

La Comisión Permanente del Congreso aprobó otorgar 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para investigar dos denuncias acumuladas contra la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
Por 19 votos a favor, 4 en contra y cero abstenciones, dicho órgano del Parlamento dio luz verde a la propuesta de la presidenta de la subcomisión, Lady Camones (Alianza para el Progreso).
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Se trata de las denuncias constitucionales 563 y 618 interpuestas por los congresistas Kira Alcarraz (Podemos Perú) y José Cueto (Honor y Democracia) contra Espinoza Valenzuela.
A Delia Espinoza se le acusa de presunta infracción de los artículos 45, 93, 139, (incisos 3 y 5), 158 y 159 (inciso 2) de la Constitución, así como por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato.
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Espinoza fue denunciada a raíz de una investigación iniciada por su despacho contra once congresistas que aprobaron un proyecto de ley que permite a legisladores militares y policías retirados cobrar remuneración y pensión.
La investigación comprende a los legisladores José Williams (Avanza País), Jorge Montoya (Honor y Democracia), Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso), José Cueto, Alfredo Azurín (Somos Perú), Hamlet Echevarría (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial), Américo Gonza (Perú Libre), Juan Carlos Lizarzaburu (Alianza para el Progreso), Lucinda Vásquez (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial), Patricia Juárez (Fuerza Popular) y Edwin Martínez (no agrupados).
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La indagación plantea que dichos parlamentarios habrían incurrido en el presunto delito de negociación incompatible, en perjuicio del Estado peruano.
El objetivo del plazo de 15 días hábiles otorgado a la SAC es para que realice las investigaciones correspondientes y emita su informe final respecto de las denuncias constitucionales declaradas procedentes.
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