Protestas en Puno dejaron 18 fallecidos el último lunes. (Foto: Juan Carlos CISNEROS / AFP)
Protestas en Puno dejaron 18 fallecidos el último lunes. (Foto: Juan Carlos CISNEROS / AFP)
/ JUAN CARLOS CISNEROS
Redacción EC

Congresistas de diversas bancadas presentaron por separados mociones donde plantean la creación de una comisión que investigue las muertes durante las en varias regiones del Perú, que ya han dejado más de 40 muertos.

En primer lugar Jorge Flores Ancachi (Acción Popular), cuya vivienda fue quemada en Puno el último lunes, planteó que el grupo de trabajo especial investigue los hechos ocurridos en esa región el 9 de enero, en un plazo de 90 días.

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Según la , la comisión debe ser presidida por la mandataria Dina Boluarte; el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola; ministros de Estado; congresistas de Puno; autoridades locales y dirigentes sociales.

En tanto, a través de la la legisladora Flor Pablo (No Agrupados) propuso que la comisión multipartidaria determine las “responsabilidades políticas, penales y administrativas” por las muertes acontecidas en las protestas sociales iniciadas en diciembre del 2022.

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Finalmente, el parlamentario Jorge Marticorena (Perú Bicentenario) tuvo una , precisando que la comisión deberá investigar las “causas de las muertes, detenidos y heridos, tanto de parte de los ciudadanos que haciendo uso de su derecho a la protesta salieron en movilización, como de los miembros de la Policía Nacional del Perú heridos en el cumplimiento de sus funciones”.

Cabe indicar que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso este martes iniciar investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte; el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola; y los ministro del Interior, Víctor Rojas; y de Defensa, Jorge Chávez.

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Asimismo, contra Pedro Ángulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, en su condición de extitular del Interior.

La investigación preliminar es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones de diciembre de 2022 y enero de 2023 en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

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Según datos difundidos por la Fiscalía, 39 personas han muerto en los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden desde el pasado 11 de diciembre, además de otros 7 civiles “por accidente de tránsito y hechos vinculados al bloqueo” de carreteras.

Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales a 2023 y la convocatoria de una asamblea constituyente.

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