Congreso aprueba ley que amnistía a militares y policías: ¿es constitucional esta medida?

La Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

La norma beneficiará específicamente a aquellos que no cuenten con una sentencia firme por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo en ese período, así como a los sentenciados mayores de 70 años.

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La medida fue aprobada el miércoles 9 de julio con 16 votos a favor y 11 en contra. Recibió el respaldo de congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Podemos, Avanza País y Honor y Democracia, mientras que las bancadas de izquierda votaron en contra.

ASÍ FUE LA VOTACIÓN:

Aún está pendiente que se resuelva un pedido de reconsideración a esa votación, presentado por los congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) y Alex Flores (Bancada Socialista).

La iniciativa tiene su origen en un proyecto de ley presentado en abril del año pasado por el congresista y almirante en retiro Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia.

La Comisión Permanente se pronunció en segunda votación al ejercer, durante el actual receso parlamentario, las funciones que corresponden al pleno del Congreso.

La primera votación del dictamen se resolvió el pasado 11 de junio con 61 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones.

Argumentos a favor

El presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), sustentó el dictamen ante la Comisión Permanente.

Rospigliosi argumentó que la amnistía responde a “una necesidad de justicia” y es una forma de saldar “una deuda moral que tiene el Estado con aquellos que derrotaron al terrorismo en las décadas de 1980 y 1990 e impidieron que el Perú cayera en manos de una sangrienta dictadura comunista”.

Según el legislador fujimorista, la norma permitirá corregir violaciones al derecho al plazo razonable para los procesos judiciales.

Rospigliosi recordó el caso de los marinos procesados por el motín de El Frontón, que data de 1986: “Se les ha reabierto nuevamente el juicio. [...] No puede ser que los procesos duren eternamente y que los militares, policías y miembros de autodefensa que derrotaron al terrorismo sean sometidos a la tortura de procesos interminables”, dijo. Afirmó, además, que hay más de mil personas en esa situación.

En la misma línea, Jorge Montoya, autor de la propuesta, defendió la ley como una respuesta al abuso que —sostuvo— se ha cometido durante décadas contra las fuerzas del orden.

“El abuso que se ha cometido a lo largo de 40 años sobre el personal militar y policial es inadmisible para una sociedad que se respete. Acá estuvimos en una lucha permanente por defender la democracia. Hubo excesos que ya han sido sentenciados y castigados, pero no hubo asesinatos sistemáticos. Los que quedan no tienen cómo acusarlos. Están buscando pruebas durante 30 años y no las encuentran”, dijo.

Montoya también criticó especialmente el caso El Frontón. “Lo abren cada vez que pueden. eso es inconcebible”, señaló.

Por último, dijo que “esta ley de amnistía permitirá vivir tranquilos el resto de vida que les queda a los que están siendo acusados”.

Posturas en contra

Desde el otro lado del espectro político, el congresista Alex Flores (Bancada Socialista) calificó la ley como “inconstitucional e ilegal”.

Flores señaló que se pretenda otorgar impunidad a policías y militares acusados de violaciones a los derechos humanos. “Muchas de estas investigaciones no avanzaron porque las Fuerzas Armadas y la Policía no cooperaron. Que no se haya avanzado no puede ser razón para el olvido de la muerte de peruanos”, dijo.

El legislador destacó que “gente inocente fue asesinada extrajudicialmente por malos miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”.

La congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) también expresó su rechazo, advirtiendo que con esta ley “se encubre y protege al mal funcionario de la Policía o del Ejército que ha cometido un delito”.

Luque alertó además que podría sentar un precedente peligroso: “Promueve impunidad porque permite abrir la puerta para que a futuro se presente lo mismo y no se responda, por ejemplo, por los 50 asesinatos del gobierno de Dina Boluarte”.

La legisladora calificó la norma como una “injusticia y un acto de inmoralidad” que atenta contra el derecho a la verdad de las víctimas.

En junio pasado, cuando la iniciativa fue aprobada en primera votación, el movimiento Amnistía Internacional señaló que esta vulnera y pone en riesgo el acceso a la justicia, la verdad y la reparación a miles de víctimas y sus familiares.

Críticas

Los abogados constitucionalistas Erick Urbina y Heber Joel Campos calificaron de inconstitucional la ley de amnistía.

Urbina precisó: “Sobre ello ya tenemos antecedentes, incluso en el caso peruano, en el que queda claro que no se puede dar amnistía a los acusados o investigados por cometer delitos contra la humanidad. Lo que se puede hacer, a posteriori, es el indulto”.

Agregó que lo que hace la amnistía es intervenir en el proceso para que no se declare culpable o inocente a una persona. “Y eso priva de justicia a los deudos de las víctimas”, señaló.

Urbina estimó que el Tribunal Constitucional declarará inconstitucional la ley cuando se interponga una acción de inconstitucionalidad. “Las víctimas también podrían acudir directamente al tribunal o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, añadió en diálogo con El Comercio.

En opinión de Urbina, la ley aprobada por el Congreso no sigue el camino adecuado para resarcir un problema: “Sí es cierto que hay militares que tienen 10 o hasta 15 años de juicio sin sentencia, y ello también es inconstitucional e inconvencional. La Corte también ha dicho que eso es un abuso, pero no puedes resarcir un error con otro error. No se puede dar una ley de amnistía a aquellos que están siendo investigados por cometer delitos contra la humanidad”, dijo.

En tanto, Campos calificó la propuesta como “groseramente inconstitucional”.

“La Constitución, que debe leerse en armonía con los tratados internacionales de derechos humanos, no permite las amnistías por violaciones a los derechos humanos. La Corte IDH así lo ha establecido en su jurisprudencia pacífica desde hace más de 20 años. Y así ha sido entendido en nuestra práctica constitucional desde entonces”, destacó en diálogo con El Comercio.

En su opinión, debido a que “se trata de una norma que carece, de manera flagrante, de asidero jurídico”, debería ser declarada inválida por el Tribunal Constitucional.

“En caso de no ser así, podría dar pie a una denuncia ante el sistema interamericano de derechos humanos. En dicho espacio es evidente que la Corte IDH se pronunciará en contra de esta medida”, sentenció.