El congresista Alfredo Pariona planteó que los ministros tengan título, posgrado y reconocida competencia en el sector respectivo como requisito para ejercer el cargo. (Foto: Agencia Andina)
El congresista Alfredo Pariona planteó que los ministros tengan título, posgrado y reconocida competencia en el sector respectivo como requisito para ejercer el cargo. (Foto: Agencia Andina)
Redacción EC

El congresista (No Agrupados) presentó un proyecto de reforma constitucional que propone que los tengan título, posgrado y reconocida competencia en el sector respectivo como requisito para ejercer el cargo.

Se trata de la , que plantea modificar los artículos 39, 99 y 124 de la Constitución Política, que precisan la jerarquía, requisitos y condiciones de las prerrogativas y beneficios de los titulares de las diferentes carteras.

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Asimismo, se propone que corresponderá a la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a los ministros por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones hasta por un año después de dejar el cargo.

También plantea que para ser ministro, además de contar “con título profesional, estudios de posgrado concluidos y reconocida competencia en el sector respectivo”, se debe haber cumplido 35 años de edad.

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“Ningún ministro de Estado percibe una remuneración igual ni superior a la que percibe el Presidente de la República, los senadores y los diputados; este criterio se aplica para cualquier ventaja económica, personal o de servicio de seguridad”, subraya.

En la exposición de motivos, Pariona cuestionó que no existan “exigencias de meritocracia ni experiencia profesional reconocida que genere en la población la confianza de que está eligiendo a un funcionario público con altas cualidades técnicas”.

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También dijo que llama la atención la contradicción que prevé el artículo 39 de la Constitución, pues coloca en el mismo nivel jerárquico de la función pública a los ministros con senadores y diputados, magistrados del Tribunal Constitucional y de la Junta Nacional de Justicia, jueces supremos, fiscales supremos y defensor del pueblo.

“Para este efecto, se ubica a los citados funcionarios en ‘igual categoría’. Esto configura una irregularidad, pues se equipara a los ministros, que son elegidos en virtud de ‘la confianza’, con funcionarios públicos que tienen legitimidad democrática o que fueron elegidos por concurso público de méritos”, subrayó.