Jorge Luis Salas Arenas, presidente del JNE. (Foto: Difusión)
Jorge Luis Salas Arenas, presidente del JNE. (Foto: Difusión)
Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones () emitió su opinión técnica ante la del Congreso para advertir que sería inviable modificar la Constitución para incluir a los titulares de los entes electorales en el artículo sobre juicio político.

En un , el JNE dijo que una de las iniciativas que cuestionan el proyecto de ley 4333/2022-CR que plantea reforma constitucional del artículo 99 para incorporar en sus alcances a los miembros del JNE, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al titular del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

El pleno del JNE señaló que someter a sus integrantes a juicio político implicaría que podrían ser acusados, procesados y sancionados por el Congreso por faltas seleccionadas con fines estrictamente políticos.

Esto “implicaría un grave riesgo a la independencia del Sistema Electoral”, ya que la Constitución garantiza la independencia del JNE a través de la separación absoluta del poder político del jurisdiccional.

“El Pleno del JNE precisa que su actuación es exclusivamente jurisdiccional, por lo que al no encontrarse definidas las infracciones a la norma fundamental, las autoridades políticas (congresistas) podrían sancionar a las autoridades electorales a partir de una valoración política y no jurídica”, manifestó el ente electoral.

También enviaron similar opinión técnica sobre otros cinco proyectos de ley similares que se encuentran actualmente en la Comisión de Constitución.

En su posición oficial, el JNE también advierte que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional pide incluir a autoridades electorales en procesos de antejuicio y juicio político, lo que sobrepasa la exhortación inicial que se hizo en el año 2003 por parte del propio TC y que solo aludía al antejuicio político.

Finalmente, resaltan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su sentencia del 30 de enero del 2023 señaló que “la garantía de independencia judicial de los tribunales electorales resulta indispensable dentro de un sistema democrático, por cuanto estas instituciones forman parte de la columna vertebral del sistema electoral”.