Fact checking del debate sobre la vacancia: las opiniones de los congresistas sometidas a la verificación de El Comercio

Unidad de Investigación

Después de una larga jornada que se prolongó por más de 11 horas, el pleno del Congreso rechazó la moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra. Para ello, desde las 11:30 a.m., los parlamentarios debatieron y sustentaron sus posturas, tras haber escuchado a la defensa legal del jefe del Estado. ¿Pero cuántas de esas opiniones han tenido un real sustento? Revisa este fact checking elaborado por El Comercio.

José Luna Morales (Podemos Perú)

“En el último día de gobernador regional de Moquegua, cuando estaba Vizcarra, se soltaron S/42 millones. Ese día salieron 42 para ICCGSA. El señor este [el ministro Carlos Estremadoyro] había sido mencionado por un colaborador eficaz, que le habían dado S/5 millones para el señor Vizcarra, que casualidad que después de dos años sale un audio que dice que es el cajero”.

Esta afirmación es falsa. Si bien es cierto que se pagaron millones por la construcción del Hospital Regional de Moquegua en el último día antes de que Martín Vizcarra culminara su periodo como gobernador regional, el monto exacto fue de S/41′869.086. Sobre la afirmación de que un colaborador eficaz reveló un pago de S/5 millones al ministro de Transportes, Carlos Estremadoyro, esa supuesta declaración no existe en la fiscalía.

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Omar Chehade (Alianza para el Progreso)

“Lo que se hace a través de la vacancia es un juicio político y, por supuesto que hay jurisprudencia internacional. ¿Qué pasó en el caso Clinton cuando le mintió a la nación por una mentira absolutamente sexual, que también está por investigarse en Palacio de Gobierno acá? ¿No [se] estuvo a punto -en un impeachment- de destituir al presidente Clinton?”

Esta afirmación es falsa. El presidente Vizcarra no será investigado por “una mentira absolutamente sexual”, sino por las presuntas irregularidades en las contrataciones al cantante Richard Cisneros en el Ejecutivo.

Por otro lado, el caso político peruano no es comparable al de Estados Unidos. En el país norteamericano, un presidente puede ser destituido -en un proceso de impeachment- por traición, cohecho y graves delitos o faltas, como la mentira. En cambio, en el artículo 117 de nuestra Constitución, se consideran como causales de destitución: traición, impedir las elecciones, disolver el Congreso sin los argumentos contemplados en la Carta Magna e impedir su reunión o funcionamiento, “o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

El constitucionalista Luciano López remarcó, además que, en nuestro país, mentir no es considerado un delito. “El caso Clinton tiene que ver con temas del deber del presidente de decir la verdad porque en el ordenamiento americano, el perjurio es un delito. Para nuestro ordenamiento, no lo es [...] Acá es una falta ética o, en un procedimiento, una conducta de obstrucción a la justicia”, explicó.

Lennin Checco (Frente Amplio)

“Hace unos días en mi región Apurímac también se inauguró un hospital, no fue necesaria la participación del presidente de la República para que este hospital se inaugure. Lo mismo digo ahora. No era necesario que el presidente vaya hasta La Libertad para inaugurar un hospital. Podía hacerlo un funcionario o ministro”

Esta afirmación es verdadera. En el artículo 118 de la Constitución, que especifica las atribuciones y obligaciones del presidente de la República, no se incluye la asistencia obligatoria del mandatario a las inauguraciones de obras o proyectos. La presencia del jefe del Estado es más un acto protocolar.

No obstante, el artículo 89-A del reglamento del Congreso tampoco señala la necesidad de contar con la presencia del presidente durante toda el debate de la moción de vacancia ni tampoco que este deba responder a las preguntas de los parlamentarios.

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Felipe Castillo (Podemos Perú)

“Hoy no solo vivimos una crisis de salud pública, sino una crisis política, que algún sector de la prensa nos ha querido responsabilizar de esta situación y crisis que vive el país. Hay que ser enfáticos y directos. Esta crisis política no la ha generado el Congreso, sino el entorno palaciego, con responsabilidad directa del presidente de la República, con audios que son lamentables”.

