El futuro de la JNJ y reformas electorales: ¿Cuál es la agenda pendiente del Congreso para el 2024?

En opinión de José Naupari, especialista en derecho parlamentario, las reformas a ser promovidas en este 2024 se centrarían en allanar el camino de cara a las elecciones 2026, un año sin duda importante pues no solo se realizarían los comicios generales sino también regionales y municipales.

“A nivel de lo que se refiere a reformas político-electorales, las reformas van a estar apuntadas a cerrar la competencia y tratar de asegurar o establecer mecanismos que permitan a los que están ahora mantenerse”, apuntó Naupari a El Comercio.

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Similar opinión tiene el constitucionalista Alejandro Rospigliosi; sin embargo, también apunta que sigue siendo complicado para el actual Legislativo reunir los 87 votos requeridos para hacer reformas constitucionales, sobre todo por la fragmentación de las 13 bancadas que persisten.

“Una cosa es lo que ellos quieran y otra lo que puedan, según los votos. Reformas constitucionales con 87 votos van a ser difíciles. No digo que sea imposible, pero es difícil. Pero leyes orgánicas para allanar el camino a las elecciones sí, se requieren 66 votos y esos sí los tienen”, apunta Rospigliosi.

Está pendiente de una segunda votación la fórmula que restituye el sistema bicameral en el Congreso luego de 30 años, tras una primera aprobación con 93 votos en noviembre pasado, cinco meses de haber estado en suspenso.

En el texto también se incluyó retomar la figura de la reelección indefinida de los parlamentarios, así como que los candidatos a la presidencia o vicepresidencias puedan postular a ser senador o diputado de forma simultánea, entre otros cambios.

La propuesta deberá ser ratificada en la siguiente legislatura ordinaria y, de aprobarse, no podría ser observada por el Ejecutivo y comenzaría su entrada en vigencia.

Ya sea en la nueva legislatura, prevista a iniciar todavía en marzo, o si se llega a reunir las 78 firmas para que se convoque a un pleno extraordinario entre enero y febrero, el Congreso debe definir próximamente el futuro de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Renovación Popular presentó en diciembre una moción para remover de forma inmediata a sus miembros titulares, por considerar que incurrieron en falta grave al suspender a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, luego de la Operación Valkiria V.

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La moción llegó a ser admitida a trámite y se citó a sus integrantes para el último día de la legislatura pasada. Sin embargo, pidieron una “plazo razonable” para preparar su defensa, lo que finalmente fue acogido por el presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), y se dejó en suspenso el tema.

“La intención es que esa moción prosiga su curso y se dé finalmente el debate que ha sido postergado por decisión de presidente del Congreso. Nosotros queremos que esa sesión se pueda dar, que podamos debatir el tema y finalmente decidir sobre si se debe o no remover a la JNJ”, dijo a este Diario hace unos días Alejandro Muñante, uno de los promotores de la moción.

También se tiene pendiente un informe de la Comisión de Justicia que proponía la remoción de los integrantes de la JNJ, y que no se discutió a raíz de una medida cautelar otorgada por el Poder Judicial.

Otro de los temas pendientes es la serie de normas que están en la agenda de las bancadas y que bien podrían tener un impacto directo en las reglas de juego para las siguientes elecciones del 2026.

En este grupo se encuentra, por ejemplo, la reforma constitucional para impedir que sentenciados por delitos graves como terrorismo, corrupción, homicidio —como es el caso de Antauro Humala, autor del ‘Andahuaylazo’— puedan postular, independientemente de la pena (efectiva o suspendida) y el tipo de rol (autor, cómplice o instigador). Y que el impedimento alcance incluso hasta diez años después de haber establecido la rehabilitación.

El tema promovido de forma multipartidaria intentó sacarse adelante y ser aprobado en el pleno el último día de la legislatura. Sin embargo, no se llegó a un consenso y pasó a un cuarto intermedio, por lo que este 2024 podría llegar a ser aprobado.

Además, a nivel de la Comisión de Constitución, presidida por Martha Moyano (Fuerza Popular), se mantiene la propuesta para eliminar a los movimientos regionales del sistema de organizaciones políticas vía reforma de la Carta Magna.

Los movimientos regionales se pronunciaron cuestionando esta fórmula y exhortaron a los partidos que integran el Congreso a ganar las elecciones “en la cancha” y “no mal utilizar las facultades legislativas para sacar del juego a la competencia”.

En contraposición, a nivel del grupo de trabajo se aprobó por mayoría la reelección inmediata de los alcaldes y los gobernadores, reforma que aún está pendiente de ser discutida a nivel del pleno y aprobada.

“Permitir la reelección significa devolverle al elector la posibilidad de hacer un control electoral sobre sus autoridades, sancionándolas o premiándolas con la renovación de dicho encargo, contribuyendo a la gobernabilidad y la profesionalización de la política”, se indicó en el texto aprobado.

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Por otro lado, este 19 de enero vence el plazo para que el Ejecutivo decida si promulga o, en su defecto, retorne al Congreso la ley aprobada a mediados de diciembre y que elimina el modelo de elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y que le condona una deuda de casi 112 millones a todos los partidos políticos. De retornar el tema al Parlamento, se deberá emitir un nuevo pronunciamiento.

También se tiene pendiente propuestas que tendrían efectos en la administración de justicia. Una de ellas es la que hace modificaciones a la figura de la colaboración eficaz, la cual si bien fue aprobada por insistencia por una abrumadora mayoría en el pleno, todavía tiene pendiente de resolverse una reconsideración.

La polémica norma —que había sido observada por el Ejecutivo y devuelta al Parlamento en julio— propone, entre otros puntos, fijar un plazo de ocho meses para que el representante del Ministerio Público pueda llevar a cabo todo el proceso de colaboración eficaz “desde la solicitud hasta la celebración del acuerdo”, lo que podría afectar investigaciones claves que están en curso.

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Además de ello, a nivel de comisiones, también se tienen otros proyectos de ley polémicos como el del congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) que propone modificar el Código Penal a fin de que la difamación sea sancionada hasta con cinco años de cárcel si se comete “por medio del libro, la prensa, redes sociales, sitios web de divulgación colectiva u otro medio de comunicación social”. El tema fue derivado a la Comisión de Justicia.

También se encuentra en este grupo la iniciativa que presentó el parlamentario Waldemar Cerrón (Perú Libre) con el que se busca modificar el Nuevo Código Procesal Constitucional para que los recursos de habeas corpus sean admitidos en cualquier distrito judicial. La medida podría llegar a beneficiar a su hermano, el prófugo exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón. El tema lo verá la Comisión de Constitución.

Como ya advirtió El Comercio, a nivel de comisiones también se tiene pendiente de revisión una serie de proyectos con los que se busca tener influencias en ocho instituciones del Estado, incluso las que conforman el sistema electoral: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

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Las propuestas de los parlamentarios van desde buscar recortar el mandato de las máximas autoridades de los organismos electorales hasta que el Congreso pueda elegir al Procurador General del Estado.

Además, también está pendiente la decisión que se adopte a nivel de la Comisión de Economía respecto a la sétima liberación de los fondos de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), que no llegó a alcanzar el consenso necesario el año pasado y que tuvo una férrea postura en contra por parte del Ejecutivo y otros organismos.