¿Edmundo González Urrutia podrá jurar como presidente de Venezuela tras el reconocimiento de Estados Unidos?
Los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lima advirtieron que entre los proyectos de ley que está evaluando el Congreso se incluye uno que busca sancionar a jueces y fiscales, entre otros aspectos que debilitan la labor jurisdiccional que rechazan.
En un pronunciamiento de su sala plena, los jueces rechazan toda acción y disposición legal que pretenda “mellar la independencia del Poder Judicial y de los jueces y los debilite en el combate y lucha contra la delincuencia”.
LEE TAMBIÉN: Eduardo Salhuana sobre protestas contra Congreso: “Creo que no es momento de estar buscando responsables”
“Invocamos el respeto a los principios democráticos, como el de separación y división de poderes, que permiten la vigencia de un Estado Constitucional de Derecho y que la ciudadanía cuente con jueces independientes e imparciales”, señalan.
En su comunicado, también cuestionan que el Ejecutivo no haya observado las leyes 31571, 31989, 31990, 32104, 32017, 32054 y 32108 promulgadas por el Congreso y que han debilitado al Poder Judicial en su capacidad de luchar contra el crimen organizado.
La Corte Superior de Justicia de Lima se refirió así al proyecto que promueve Renovación Popular, entre otras iniciativas, para establecer sanciones disciplinarias y penales contra jueces y fiscales que dicten detención preliminar, prisión preventiva o sentencia condenatoria que luego sean revocadas por una instancia superior.
Adicionalmente, los legisladores proponen modificar el delito de prevaricato para sancionar con entre 10 y 15 años de inhabilitación a jueces que emitan resoluciones con “declaraciones o testimonios no corroborados”, algo que advierten implica sancionar criterio jurisdiccional.
Los jueces también señalan que hay otros 13 proyectos para modificar el Código Procesal Constitucional para eliminar procesos cautelares y la ejecución inmediata de sentencias cuando el Congreso. Esto es calificado como una violación de derecho de tutela judicial efectiva y desprotege, según señalan, los derechos fundamentales de las personas.