Esta afirmación es imprecisa. La crisis política se generó ante la posibilidad de una vacancia presidencial, tras la presentación de una moción por supuesta incapacidad moral de Martín Vizcarra ante el Congreso. Este pedido se dio tras la difusión de unos audios en el pleno del Parlamento en el que se escuchó a Vizcarra y a su personal más cercano hablar de las visitas del cantante Richard Cisneros a Palacio de Gobierno.

En los días posteriores ocurrió una serie de hechos que agravaron la estabilidad política del país, en plena pandemia por el COVID-19. Entre ellos, la llamada del presidente del Congreso, Manuel Merino, a las Fuerzas Armadas, y la difusión de nuevos audios con información sobre otras contrataciones del entorno del jefe del Estado.

Gino Costa (Partido Morado)

“De acá a diez meses cuando el presidente concluya su mandato, se sentará ante el Ministerio Público […] entonces podrá el Ministerio Público acusarlo ante la justicia, y tendrá que rendir cuentas por este y por otros hechos, pero no antes porque no lo manda la Constitución”

Esta afirmación es imprecisa. Es cierto que el presidente no puede ser acusado durante su mandato, pero para que sea procesado por el Ministerio Público al finalizar su periodo se requiere, primero, que el Congreso apruebe el levantamiento de su inmunidad, si es que la fiscalía ha contemplado que la conducta realizada ha sido un delito de función. Si el Parlamento niega el pedido, Vizcarra no podría ser acusado. El artículo 99 de la Constitución indica que esta norma se aplica hasta cinco años después del vencimiento de su mandato, luego de ello, no habría restricciones para que sea procesado. Es decir, no se necesitaría la mencionada autorización del Congreso.

“El Ministerio Público tiene que presentar una denuncia constitucional ante el Parlamento para que siga el proceso, que lo llamamos procedimiento de antejuicio. Si el Congreso autoriza, entonces los funcionarios están despojados de esa inmunidad completa”, señaló López.

Cabe precisar que esta es una inmunidad de acusación, pero no de investigación, por lo que durante los diez meses que aún tiene el presidente Vizcarra en el cargo, sí puede ser investigado por la fiscalía, pero no procesado.

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Carlos Mesía (Fuerza Popular)

“Cuando se habla de las causales de la vacancia se refiere a algunas que son de naturaleza objetiva como la muerte o haber salido del país, pero hay una eminentemente subjetiva que es precisamente esta, de incapacidad moral, que no es como se ha venido diciendo que tiene que ver con la salud mental, que el Congreso tendría que declarar. Acá no somos médicos, somos políticos. La incapacidad moral la declara el Congreso por causas absolutamente políticas”.

Esta afirmación es falsa. El artículo 113 de la Constitución, que se refiere a la vacancia presidencial, no específica que la causal de incapacidad moral permanente esté fundamentada en razones políticas. Al respecto, el último lunes, el Ejecutivo presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional precisamente para interpretar este extremo de la ley. El máximo ente constitucional admitió a trámite la demanda el jueves, pero todavía no se ha pronunciado sobre la interpretación de la causal.

Daniel Urresti (Podemos Perú)

“Nuestro mandatario carece de liderazgo al dejarse grabar por una persona de su entorno más cercano. Ha dejado muy mal a nuestra Policía y a nuestras Fuerzas Armadas, los ha dejado como ineptos, es decir, no han podido evitar que graben al presidente de la República”

Esta afirmación es imprecisa. La falta de protocolos de seguridad en Palacio de Gobierno ha sido cuestionada luego de que el presidente fuera grabado dentro de la casa de Pizarro. También se ha cuestionado su capacidad de selección de las personas de su círculo de confianza; sin embargo, los audios se realizaron sin su consentimiento. El jefe del Estado no se dejó grabar. Precisamente, durante su defensa ante el Parlamento, el mandatario dijo que fue “una grabación clandestina”.

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