Fiscales supremos no acuden a Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y envían a su abogado

Los cuatro fiscales supremos que fueron denunciados por varios congresistas, incluyendo a Delia Espinoza, por presuntamente no acatar la ley que otorga facultades de investigación preliminar a la policía no acudieron a la audiencia que se llevó a cabo este viernes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Al inicio de la sesión en este grupo de trabajo liderado por María Acuña (APP), se dio cuenta que los cuatro fiscales supremos implicados en esta acusación (Delia Espinoza, Juan Carlos Villena, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez), presentaron oficios en días previos para informar que no se presentarían y que, en su representación, estaría presente el abogado Samuel Abad.

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Recíbelo

LEE TAMBIÉN: Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declara procedente denuncia contra fiscal de la Nación, Delia Espinoza

Asimismo, se dio lectura de los artículos del Reglamento del Congreso que detallan que las audiencias sobre denuncias por presuntos delitos son reservadas, a menos que los involucrados estén de acuerdo con que la sesión sea pública.

“Estando que ninguno de los denunciados se encuentra presente y hayan manifestado su voluntad respecto a la publicidad de la audiencia (...) la presente audiencia se desarrollará de manera reservada”, explicó Acuña antes de pedir que se retiren todos menos los miembros de la subcomisión y las partes.

La acusación 528 fue presentada por los legisladores Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín contra los cuatro fiscales supremos como presuntos autores de los delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato y usurpación de funciones.

Esto por supuestamente haberse rehusado a cumplir con la Ley 32130, que otorga inconstitucionalmente la investigación preliminar a la Policía Nacional del Perú.

La Ley 32130 actualmente se encuentra impugnada en un proceso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por contravenir el artículo de la carta magna referido a que el Ministerio Público conduce la investigación desde el inicio.