidenta del grupo, Lady Camones, aseguró que viene “respetando el debido procedimiento”. “Mas que una demora, esos son los tiempos regulares del procedimiento, existiendo variables que escapan del control directo de la presidencia”, explicó a este Diario.
Sobre el último punto, Camones especificó que las partes denuncias solicitan reprogramaciones, las entidades demoran en entregar información, o los congresistas delegados demoran en emitir sus informes.
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En la subcomisión
Cuestión de plazos
El Reglamento del Congreso estipula los plazos para una denuncia constitucional, los cuales arrojan un total de 52 días hábiles que, en promedio (sin contar sábados ni domingos, ni feriados), pueden convertirse en tres meses.
Los casos pendientes en la subcomisión están por exceder cuatro veces ese tiempo, al cumplir 12 meses en espera.
Las fuentes consultadas indicaron que las demoras continuarán, por lo menos hasta julio, por la elección de la Mesa Directiva en julio. Cada voto cuenta y por eso la única sancionada es María Cordero, quien era no agrupada y cuya suspensión significa el ingreso de su accesitaria quien representa un voto adicional para Fuerza Popular. En tanto, los votos de APP, Podemos y Acción Popular (las bancadas con denunciados) son claves para el grupo de derecha.
“Entramos a una etapa de cálculo político donde todos dejan de atacarse hasta cuando se empiecen a conocer las listas para la Mesa Directiva y a negociar los votos para la elección”, coincidió Martin Cabrera, especialista en temas legislativos. Estamos lejos del Congreso del 2013, al cual le tomó solo 94 días desaforar a Michael Urtecho por apropiarse del sueldo de trabajadores.
Por Alejandro Rospigliosi, especialista parlamentario
Un blindaje legislativo repugnable
El político americano James Madison hace más de doscientos años, nos enseñó el concepto conocido en inglés como “checks and balances” como elemento fundamental de la separación de poderes, según el cual los diferentes poderes del Estado deben controlarse y equilibrarse entre sí en un sistema de pesos y contrapesos.
Con mayor razón, los poderes del Estado internamente deben autocontrolarse, desmarcarse y sancionar a sus integrantes, si cometen comportamientos indebidos. De no ser así, están arrasando poco a poco con el principio de legitimidad democrática, que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-politica.
Es por esta razón, que genera repugnancia el blindaje inaceptable hacia algunos Congresitas de la República que, abusando de su cargo, obligaron e indujeron a sus trabajadores a dar para sí un beneficio patrimonial, como lo es parte de su remuneración.
Este delito de concusión, desde hace muchos atrás se viene dando en el Poder Legislativo como un cáncer que debe ser exterminado por el propio Parlamento claro está, y también le compete esta responsabilidad al Contralor General de la República, al Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral del Ministerio de Trabajo y al Fiscal de la Nación que no están cumpliendo optimamente sus funciones, convirtiéndose indirectamente en cómplices de este despropósito, por omisión.
Es por esta razón, que la sentencia del Poder Judicial que condenó al excongresista Michael Urtecho a 22 años y 5 meses de prisión por el delito de concusión en agravio de cuatro de sus extrabajadoras así como por enriquecimiento ilícito en agravio del Estado, y ordena el pago de S/ 630.666,06 por concepto de reparación civil a favor del Estado, es un paso adelante en ese camino de profilaxis institucional.
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